Magistrado: Independencia judicial no es un privilegio, sino una garantía democrática y escudo contra la corrupción
El magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Leiva Poveda, aseguró que la independencia judicial no es un privilegio, sino una garantía de la imparcialidad de la institución para mediar en los procesos judiciales.
Leiva conversó con CR Hoy sobre el papel del Poder Judicial en la preservación de la democracia costarricense, en el marco del Día de la Democracia Costarricense celebrado el viernes anterior, en un momento crucial debido al asedio político que enfrenta el país.
Según el alto juez, la independencia judicial no es un privilegio de la institución ni de sus miembros, sino un derecho fundamental y humano de cada ciudadano. Esta afirmación subraya la esencia de la labor judicial dentro del sistema democrático.
El magistrado Leiva enfatizó que la defensa de la democracia es una de las principales tareas del Poder Judicial, un compromiso histórico con la trayectoria democrática del país.
"La imparcialidad busca que nadie en el Estado le pueda decir al Poder Judicial que tiene que emitir una sentencia a favor de determinado poder privado o de determinado poder económico o determinado poder político. Eso es independencia judicial. Al principio le señalaba que esto es un un cerrojo de doble paso.
No solo el Poder Judicial tiene que ser independiente. Es que a lo interno hay una estructura que funciona distinto a como funciona, por ejemplo, el Poder Ejecutivo o como funciona en la empresa privada o como funciona en las instituciones descentralizadas donde el jefe le normalmente le da instrucciones al trabajador o a la trabajadora que trabaja con él de cómo se tiene que hacer el trabajo.
La independencia judicial es tan importante que no solo es un tema constitucional de división de poderes, sino que a lo interno del Poder Judicial hay un derecho fundamental, un derecho humano así reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por las salas de la Corte en el sentido de que no solo los jueces y juezas, las personas tienen derecho a jueces independientes.
Los magistrados no pueden darle órdenes los jueces de cómo tienen que resolver un asunto a favor de tal persona o de tal grupo de interés económico o de tal posición. Si se resuelve algo, pues existen procesos ya establecidos previamente para que se revise esa decisión.
Pero la independencia es un derecho de la gente de que ese árbitro, ese tribunal, cuando se resuelve un asunto por tres juzgadores o por una sola persona no está subordinada a los magistrados o a lo que le diga cualquier órgano, los jueces y las juezas en Costa Rica tenemos la suerte que por disposición clarita de la Constitución Política de forma expresa, se dice que están subordinados a las leyes", señaló el alto juez.
Leiva recalcó que, si bien los jueces son funcionarios que deben someterse administrativamente a la organización institucional, en el ejercicio de la toma de decisiones ante un conflicto "el juez es independiente".
Además, enfatizó que sí se revisan las decisiones y se identifican aspectos por mejorar, especialmente cuando se detecta que algunos procesos tardan demasiado. En esos casos, explicó que no intervienen en la decisión del juez, sino que modifican las reglas si son temas reglamentarios o solicitan a la Asamblea Legislativa que cambie las normas procesales.
Escudo contra la corrupción
La independencia judicial se manifiesta en la capacidad del Poder Judicial para tomar decisiones difíciles sin temor, incluso cuando estas no sean populares, según explicó Leiva. Esto incluye enfrentar al crimen organizado y la corrupción, considerados los peores enemigos de un Estado eficiente.
Esta independencia externa es vital para garantizar que el sistema democrático no colapse. El magistrado advirtió que, si las autoridades judiciales carecen de capacidad e imparcialidad, "ningún sistema democrático puede funcionar".
En un escenario donde la corrupción y el crimen organizado buscan infiltrarse, el Poder Judicial, junto con el Ejecutivo y el Legislativo, desempeña un papel de árbitro esencial.
"Podría haber una buena administración, podrían haber buenas leyes, pero si no tenemos buenos árbitros que atiendan adecuadamente los conflictos entre particulares o los conflictos entre particulares y los poderes públicos, el sistema no va a funcionar", sentenció.
Leiva reconoció que, como toda organización humana, siempre hay aspectos por mejorar. "Estamos abiertos a la crítica constructiva para mejorar", afirmó. Sin embargo, distinguió entre la crítica que busca fortalecer el sistema y aquella que pretende "únicamente deslegitimar el sistema democrático".
En este sentido, comparó la situación con un partido de fútbol: "Cuestionar al árbitro se vale; es parte del sistema democrático", sostuvo. Lo importante, añadió, es que la crítica sea constructiva y permita al Poder Judicial identificar áreas de mejora o solicitar a la Asamblea Legislativa ajustes legales.
Presidente de la Corte
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, también emitió un pronunciamiento en el que destacó que el Poder Judicial es el dique que contiene la arbitrariedad y el custodio de la separación de poderes, dado que incluso tramita casos donde el propio Estado es señalado.
"Defender la democracia hoy exige humanizar la justicia y mantener su solidez jurídica. Significa colocar a la institución al lado de la gente, derribando las barreras que nos hacen ver distantes.
Defendemos la democracia cuando una sentencia se ajusta a derecho, cuando atendemos con empatía a una víctima, cuando la Defensa Pública garantiza una representación efectiva o cuando el OIJ investiga con rigor científico.
La democracia se defiende con reglas, con controles y con resultados tangibles para las personas. En ese camino, debemos hablar con una sola voz: la de un Poder Judicial que se moderniza, se fortalece y sirve con dignidad", señaló Aguirre.