5 claves para entender la crisis institucional que sacude Guatemala
Guatemala atraviesa una nueva crisis institucional, marcada por la confrontación política, judicial y social, mientras el país enfrenta violencia pandillera, fugas de prisión y acusaciones de corrupción que amenazan la estabilidad democrática.
Estas son cinco claves para comprender la situación:
1. El ataque judicial que sacude la presidencia
El presidente Bernardo Arévalo denunció un intento de "golpe de Estado" impulsado por la fiscal general, Consuelo Porras, y el juez penal Fredy Orellana. Según el mandatario, ambos buscan revertir los resultados de las elecciones de 2023, suspender al partido oficial Movimiento Semilla y anular los cargos obtenidos por diputados y la vicepresidenta.
Arévalo calificó la maniobra como un "golpe de Estado a cámara lenta" y solicitó a la Corte de Constitucionalidad y al Organismo Judicial la destitución inmediata de Orellana, así como la garantía de los resultados electorales.
El Tribunal Supremo Electoral reafirmó que los resultados de 2023 son válidos e irrevocables. Blanca Alfaro, presidenta del TSE, instó a la población a concentrarse en los próximos comicios de 2027.
2. Porras, la fiscal sancionada que simboliza la crisis
Consuelo Porras, fiscal general desde 2018, ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por "obstruir investigaciones contra la corrupción" y proteger a aliados políticos. Su gestión fue clave en la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creada por la ONU en 2006 para investigar redes criminales en el Estado.
Periodistas, fiscales y líderes indígenas acusan a Porras de persecución política y judicial, usando procesos ilegítimos para encarcelar y amedrentar a quienes defienden la democracia. Bajo su supervisión se llevaron a cabo purgas de funcionarios, allanamientos de hogares y detenciones de opositores.
Expertos consideran que Porras encarna una forma de corrupción burocrática: socava la democracia desde la administración mientras mantiene la apariencia de legalidad.
3. La amenaza de violencia y el colapso del sistema penitenciario
La crisis política coincide con un aumento de la violencia. El 12 de octubre, 20 líderes de la pandilla Barrio 18 escaparon de la cárcel Fraijanes II, cercana a Ciudad de Guatemala. Hasta ahora solo cuatro han sido recapturados. La fuga motivó la destitución del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y sus viceministros, y la designación de Marco Antonio Villeda como nuevo titular de la cartera.
La fuga también provocó allanamientos de la Fiscalía en el Ministerio de Seguridad, investigaciones sobre la complicidad de funcionarios penitenciarios y medidas extraordinarias para reforzar cárceles y fronteras. Arévalo solicitó el apoyo del FBI y otras agencias estadounidenses para recapturar a los prófugos y fortalecer el control penitenciario.
En paralelo, se descubrió el robo de 55 fusiles, 3 lanzagranadas y más de 14.000 municiones de una base militar en Petén. Cuatro personas fueron detenidas, presuntamente miembros del Ejército.
El Congreso aprobó declarar como "terroristas" a las pandillas, elevando la pena máxima por extorsión de 12 a 18 años y aplicando castigos más severos a quienes recluten a menores. La ley también establece la construcción de una cárcel de máxima seguridad para 2.000 internos y reformas al código penal, la ley de crimen organizado y la ley de lavado de dinero.
El presidente Arévalo celebró la medida, que proporciona "herramientas necesarias para enfrentar a las maras", aunque descartó emular el modelo salvadoreño, criticado por arrestar a inocentes. Estados Unidos, que declaró terroristas a la Barrio 18 y Mara Salvatrucha, calificó la fuga como "inaceptable" y ofreció asistencia para mejorar la seguridad.
4. Acusaciones de corrupción y presión internacional
La fiscalía también ha acusado al gobierno de Arévalo de corrupción en un contrato de $943,9 millones con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos para insumos médicos, señalando supuestas irregularidades en la aprobación y supervisión del convenio. Arévalo rechazó las acusaciones y calificó el caso como "fantasías animadas".
Estas acusaciones se suman a un historial de conflictos entre el presidente y Porras, quien ha sido señalada por Estados Unidos y la Unión Europea de proteger a aliados políticos corruptos. Arévalo mantiene que la fiscalía intenta frenar su gobierno y bloquear la agenda anticorrupción del Movimiento Semilla.
La crisis no ha pasado desapercibida fuera de Guatemala. La Organización de Estados Americanos (OEA) urgió a respetar la elección de 2023 y preservar las instituciones democráticas. Arévalo pidió una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para denunciar las "graves amenazas" a la Constitución y a la democracia.
5. Contexto histórico y riesgos para la democracia
La crisis actual tiene raíces profundas. Tras más de tres décadas de guerra civil, Guatemala consolidó un sistema democrático frágil y permeable a la corrupción. La Cicig había logrado avances significativos en la investigación de redes criminales dentro del Estado, hasta su expulsión en 2019 con apoyo de Porras.
El ascenso del Movimiento Semilla y la presidencia de Arévalo buscaban romper con décadas de impunidad. Sin embargo, la combinación de pandillas violentas, burocracia judicial alineada con intereses políticos y corrupción estructural vuelve a poner en riesgo la estabilidad democrática del país.