Fiscalía desmiente a Coopesalud: Niega manipulación de datos y filtración de información
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) desmintió que el caso Barrenador —el escándalo de supuesta corrupción en la adjudicación de diez áreas de salud a varias cooperativas— se haya basado en datos contables manipulados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Coopesalud R. L., cooperativa administradora de varios Ebáis, realizó una conferencia de prensa y emitió un comunicado este martes bajo esa premisa. Según esa entidad, existía un documento que correspondía a un estudio de razonabilidad del área de costos.
Sin embargo, según la FAPTA, la información presentada por Coopesalud corresponde a un borrador y, de acuerdo con la Ley de Contratación Pública, toda documentación incorporada al Sistema de Compras Públicas (SICOP) dentro de un proceso de licitación debe consistir en informes finales.
Por ello, un borrador que omita variables exigidas en el pliego de condiciones —como mano de obra, materiales y suministros, o gastos indirectos, entre otras— no cumple con lo establecido por la ley.
El Ministerio Público aseguró que la investigación penal del caso conocido como Barrenador no se basa en manipulación de datos contables de la CCSS.
Prueba de ello es que, según la Fiscalía, no existe ningún informe pericial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que concluya que hubo manipulación de tablas contables por parte del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS en perjuicio de las cooperativas.
Tampoco el estudio del Área de Contabilidad de Costos ha sido desacreditado por ningún informe forense ni por dictámenes de carácter privado. Por el contrario, ha sido validado por las áreas correspondientes de la Contraloría General de la República.
La FAPTA también aclaró que, en este momento, la causa continúa en investigación con prueba sólida que respalda la posible comisión de delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública, mientras el OIJ mantiene el análisis de evidencia relevante.
"El grado de avance de la investigación ha permitido incorporar elementos de prueba que fortalecen la misma, lo cual llevó a que recientemente se prorrogara las medidas cautelares ordenadas contra las personas imputadas", indicó el Ministerio Público.
Adicionalmente, la Fiscalía negó cualquier filtración de información privada del expediente, dado que el Código Procesal Penal lo prohíbe expresamente. Por el contrario, manifestó su preocupación de que una de las cooperativas esté revelando información que tiene carácter confidencial.
En este caso de supuesta corrupción figura la expresidenta ejecutiva Marta Esquivel —ahora candidata a diputada en primer lugar por Heredia—, junto con siete exdirectivos y funcionarios que, presuntamente, habrían aprovechado su cargo en la junta directiva para presionar a favor de la adjudicación de contratos a cooperativas encargadas de administrar 138 Ebáis, con un posible sobreprecio anual de ₡12.400 millones.