5 figuras salientes del Gabinete mantienen denuncias y procesos judiciales abiertos
Rodrigo Chaves, presidente de la República, confirmó la renuncia de Stephan Brunner; Nogui Acosta, de Hacienda; Marta Esquivel, de Planificación; Ángela Mata, de Vivienda; Cindy Quesada, de la Mujer; Esmeralda Britton, de la JPS; Juan Manuel Quesada del AyA. Captura de pantalla
Varios funcionarios que renunciaron a sus cargos en el Gabinete este miércoles acumulan causas abiertas ante el Ministerio Público por distintos delitos.
También cuentan, algunos de ellos, con fuertes cuestionamientos por parte de autoridades y diputados de la República por polémicas de diversa índole.
Los ministros salientes que enfrentan procesos judiciales también dejan de lado su fuero de improcedibilidad (inmunidad). Al dejar de ser parte de los Supremos Poderes, sus expedientes salen de la Fiscalía General de la República y seguirán el proceso judicial ordinario.
Financiamiento electoral indebido
Stephan Brunner, ahora ex primer vicepresidente de la República, figura en varias causas abiertas en la Fiscalía General, incluyendo el expediente 22-000210-0276-PE por presuntos delitos electorales relacionados con el financiamiento de la campaña presidencial de Rodrigo Chaves, bajo la bandera del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
El pasado 23 de junio, el fiscal general Carlo Díaz Sánchez presentó la acusación formal contra Brunner, Chaves, la diputada Pilar Cisneros, el canciller Arnoldo André, y tres diputados oficialistas: Julio "Waldo" Agüero, Luz Mary Alpízar y Paola Nájera.
El informe preliminar elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) atribuyó posibles delitos por la utilización de dos estructuras paralelas —ajenas al PPSD— para gestionar fondos de campaña. Una de ellas fue el fideicomiso Costa Rica Próspera, vinculado a ATA Trust Company S.A., empresa asociada al canciller André Tinoco. La otra estructura habría sido operada por el empresario Jack Loeb y Sofía Agüero Salazar, exasistente de Chaves e hija del diputado Agüero.
Brunner también fue cuestionado por promover una millonaria póliza de riesgos para altos jerarcas del Gobierno, conocida como la "póliza de la vergüenza", gestionada con el Instituto Nacional de Seguros (INS) por más de ₡248 millones anuales, a través del Ministerio de Hacienda. La Procuraduría General dictaminó que correspondía a la Contraloría General de la República (CGR) resolver sobre su legalidad.
Caso Barrenador
Marta Esquivel fue nombrada como ministra de Planificación
La exministra de Planificación (Mideplan), Marta Esquivel Rodríguez, es imputada en el Caso Barrenador, relacionado con supuestos contratos con sobreprecios entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y cooperativas privadas para la administración de 138 Ebáis.
Esto ocurrió cuando Esquivel presidió la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y su junta directiva.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. El 23 de septiembre de 2023 se realizaron 28 allanamientos y 8 detenciones, incluyendo a Esquivel, entonces presidenta ejecutiva de la CCSS.
El 10 de octubre, el Juzgado Penal de Hacienda la suspendió del cargo por seis meses, medida que se prorrogó por un año más. Pese a esto, fue nombrada como ministra por el presidente Chaves, quien le otorgó inmunidad al integrarla al gabinete. Esta inmunidad quedó sin efecto tras su renuncia.
Megacaso fiscal
Screenshot
El exministro de Hacienda, Nogui Acosta, enfrenta un proceso judicial por haber sustentado el llamado "megacaso fiscal" contra el empresario Leonel Baruch Goldberg en información proveniente de la red social TikTok.
En junio de 2023, ante una interpelación en la Asamblea Legislativa, Acosta admitió que la denuncia por evasión fiscal contra la empresa Beta Matrix S.A. se basó, en parte, en un video de esa plataforma. Inicialmente, había declarado que la denuncia llegó por canales anónimos en el sistema digital de Hacienda, sin mencionar la red social.
Además, Hacienda omitió que ya existía un informe previo en donde el caso era desestimado, e incluso se comprobaba que no existía ningún delito tributario qué perseguir, así como que existía una solicitud de desestimación.
Allanamientos
Esmeralda Britton González.
Esmeralda Britton González, expresidenta de la Junta de Protección Social (JPS), figura como investigada en el caso que provocó los allanamientos en la institución estatal el 31 de enero de 2024.
Además de Britton, están siendo investigados Fernández López, Torres Marín, Alcázar Román, Díaz Miranda, Villalobos Ocampo, Chaves Murillo, Ortiz Sánchez, Bustamante Venegas, Robleto Jiménez, Solano Chinchilla, Quesada Varela y Canales Guillén.
La FAPTA dirigió un allanamiento en las instalaciones de la Junta de Protección Social como parte de la investigación que se tramita en el expediente 20-000116-0175-PE.
Específicamente se procedieron a realizar diligencias en la Secretaría de Actas, el Archivo Central y el Departamento de Informática.
De acuerdo con el Ministerio Público, se investigan presuntos delitos de legislación o administración en provecho propio, así como también supuestos casos en contra de la Hacienda Pública.
Cuestionado en el AyA
Juan Manuel Quesada, expresidente del AyA, recibió cuestionamientos por empleados de la institución por un supuesto uso inadecuado de recursos públicos.
En junio, el Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (Sitraa) denunció que la institución gastó casi $93.000 en adquirir un nuevo vehículo para el traslado del presidente ejecutivo de este órgano, Juan Manuel Quesada.
La molestia se debe a que, según apuntan, este dinero se destina pese a varias dificultades que enfrentan trabajadores.
Además, otro de los elementos que causa malestar es que, como parte del pago, el AyA entregó un Toyota Land Cruiser modelo 2017 que aseguran que estaba en excelentes condiciones.
Previamente, en setiembre de 2024, dicho sindicato acusó al AYA de invertir casi ₡50 millones en la oficina de la gerencia general de la institución, cuando existen actualmente 3 lugares del país que se mantienen sin agua desde hace meses e incluso años.
Las suspensiones constantes se dan en Zapote, Pavas y San Vito de Coto Brus. Crhoy.com habló con al menos una familia de cada sector. Todos coincidieron en tener suspensiones diarias del líquido.
Para Mario Rodríguez, secretario general de SITRAA, el problema está en la falta de inversión en infraestructura.
"Contradictoriamente a la falta de infraestructura que ocupan los abonados que son los que pagan recibos de agua de alcantarillado sanitario, potable e hidrantes, que son dinero que se deben de utilizar para los habitantes, ahora en la gestión de Juan Manuel, se están utilizando en remodelaciones de oficinas. Por cierto, esta oficina hace alrededor de dos años fue remodelada. Esa oficina es la de la gerencia general (Alejandra Mora Segura). Los datos se pueden ver en la licitación que está en SICOP, ahí viene el número de licitación y es por más de 49 millones" explicó Rodríguez.
