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Alfonso Navas A

/ por Academia de Centroamérica

Opinión: Cuando las entidades privadas y públicas delinquen: para qué un programa de “Compliance Penal”

Marzo 19, 2020 4:37 am

Opinión: Cuando las entidades privadas y públicas delinquen: para qué un programa de “Compliance Penal”

Nuestra cultura empresarial y corporativa enfrenta una tendencia particular. Estábamos acostumbrados a que por un delito sólo respondía penalmente a título personalísimo el empleado de la empresa privada o el funcionario de la institución pública, mientras que las entidades sólo asumían las consecuencias civiles o administrativas por los daños y perjuicios ocasionados por aquellos en el ejercicio de sus funciones. No obstante, la repercusión de los ilícitos realizados por medio de empresas es similar y, en ocasiones, de mayor alcance que aquellos producidos directamente por seres humanos; y ello no puede pasar desapercibido. El 11 de junio de 2019 entró en vigor la Ley n°. 9699 de “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y Otros Delitos”.

En este momento las empresas privadas en sí mismas, ya no sólo sus empleados en tanto personas físicas, pueden cometer delitos en el ámbito de sus relaciones con el Estado. Se trata de puntuales hechos ilícitos que van unidos en su mayoría a actos corruptos de funcionarios públicos: enriquecimiento ilícito, entrega de dádivas a funcionarios, tráfico de influencias, pago irregular de contratos administrativos, peculado, malversación de fondos, legislación o administración en provecho propio, sobreprecio irregular y fraude de ley, entre otros más. ¿Las sanciones penales? Desde una multa hasta la disolución de la empresa, pasando por la pérdida de beneficios, inhabilitación para participar en concursos o licitaciones públicas, y la cancelación total o parcial de permisos para el ejercicio de su actividad.

También las empresas públicas e instituciones autónomas pueden ahora cometer delitos, pero en un contexto mucho más reducido por imperativo legal: el soborno transnacional.

Aunque parezca obvio que toda empresa debe actuar –y debía actuar incluso antes de la vigencia de aquella Ley– siempre conforme a la legalidad y cumplir con las mejores prácticas indistintamente de la naturaleza privada o pública de su actividad, existen múltiples factores que promueven en algunos casos una cultura corporativa o funcionarial dirigida a la obtención de beneficios contrarios a la ley. De ahí que la Ley n°. 9699 promueve lo que denomina un “Modelo de Organización, Prevención de Delitos, Gestión y Control”, facultativo para la empresa privada y obligatorio para la entidad pública. Esto es, un programa de Cumplimiento Penal o, en la expresión al uso, “Compliance Penal”.

La relevancia de estos programas para las entidades públicas va más allá de prevenir una responsabilidad penal por sobornos transnacionales. El “Compliance Penal” exige identificar y gestionar los riesgos internos y externos de carácter delictivo propios de la actividad institucional que puedan razonablemente anticiparse. Es un mecanismo de prevención y detección de los delitos que sí pueden cometer tanto las empresas privadas como quienes actúan en su nombre –por lo general con participación de funcionarios públicos– en sus relaciones con el Estado y con evidente daño para éste y la ciudadanía.

Estos programas de Cumplimiento Penal, que deben individualizarse para cada entidad, comprenden controles efectivos y eficaces dentro de la organización, selección de personal, condiciones laborales, canales de denuncia interna sin temor a represalias contra el denunciante, atribución de responsabilidades según cada cargo, códigos de ética, gestión de conflictos de intereses en el ejercicio de las funciones, protección de datos, administración y organización de documentos, sistemas de información, procesos de toma de decisiones, cultura organizativa de cumplimiento, debida diligencia de contratación de proveedores que analice como valor agregado los programas de cumplimiento normativo que estos posean, medidas antisoborno y anticorrupción, acciones correctivas en la operativa institucional, protocolos de investigación y procedimientos de comunicación con las autoridades, entre otros.

Por consiguiente, la conveniencia del “Compliance Penal” para las instituciones públicas se justifica en el interés público que representan, desarrollado a través del compromiso con la legalidad y las sanas prácticas de gobierno corporativo. Aun cuando estos programas de Cumplimiento no garanticen de modo absoluto la eliminación de todo riesgo penal para la organización, sí lo minimiza. En definitiva, sobre la alta dirección de las entidades públicas recae ahora, con mayor exigencia y sin más espera, un compromiso visible, consistente y sostenido en el tiempo de gestionar los riesgos penales que puedan aparecer en la actividad específica de su organización.

Dr. Alfonso Navas Aparicio
Abogado y Consultor
Especialista Certificado en Delitos Financieros

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