93 % del presupuesto ordinario para 2026 está totalmente comprometido

Aproximadamente el 93,1 % de los recursos presupuestados para 2026, que ascienden a ¢12,8 billones, están totalmente comprometidos.

Solo el 6,9 % de los recursos corresponde a gastos diversos asociados con la administración general y la inversión del Gobierno.

Así lo concluye un informe técnico sobre el proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico de 2026, elaborado por el Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa.

Una buena parte del presupuesto incluye recursos para enfrentar gastos ineludibles, es decir, aquellas obligaciones que, por su naturaleza, no pueden ni deben dejar de presupuestarse.

Algunos ejemplos de estos gastos son el pago del servicio de la deuda pública (intereses y amortizaciones), las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, las remuneraciones (incluyen salarios y contribuciones sociales) y los aportes del Estado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

A ello se suman otras asignaciones presupuestarias para financiar gastos definidos tanto por la Constitución Política como por leyes específicas.

Según el análisis, los recursos incluidos en cumplimiento de un mandato legal o destinados a gastos que no pueden evitarse consumen más del 90 % del presupuesto.

Los destinos fijados en la Constitución, las obligaciones ineludibles y los destinos legales muestran la rigidez o inflexibilidad de la estructura del Presupuesto Nacional.

Destinos constitucionales

Los montos presupuestados para financiar la educación pública y la administración judicial, establecidos en la Constitución, representan el 25,7 % del presupuesto para 2026, el cual fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

La mayor asignación proviene del artículo 78 de la Constitución, que ordena destinar el 8 % del producto interno bruto (PIB) a la educación estatal, incluido el financiamiento de la educación superior.

Asimismo, el artículo 85 establece la obligatoriedad de dotar de recursos a las universidades estatales: Universidad de Costa Rica (UCR), Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Universidad Nacional (UNA), Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Universidad Técnica Nacional (UTN).

En el caso del Poder Judicial, el artículo 177 de la Constitución dispone que debe recibir, al menos, el 6 % del total de ingresos corrientes u ordinarios.

Obligaciones ineludibles

De acuerdo con el informe técnico de la Asamblea Legislativa, estas obligaciones consumen más de la mitad del presupuesto nacional (61,5 %).

Las principales corresponden al servicio de la deuda (pago de intereses y amortizaciones), que representa aproximadamente el 42,1 % del presupuesto, y al pago de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, que absorben el 10,3 %.

Dentro de las obligaciones ineludibles figura el pago de remuneraciones, para lo cual se presupuestaron ¢970.773,7 millones, monto equivalente al 7,6 % del presupuesto de 2026, excluyendo las asignaciones correspondientes al Ministerio de Educación Pública (MEP) y al Poder Judicial.

En total, las remuneraciones suman ¢3.064.903,9 millones, cifra que equivale al 23,9 % de los recursos presupuestados para el próximo año.

Destinos legales

Los destinos legales vinculados a ingresos representan el 5,9 % del presupuesto nacional. Entre ellos destacan los recursos destinados al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

También se incluyen las transferencias a las municipalidades por concepto del impuesto único a los combustibles y del impuesto al banano, así como las que establece la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo, entre otras.

Además, se contemplan recursos para el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), fondos migratorios, la Dirección General de Aviación Civil, asociaciones de desarrollo y el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).

Proyecto de presupuesto

El presupuesto nacional para 2026 se financiará mayoritariamente con ingresos corrientes.

Según el proyecto de ley, un 61,9 % del presupuesto provendrá de ingresos corrientes —principalmente de impuestos—, mientras que el 38,1 % restante se cubrirá con deuda pública, interna o externa.

En términos absolutos, esto equivale a ¢7,9 billones financiados con ingresos corrientes y ¢4,8 billones con deuda pública.

La regla fiscal, que establece un límite al crecimiento del gasto público, se fijó en un 5,81 % para el próximo año.