16 personas bajo un mismo techo: el rostro humano de los precarios

El precario Los Huevitos, un asentamiento informal ubicado cerca del aeropuerto Juan Santamaría, es hogar de Luz Marina Hernández, de 54 años, y 15 personas más que comparten la misma casa. Tres familias conviven en un espacio reducido, enfrentando día a día los retos del hacinamiento y la precariedad.

La primera familia está conformada por Luz Marina, su esposo y su hija de 30 años. La segunda incluye a otra hija de Luz Marina, su pareja y seis hijos. La tercera está integrada por el hijo de Luz Marina, su pareja, el papá de este hijo (ex pareja de Luz Marina), un niño y un sobrino.

De las 16 personas que viven bajo el mismo techo, solo cuatro trabajan, la mayoría en empleos informales: una hija limpia casas y su pareja trabaja en construcción; otro hijo también labora en construcción y su esposa tiene un empleo en una empresa de Alajuela.

"Vivimos todos juntos porque no hay otra opción; la vivienda formal es inalcanzable", comenta Luz Marina, mientras describe las dificultades cotidianas: falta de espacio, servicios básicos limitados y la constante incertidumbre sobre su futuro.

El techo en el que viven tiene estructura de láminas de zinc, no cuenta con cielo raso y presenta problemas en la instalación eléctrica, condiciones que dificultan la vida diaria y aumentan los riesgos para las 16 personas que habitan el espacio.

"Yo no me meto con nadie, pero aquí es muy difícil vivir. Los niños no pueden estar afuera por peligroso que es porque hay mucha gente con armas", indicó la vecina de Alajuela.

Asentamientos informales en Costa Rica

La situación de Luz Marina refleja una tendencia nacional. Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) revela que la mayoría de los asentamientos informales en Costa Rica se concentran en apenas 20 cantones, donde vive el 80 % de la población en precarios.

Además, un Informe anual sobre el Balance y las Tendencias del Sector Vivienda en Costa Rica, elaborado por especialistas en vivienda, asentamientos y políticas públicas, analizó la distribución de los precarios en el territorio nacional. Los resultados muestran que, aunque se registran asentamientos informales en 61 cantones, solo 20 concentran la gran mayoría de la población y viviendas.

La mitad de esos 20 cantones se ubica en la Región Central del país, lo que confirma la presión urbana que enfrentan las principales ciudades.

 Los cantones más afectados

El documento detalla que el cantón de San José encabeza la lista, con 28.259 personas viviendo en 9.426 viviendas informales. Le siguen Curridabat, con 14.674 personas y 4.746 viviendas, y Desamparados, que registra 13.346 habitantes en 4.352 viviendas.

Otros cantones con una alta concentración son Alajuela (11.271 personas y 3.633 viviendas) y La Unión (10.747 personas y 3.489 viviendas).

En las provincias costeras también destacan cifras significativas: Puntarenas reporta 8.006 personas en 2.746 viviendas; Limón, 7.837 en 2.566; y Quepos, 3.237 habitantes en 1.040 viviendas. En Guanacaste, los cantones de Liberia y Carrillo registran 5.999 y 2.708 personas, respectivamente, con 1.946 y 897 viviendas.

El informe también señala la presencia de asentamientos informales en otros cantones del Valle Central como Cartago (6.783 personas y 2.189 viviendas), Alajuelita (5.559 y 1.803), Goicoechea (4.991 y 1.610), Tibás (4.706 y 1.523), Heredia (3.183 y 1.035) y Vásquez de Coronado (2.608 y 853).

En el Caribe destacan, además de Limón, los cantones de Siquirres (4.148 personas y 1.396 viviendas), Pococí (2.479 y 853) y Talamanca (2.367 y 721). Finalmente, en la región Pacífico Central figura Garabito, con 2.668 habitantes y 916 viviendas en asentamientos informales.

En conjunto, estos 20 cantones concentran el 80 % de la población y el 79 % de las viviendas que se ubican en asentamientos informales en el país.

Distribución

De acuerdo con la Contraloría General de la República, los asentamientos informales están ubicados de la siguiente manera:

• 303 propiedades del Estado
• 273 propiedades privadas

Reducción en bonos de vivienda

El informe también advierte sobre la disminución en la entrega de bonos familiares de vivienda durante los últimos dos años. Según la Contraloría, la reducción registrada en 2022 y 2023, comparada con el promedio de bonos otorgados entre 2017 y 2021, equivale a unas 7.000 soluciones habitacionales que se dejaron de construir para familias de bajos ingresos.

"La reducción en los bonos familiares de vivienda en los años 2022 y 2023, comparada con el promedio de bonos entregados en el periodo 2017-2021, significa alrededor de 7.000 soluciones de vivienda que se dejaron de construir para familias de ingresos bajos. Esta reducción marca un cambio en la asignación de recursos para la inversión social del país, lo cual, a futuro, seguramente se verá reflejado en el deterioro de los indicadores respectivos y en las actividades indirectas", indicaron en el informe.

Un reto nacional

El informe concluye que la concentración de asentamientos en pocos cantones y distritos exige una respuesta articulada.

"Los asentamientos informales y la mayor cantidad de población y viviendas en estos se concentra en pocos cantones y pocos distritos, lo que demanda esfuerzos coordinados y estratégicos entre los gobiernos locales y las instituciones nacionales para lograr una atención más integral de esta importante problemática", concluyen en el informe.