426 mil “estudiantes desconectados” podrían disparar índices de pobreza en 5 años

(CRHoy.com).- El octavo informe del Estado de la Educación identificó una nueva forma de exclusión estudiantil, esta vez entre los alumnos que permanecen dentro de las escuelas y colegios, pero que no tienen el mismo proceso de aprendizaje que el resto de la población y se perfilan como eventuales adultos rezagados en acceso de oportunidades laborales y sociales de calidad.

Se trata de la exclusión tecnológica que viven estudiantes sin acceso a una conexión de calidad a internet en sus hogares y que carecen de los dispositivos electrónicos para continuar, efectivamente, la educación a distancia o virtual.

Según el informe, son 426 mil alumnos que permanecen, oficialmente, dentro del sistema educativo nacional pero que la falta de recursos y conectividad los pone en desventaja con el resto de los estudiantes del sistema.

La cifra de estudiantes desconectados ha variado en tres ocasiones en menos de un año; para mayo del 2020, después del primer cierre, el MEP indicó que eran 535.000, dos meses después la ajustó a 375.371 y la última medición de marzo del 2021 la fijó en 426.000, lo que representa el 40% de la población en aulas.

Los más afectados son los estudiantes que pertenecen a hogares ubicados en el quintil más bajo, con ingresos familiares menores a los ¢203.000 al mes.  

"En el 2020, el 78% de los estudiantes de 5 a 18 años, pertenecientes al quintil de mayor ingreso (de ¢1.130.000 en adelante), tenían acceso a una buena conectividad, mientras que en el quintil más bajo (ingresos de ¢203.000 o menos), ese porcentaje se reducía al 40%; otro 40% solo tenía conexión a internet por celular; y un 13% no tenía ningún tipo de conexión" señala el informe.

A la falta de recursos tecnológicos, se une que en los hogares con climas educativos bajos tienen menores posibilidades para apoyar el proceso de aprendizaje de sus hijos. Además, las brechas entre la educación pública y privada se incrementaron, debido a que el 99% de la población estudiantil proveniente de hogares en pobreza o pobreza extrema, asisten a los centros educativos públicos donde no existen las condiciones para ofrecer educación de calidad en modalidad a distancia o virtual.

Aumento de pobreza

La nueva forma de exclusión educativa dentro de los estudiantes que, formalmente, pertenecen al sistema educativo amenaza con impactar, negativamente, los índices de pobreza en el país.

Esto afecta, especialmente, a las mujeres de zona zonas rurales ubicadas en las provincias de Limón y el sur de Puntarenas.

"Si no prestamos suficiente atención y tomamos las medidas oportunas, en los próximos años, esta población que ahorita está en desventaja, tiene las condiciones para ser los próximos excluidos del sistema y esto lleva a un inevitable incremento de la pobreza, principalmente, se daría en mujeres de las zonas rurales con especial afecto negativo en regiones como la  Brunca y Huetar Caribe" indicó la investigadora Katherine Barquero.

Según las estimaciones del estudio, los niveles de pobreza alcanzarían cifras históricas del 40% en la región Brunca (zona pacífico – sur del país) y de 38% en la Huetar Caribe en la provincia de Limón. Sin embargo, el impacto también afectaría la región Chorotega donde la pobreza se elevaría a 35%, en el Pacífico Central a 33% y la Huetar Norte a 30%.

Las diferencias de la calidad de la educación son más notables entre el Valle Central y el resto del país.

"En la Región Central, cerca del 64% de la población de 5 a 18 años, que asiste a la educación formal, tenía conexión a internet de buena calidad (por fibra óptica o cable coaxial); en contraste, en regiones como la Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte, entre el 49% y el 54% tiene conexión por medio del teléfono celular. Además, se suman las debilidades correspondientes al acceso a equipo de cómputo" señala el reporte.

La nueva condición, calificada por el estudio como "vulnerabilidad tecnológica", obliga al MEP a examinar con detenimiento la manera en que puede medirse la exclusión educativa durante el período de pandemia, puesto que los indicadores tradicionales no capturan la realidad.

Históricamente, el Ministerio de Educación Pública (MEP) midió la exclusión estudiantil, basado en la cantidad de alumnos matriculados en un curso lectivo y que dejaron de asistir a los centros educativos, principalmente, después del receso de medio año.

En el curso lectivo del 2019 se registraron 24.017 estudiantes que quedaron fuera del sistema educativo y con la llegada de la pandemia, el MEP reportó en agosto del 2o20, que cerca de 90.000 estudiantes no se habían reportado con sus docentes mientras operaba la modalidad a distancia y virtual. Representó una exclusión del 8,4%, la más alta de los últimos años.

Hombres mayores de 15 años en alto riesgo

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la pobreza en el país pasó de 21% en 2019 a 26,2% el año anterior. Trasladando los datos al sistema educativo,  44 de cada 100 estudiantes de primaria se ubicaron en condición de pobreza o pobreza extrema; mientras que en secundaria, ese porcentaje es de 40%.

Los investigadores construyeron un perfil de estudiantes con edades de asistir a la secundaria (de 12 a 18 años) y con mayores y menores posibilidades de ser excluidas del sistema educativo en el curso lectivo siguiente al que cursaban en cada caso.

"Se evidencia que tener más de 15 años y ser hombre se asocia a un mayor riesgo de exclusión educativa. En esta condición, también se encuentran estudiantes provenientes de hogares que, durante el período analizado, cayeron en pobreza en algún momento, la madre tiene baja escolaridad, o bien, cuentan con menos acceso a recursos tecnológicos y conectividad a internet" indica el informe.

Los hogares donde los padres de familia tienen mayor escolaridad, hay acceso a computadoras y soporte ayuda a evitar la exclusión del sistema.

A pesar de que existen los recursos dentro del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y en el presupuesto del MEP para comprar computadoras portátiles y darlas en préstamo a estudiantes en condición de pobreza y pobreza extrema o facilitar el acceso a internet de banda ancha en los centros educativos, la complejidad de los procesos ha impedido que los proyectos avancen en casi año y medio de pandemia.

Por un lado, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) apeló en julio anterior ante la Contraloría General de la República, la adjudicación a la Fundación Omar Dengo (FOD) para iniciar con las contrataciones para una parte de la Red Educativa del Bicentenario.

Además, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) confirmó que está en revisión la apelación al proceso de compra de 86.812 computadoras que se entregarán al MEP. La parte de la Red del Bicentenario que se financiará con dinero de Fonatel, apenas conectó un solo centro educativo en julio anterior.