Setena: De otorgar permisos a salones de belleza a intentar dar el salto al Siglo XXI

(CRHoy.com).- Apenas hace 15 años, en el 2004, la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) era la entidad encargada de otorgar desde uno de los permisos necesarios para que los estilistas pudieran abrir un salón de belleza en sus casas, hasta realizar estudios de impacto ambiental de grandes obras de relevancia nacional.

Con el paso de los años la situación tramitológica no mejoró y hasta hace un mes ese tipo de gestiones risibles, como la construcción o remodelación de casas pequeñas menores a 60 metros cuadrados y hasta la construcción de tapias, actividades con poco o nulo impacto ambiental y con predominancia en zonas ya de por sí impactadas, constituían el 54% de los expedientes que debía revisar el personal de la Setena, ente adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Como todo en la vida, la masa de asuntos sin relevancia obstruyó las arterias de la institución y le dejó poco oxígeno en la sangre para dedicarse con potencia a los temas realmente importantes.

¿Qué cambió? Un informe de la Auditoría Interna del Minae confirmó lo que el sector productivo del país tenía años de señalar: que el paciente, la Setena, estaba a punto de infartar en medio de procesos y trámites enmarañados que se convertían en uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo de la actividad productiva. A raíz de ese informe, el actual Gobierno echó a andar un plan de emergencia para eliminar las trabas.

La secretaria técnica de la Setena, Cynthia Barzuna, aseguró que desde julio pasado, cuando el plan entró en ejecución, el 54% de los casos, ese colesterol malo conformado por temas poco relevantes, se está evacuando del organismo de la institución a través de su plataforma electrónica.

El resultado, afirma, es instantáneo. El permiso que antes tardaba hasta 60 días en llegar a las manos del solicitante desde que se llenaba el formulario D-2, hoy se puede obtener de inmediato y llega al correo electrónico del interesado. No más filas de peluqueros y estilistas en las oficinas públicas a la espera de poder abrir sus emprendimientos.

"Ahí es donde queremos enfocar todas nuestras energías, entre lo de mediano y alto impacto ambiental, porque esas sí son obras que tienen efectos acumulativos, y que en el tiempo generan una serie de circunstancias que tenemos que tomar en consideración. Por ahí viene la visión de Setena para que no se vea como una traba para el desarrollo del país, como se le ha llamado muchas veces, sino como un aliado para el desarrollo sostenible", destacó Barzuna.

Aunque la rehabilitación continúa, la Setena ya se mueve con más holgura. Su secretaria técnica comentó que el cambio de reglamentos, normas y procesos permitirá que la Secretaría disponga de la mayoría de su personal para sacar la tarea con el otro 46% de los expedientes, esos que sí importan e impactan la vida del país: carreteras, puentes, grandes obras habitacionales y turísticas, entre otras de relevancia.

"Cuando se hace el análisis del costo-beneficio y el tiempo que utiliza el Estado para hacer una revisión de algo que no tiene un impacto ambiental significativo, realmente lo que hace es entrabar a la institución en una revisión de proyectos que no ameritan una rigurosidad tal (…). Era importante dejar las reglas del juego claras mediante reglamentación que fuera de aplicación general, que se publica en La Gaceta y que lleva una rigurosidad legal suficiente para aclarar las dudas que pueda tener la gente en cuanto al uso de la institución y qué cosas pasan y cuáles no pasan por Setena", indicó Barzuna cuando se le pidió evaluar el cambio.

Al hacer balance, la jerarca afirma que había un elemento en la base de la Setena que complicó su gestión: el personal no entendía al principio si su labor era la de proteger el ambiente, o de armonizar los procesos productivos con el ambiente, lo cual es distinto y es lo que conduce ahora la labor que allí se hace.

Ahora la institución pretende seguir atacando el anquilosamiento y a partir de junio del año entrante activará un plan para eliminar los trámites con documentos físicos y que todo se haga a través de sus plataformas digitales.

Así, dijo la secretaria técnica ambiental, el personal podrá contar con herramientas que le permitirán una mejor trazabilidad de los expedientes y le facilitará a terceros el acceso a la información de los proyectos y las resoluciones que se dicten.

También se trabaja en la Bitácora Digital Ambiental que reducirá el tiempo de la evaluación de los casos y le permitirá al personal dedicarse más a la fiscalización. Se trata de desgastarse menos en el proceso de revisión para enfocarse en verificar en el campo lo que declaran los dueños de los proyectos.

Setena además planea insertarse en la Ventanilla Única de Inversión (VUI) que lidera la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para simplificar trámites y lograr la mejora regulatoria para simplificarle las cosas a las empresas que decidan invertir en Costa Rica.

El personal elabora una base de datos y de información que permitiría a la entidad contar con un sistema para mapear todos los proyectos que llegan para su aval y determinar si afectarían el recurso hídrico, posos, zonas de retiro y zonas ambientalmente frágiles.

"Le puedo decir que al día de hoy estamos cumpliendo con todos los plazos de ley. Necesitamos una institución sólida, segura de lo que está haciendo, necesitamos empoderar a nuestros funcionarios quienes durante muchos años solo han escuchado que son el cuello de botella del desarrollo de este país. Nuestro enfoque es atender la nueva demanda del país con miras al crecimiento que se ha dado en la zona urbana y rural", recalcó la abogada especialista en Derecho Ambiental y Urbanístico.

El grueso de los casos que estudia Setena tiene que ver con permisos ambientales para la construcción, que acabaran un 80% de su trabajo y aquellos que tienen que ver con las escuelas públicas, que constituyen un 10% de su acervo de trabajo. La fracción restante se concentra en casos relacionados con el desarrollo de proyectos turísticos, agropecuarios y mineros.