“A Costa Rica le urge revisar tamaño del Estado”
Organización llama la atención. Muchas entidades perdieron ya su razón de existir
(CRHoy.com).- No es opcional. Si Costa Rica quiere controlar su gasto público, creciente desde el 2008, y ganar en eficiencia, debe acometer ya una reforma del sector público. La OCDE reiteró este miércoles esa recomendación al Gobierno al hablar sobre las ineficiencias en el gasto y en el empleo público.
Para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) el objetivo de la reforma del sector público debe ser, en primera instancia, reducir la fragmentación de la administración pública.
Solo el Gobierno Central, según el Ministerio de Planificación (Mideplan) tiene 322 instituciones. La OCDE agregó en su último Estudio Económico sobre Costa Rica, publicado este miércoles 15 de julio, que desde la década de los años 90 el país se dedicó a crear 100 nuevas instituciones públicas.
El archipiélago que es el Estado costarricense, advirtió el grupo de lo 37 países con mejores políticas públicas, se combina con las limitaciones en la coordinación, dirección y responsabilidad que aqueja la gobernanza pública. El resultado es casi un caos.
"Es necesario lleva a cabo una revisión exhaustiva del sector público para aumentar la eficiencia del sector público y la capacidad del Gobierno Central para reasignar fondos a áreas prioritarias", destacó la OCDE en su informe.
El diagnóstico de la Organización llega en el marco de una de las peores crisis fiscales que ha vivido el país en su historia reciente, con un galopante déficit fiscal que este año rozaría un 10% del producto interno bruto (PIB), según estimaciones del Ministerio de Hacienda, que verá reducirse sus ingresos en unos $2.026 millones este año producto del impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía nacional.
Ya en su anterior Estudio Económico sobre Costa Rica, del 2018, la OCDE había identificado una gran cantidad de instituciones pública que perdieron su razón de existir.
Según el grupo de 37 países, al que Costa Rica se integraría en sociedad plena en algún momento de este 2020, los esfuerzos para identificar las responsabilidades de cada entidad gubernamental y eliminar las duplicaciones y las entidades no funcionales establecerían las bases para un sector público más eficiente.
Una reforma aún pendiente
Desde finales del año pasado Mideplan anunció que elaboraba un proyecto de ley para fusionar y eliminar algunos de los órganos desconcentrados de los ministerios. Sin embargo, una propuesta en ese sentido sigue sin llegar al terreno legislativo, donde los diputados tendrían la última palabra sobre cuáles de esas instituciones sobrevivirán y cuáles no.
Pilar Garrido, ministra de Mideplan, había informado a este diario digital de que en el proceso de análisis sobre los órganos desconcentrados su cartera detectó un caos. La jerarca dijo que entre los hallazgos estaban la duplicidad de funciones y el uso ineficiente de los recursos públicos.
Incluso, se encontró que los miembros de las juntas directivas de algunos de esos órganos desconcentrados tenían conflictos de intereses con las materias y las decisiones que allí se analizan.
Otros de los problemas que Mideplan encontró en el examen fueron:
- Funciones sin sustento.
- Recargos de las funciones del órgano desconcentrado en personal de los propios ministerios.
- Ineficiencia en la administración de recursos públicos.
A raíz de esa revisión Garrido anticipó que el proyecto de ley que se plantearía al Parlamento recomendaría el cierre de varios de los órganos desconcentrados y la fusión de otros.
En total los ministerios del Gobierno Central tienen 65 órganos adscritos, muchos de ellos, incluso, gozan de beneficios salariales distintos.
El problema que más repitió en el tamizaje de Mideplan a los entes desconcentrados fue el uso ineficiente de los recursos públicos. La segunda fue la falta de funciones sustantivas. En otro grupo de entidades se detectó que ni siquiera tienen asignada una fuente de financiamiento.
"En muchas ocasiones el legislador (en referencia a la Asamblea Legislativa) y en su momento algunas autoridades del Poder Ejecutivo, vieron un problema de gestión pública y lo resolvieron con esta estructura (de órganos desconcentrados).
"Necesitaban coordinar mejor y entonces se pusieron a crear instituciones. Tenían un problema de ejecución presupuestaria, o de articulación interinstitucional y lo resolvieron con una institución nueva lo cual es un error y, entonces, hay que resolver. Porque la gestión se resuelve la gestión y, si hay un problema de diseño institucional, también se resuelve con diseño institucional", manifestó Garrido.
La última vez que la jerarca se refirió al proyecto de ley descartó que el cierre o fusión de órganos desconcentrados fuera a provocar despidos en el sector público.
Durante el proceso de adecuación de la normativa nacional a los estándares de la OCDE se aprobó la Ley 9668, en marzo del 2019.
La iniciativa permitió el cierre de seis órganos estatales que no cumplían ninguna función. Estos fueron:
- La Junta de Fomento Avícola.
- Junta de Fomento Porcino.
- Junta de Fomento Salinero.
- Junta Nacional de la Cabuya.
- Casa Hogar de la Tía Tere.
- Comisión Nacional para la Defensa del Idioma.
