5 cambios de la “Ley Jaguar” que restan competencias a la Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) realizó un análisis del expediente 24.364, conocida como "Ley Jaguar" y que el presidente Chaves impulsa para que sea llevada a consulta popular por medio de un referéndum.

Acosta emitió declaraciones a la prensa este martes donde expresó sus preocupaciones ante esta reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría, que pretende la "Ley Jaguar" que dejaría al ente contralor "pintado en la pared", sin capacidad de fiscalización y supervisión de los manejos públicos.

"Es un Poder Ejecutivo queriendo diseñar su modelo de control", resumió la contralora.

La Contraloría resume en 5 aspectos el impacto que tendrá esta propuesta en sus funciones:

• Suprime la fiscalización de la legalidad de los controles y de la eficiencia en el manejo de los fondos públicos.

"Las Administraciones podrían hacer su gestión sin aplicar los controles que contempla el marco legal, a cualquier costo, dado que no requiere garantizar la eficiencia de los fondos públicos", señala el ente.

Además, ni la CGR ni las Auditorias Internas podrían revisar y pronunciarse sobre la legalidad de los controles y la eficiencia en el manejo de los fondos públicos; por ejemplo, la CGR no podría realizar auditorias como la ejecutada sobre el programa Bono Proteger, en la que se encontró que un 16,4% de los bonos pudo haber sido otorgado a personas no elegibles, lo que representaría ¢7.490 millones.

• Impide el uso de instrumentos vinculantes (disposiciones, órdenes, etc).

"Si la CGR recibe una denuncia ciudadana o una solicitud de investigación por parte de la Asamblea Legislativa y se encuentran posibles irregularidades o malos manejos de los fondos públicos, la CGR no podría tomar ninguna acción para prevenir (advertencia), corregir (orden o disposición) o sancionar (recomendación vinculante)", alerta la Contraloría.

• Elimina los controles preventivos de la CGR, esto pese a que desde la Constitución Política se disponen actuaciones que son entendidas como controles previos, como lo relacionado con la materia de aprobación presupuestaria, el refrendo y la fase recursiva en materia de contratación pública, u otras en normativa legal como el sistema de garantía de la función de auditoría interna.

Además, elimina la posibilidad de evaluar las etapas previas de la gestión (programas, proyectos, contrataciones).

En particular, la CGR no podría desde una perspectiva preventiva evitar un perjuicio para la Hacienda Pública y el servicio que recibe la ciudadanía, únicamente podría valorar una vez se materialicen los daños.

• Se permite contratar y arrendar inmuebles para obras públicas sin un concurso abierto, limitando la participación de más oferentes.

"La iniciativa permite que estas contrataciones se realicen 'a dedo', ya que no se hace una invitación pública, ni muestra condiciones claras para las ofertas, ni una evaluación justa y transparente de las mismas", indica el análisis.

El Estado podría asumir deudas sin los controles y aprobaciones legales, de manera que se magnifican riesgos fiscales asociados a la baja en la confianza y la credibilidad de las cuentas nacionales, incertidumbre económica y una gestión fiscal ineficiente.

• La reforma cambia la definición de alianza estratégica de la Ley General de Contratación Pública, y permite a Japdeva escoger "a dedo" al socio estratégico con el que se haría el negocio, evadiendo los procedimientos de contratación pública.

Este miércoles la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) estaría presentando la consulta a la Sala Constitucional sobre esta ley, antes que los diputados en plenario definan si el referéndum procede o no.