Justicia tiene 430 vacantes de policías penitenciarios sin nombrar
Informe de la Contraloría detectó riesgos en proceso de selección de los agentes que custodian cárceles del país
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que el Ministerio de Justicia no ha contratado las 430 plazas vacantes de la Policía Penitenciaria, pese a la importancia de estos oficiales para mantener el control en los centros penitenciarios del país.
Esta cifra equivale al 11 % de la planilla de ese cuerpo policial. A julio de 2025, el MJP contaba con un total de 4.803 plazas de personal policial, de las cuales el 89 % están en condición activa.
La falta de personal podría comprometer la capacidad operativa para garantizar la vigilancia en los centros penitenciarios existentes y futuros. La auditoría también identificó debilidades en los controles del proceso de reclutamiento y selección.
En una revisión de 50 expedientes de agentes nombrados entre abril de 2023 y diciembre de 2024, se detectaron varias anomalías.
Por ejemplo, en 29 de esos expedientes faltaba la documentación que respalda la evaluación de competencias esenciales, como habilidades interpersonales, capacidad para acatar órdenes, trabajo bajo presión, comunicación y colaboración en equipo.
Además, la publicación de ofertas se realiza únicamente a través de la página web del Ministerio y no establece plazos definidos para las distintas fases del proceso, lo que dificulta la planificación de la incorporación de personal y la medición de su desempeño.
También se constató que 419 agentes fueron nombrados entre 2023 y 2024 en procesos sin controles basados en análisis de riesgos, pese a que existen tres ejercicios de valoración de riesgos separados y desarticulados.
Otros hallazgos incluyen la falta de autorización expresa de los oferentes para el manejo de sus datos personales y que el formulario diseñado para evaluar el desempeño durante el período de prueba no contempla la verificación del cumplimiento de las funciones propias del cargo.
Adicionalmente, los manuales de clases y de cargos de la policía penitenciaria están desactualizados desde 2016 y no reflejan la formalización ni la definición de competencias transversales y ocupacionales según el nivel de dominio requerido por la Dirección General de Servicio Civil.
Otro problema relevante son las serias deficiencias en la gestión de riesgos en el reclutamiento y selección de personal policial. Los controles actuales no se basan en una valoración específica, lo que deja vulnerables las actividades esenciales del Departamento de Recursos Humanos.
Aunque los policías penitenciarios representan el 57 % del personal y consumen el 34 % del presupuesto institucional —unos ₡70.096 millones—, no existe un análisis integral que considere riesgos operativos, legales, de integridad o de corrupción.
Valoraciones previas, como el SEVRI 2025, se centraron únicamente en riesgos normativos, humanos, financieros y de suministros, ignorando amenazas críticas en la selección de personal.
La Contraloría ordenó al ministro de Justicia, Gerald Campos Valverde, establecer antes del 26 de enero mecanismos de control que garanticen que los procesos de reclutamiento y selección de policías penitenciarios cumplan con la Ley Marco de Empleo Público N.° 10159 y su Reglamento N.° 43952-PLAN, incluyendo la actualización de la normativa aplicable.