3 viceministras habrían ganado ¢50 millones sin merecerlo
DIPUTADA DICE QUE ES UNA FALTA DE "ÉTICA" POR PARTE DE LAS 3 JERARCAS
Dos viceministras están confirmadas y una más estaría implicada en estos pagos irregulares que se hacen a lo interno del Gobierno. Ilustrativa.
Para el Gobierno es un error administrativo. Dos de las viceministras beneficiadas se daban cuenta de que recibían miles de colones de más en su sueldo… mes a mes. Otra "no se daba cuenta" de que le llegaba casi un millón de colones de más en su salario.
Y así fue como 3 viceministras de esta administración recibieron cerca de ¢50 millones gracias a un incentivo salarial que nunca les debió llegar.
Cada una de ellas se benefició de la "Retribución económica por la prohibición de ejercer profesiones liberales". Es decir, a ellas se les pagaba para que no ejercieran su profesión en otras empresas. Sin embargo, ninguna de ellas tiene el título de "profesional".
Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación y Polícía, ni si quiera tiene una carrera universitaria y sumó cerca de ¢900 mil mensuales a su salario, para un total de ¢11 millones desde que inició su gestión.
Mientras tanto, Ana Cristina Trejos, viceministra de Vivienda, no ha terminado su carrera en Microbiología y Química Clínica en la Universidad de Costa Rica (UCR). Aun así cobró cerca de ¢10 millones de incentivo.
La Contraloría General de la República (CGR) indicó que ambos cobros fueron irregulares.
Ahora se une otra a la lista, que apenas este lunes entró en estudio a la CGR. El ente contralor determinará si hubo o no irregularidad.
Se trata de la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga Aponte, cuyo beneficio habría sido mayor a los ¢30 millones.
Estos son los rostros de la noticia, que habrían sumado ¢50 millones en beneficios. Deslice el cursor para ampliar la información.
"No hay un solo funcionario público que esté exento de enfrentar algún procedimiento correspondiente, entonces si en algún momento se llega a dar yo lo recibiré con mucho respeto, transparencia y abertura para brindar la información. Pero en tanto no haya una resolución distinta (…) mi pago de prohibición es total y absolutamente apegado a la ley", dijo Zúñiga Aponte a este medio.
La Contraloría General de la República recibió el caso de Zúñiga este mismo lunes.
"Crimen organizado" en el PAC
"Crimen organizado", así fue como la diputada liberacionista Karla Prendas llamó a este acto.
"Muy raro que utilicen el mismo modo de operación para echarse dinero a la bolsa que no les corresponde", dijo la congresista ante el plenario.
Sandra Piszk, diputada y exministra de Trabajo, fue tajante al criticar dicha revelación, que sería la tercera de esta administración, de confirmarse el caso de Zúñiga Aponte.
Diputada Piszk dice que es una falta de ética y que además las devoluciones se podrían hacer hasta en periodos de 5 años. Archivo.
"La falta absoluta de ética. Muy difícil de que una persona no se de cuenta de que se le está pagando el 65% adicional a su salario. En todo caso, aún cuando se les permitiera hacer la devolución, hay una falta de ética y en segundo lugar el Estado pierde recursos", comentó Piszk.
Ottón Solís, diputado y fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), defendió a Zúñiga Aponte. Sin embargo dijo que el presidente Luis Guillermo Solís debió despedir inmediantamente a Muñoz y Trejos.
"(Zúñiga Aponte) Es bachiller egresada (…) Conste, le estoy hablando de alguien que me ha hecho la guerra", dijo Solís.
¿Cuándo pagarán?
Muñoz y Trejos deberán devolver cerca de ¢20 millones al Estado. Las reglas que guiarán dicha devolución no han sido reveladas y, en el caso de la viceministra de Presidencia, todavía están en estudio.
"Estos desembolsos tuvieron como único origen, una equivocada interpretación legal atribuible a la administración del Ministerio de Vivienda, lo que la indujo al error", se indicó a este medio desde la cartera de Vivienda y Asentamientos Humanos.
Se trató de contactar a Muñoz para conocer su proceso de devolución, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.