11 imputados del megacaso Madre Patria volverán a la cárcel tras estar en arresto domiciliario
Jueces dieron razón a Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, que apeló liberación de involucrados en la investigación más grande por fraudes registrales en el país
Once imputados del caso Madre Patria, el más grande en la historia del país en fraudes registrales y legitimación de capitales, deberán regresar a prisión.
El Tribunal Penal de San José acogió una apelación de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) y ordenó el cese del arresto domiciliario que se había autorizado a estos sospechosos.
Estas personas estaban en prisión preventiva, pero el pasado 18 de julio el Juzgado Penal de San José, en lugar de ampliar esa medida cautelar, permitió una restricción más leve; por eso la Fiscalía impugnó.
"Ahora, el Tribunal dio la razón al recurso de la FAEDO, al considerar que, en su resolución, el Juzgado hizo una valoración incorrecta de los peligros procesales existentes en relación con estas personas y de las circunstancias particulares de cada imputado; además, rechazó las apelaciones presentadas por la defensa de los investigados", indicó el Ministerio Público.
La prisión preventiva se extenderá al menos hasta el 25 de diciembre; sin embargo, antes de esa fecha, la Fiscalía solicitará que se prorrogue más allá de dicho plazo. Los sospechosos fueron detenidos en junio del 2024.
Regresarán a la cárcel los hombres de apellidos Rojas Rojas, González Araya, Barrientos Campos, Venegas Marín, Fernández Gustavino, Pérez Barboza y Marín Ramírez; así como las mujeres de apellidos García Núñez, Jiménez Arias, González Pinto y Herrera Vega.
En el caso Madre Patria se investiga a una organización criminal vinculada con los presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.
Además de estas 11 personas, otros ocho imputados permanecían en prisión preventiva. Se trata de Chávez Arias, León Muñoz, Gómez González, Herrera González, Loaiza Bolandi, Prendas Matarrita, Barrientos Campos y Rodríguez Hidalgo.
Para imponer esta medida, el Tribunal a cargo consideró el riesgo de fuga, la magnitud del daño causado, la alta pena a imponer y la declaratoria de criminalidad organizada. Este megaoperativo del 2024 permitió desmantelar una red de fraudes registrales y legitimación de capitales
La mañana del 25 de junio, Costa Rica amaneció con la noticia del segundo operativo más grande en la historia del OIJ: se ejecutaron 54 allanamientos simultáneos con el fin de capturar a 42 personas vinculadas con los fraudes, corrupción y lavado de dinero.
Un total de 516 agentes tenían como objetivo desarticular a una organización criminal que, en apariencia, se dedicaba a arrebatar propiedades a adultos mayores y personas en el extranjero para apropiarse de ellas a nombre de testaferros y luego generar hasta $35 millones en ganancias.
Entre los imputados figuran extranjeros conocidos por la justicia internacional por estafar; abogados de alto perfil; funcionarios judiciales; miembros de la Policía de Tránsito y del Consejo de Transporte Público; testaferros; y dos cabecillas extranjeros de origen español.
Este caso hizo historia al convertirse en la primera causa penal —no relacionada con narcotráfico o legitimación de capitales— que se remitió a la Jurisdicción Especializada sobre Delincuencia Organizada (JEDO).
CR Hoy reveló meses atrásque, tras el trabajo del Organismo de Investigación Judicial, se logró el congelamiento de 237 cuentas bancarias con al menos ₡504 millones, tanto en moneda nacional como extranjera.
Incluyó cuentas bancarias, cuentas de ahorro y corrientes; certificados de depósito a plazo; planes de ahorro a la vista; y tarjetas de crédito. Muchas de ellas están directamente a nombre de los imputados; en otras figuran como autorizados; y varios bienes pertenecen a sociedades o figuras jurídicas vinculadas con las personas incluidas en el legajo de investigación.
La mayoría de cuentas (145) están abiertas desde años atrás en los bancos estatales del país. Precisamente, es en el Banco Nacional donde la supuesta red criminal tenía más cuentas: 79 en total.
Adicionalmente, 76 bienes financieros están bajo tutela de bancos privados, en su mayoría (50) en el BAC. Dieciséis productos financieros están en otras entidades como cooperativas y mutuales.