A pesar de defender pesca de arrastre, Gobierno acatará fallo de Sala
Sala afirmó que quisieron reactivar la pesca "sin existir una ley"
La pesca de arrastre es una de las técnicas más dañinas y menos selectivas. (Imagen cortesía de Fundación MarViva)
A pesar de la constante defensa, casi a ultranza, de la pesca de arrastre de camarón, el Gobierno anunció que acatará la resolución de la Sala Constitucional, que declaró con lugar los recursos de amparo interpuestos contra esa práctica.
Con ese fallo, los magistrados anularon el acuerdo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), con el cual pretendían emitir nuevas licencias para la dañina técnica, sin estudios previos ni una reforma legal. En el 2013, un fallo de la misma Sala puso esas condiciones para poder dar nuevos permisos a la pesca semi-industrial de arrastre.
Ahora la Sala reiteró que un cambio con la pesca de arrastre debe realizarse mediante un proyecto de ley.
"Acatamos en todos sus extremos el fallo constitucional y reiteramos que las acciones emprendidas y el trabajo realizado siempre ha tenido como objetivo el principio de buscar y mantener un equilibrio entre la conservación y el aprovechamiento de la riqueza marina, para potenciar la generación de empleo, la calidad de vida y el bienestar de las familias que se dedican a esta actividad", manifestó el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz.
A lo largo de los últimos meses desde el Poder Ejecutivo, defendieron que la pesca de arrastre se reactivaría con nuevas licencias para generar empleo en las zonas costeras y que el ambiente marítimo no se vería afectado, debido a nuevas regulaciones.
Sin embargo no presentaron los estudios técnicos que dicen tener. CRHoy.com informó el pasado 22 de noviembre que Incopesca nunca presentó estudios para respaldar la entrega de nuevas licencias. El propio Presidente Ejecutivo de Incopesca, Gustavo Meneses admitió que no se realizaron, aunque defendió que era un "nuevo tipo" de pesca de arrastre, al tener un mapa de zonificación.
En su fallo del 2013, la Sala Constitucional prohibió renovar o emitir nuevas licencias. En el voto 10540-2013, los magistrados concluyeron que la pesca de arrastre viola 6 artículos de la Constitución, como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; la seguridad alimentaria del país; y el principio de desarrollo sostenible democrático.
Varios estudios ya determinaron que la mayoría de la captura de la pesca de arrastre no es camarón, sino otras especies, entre el 70% y el 97%). Se estima que entre 1950 y el 2014, 500 mil toneladas métricas de esos otros animales han sido devueltas al mar, del el 90% son peces pequeños capturados por la pesca artesanal. Es la técnica más dañina y que más recurso pesquero dilapida, según la FAO.
Finalmente la Sala Constitucional se trajo abajo el acuerdo de Incopesca, que también fue defendido a capa y espada por el presidente Luis Guillermo Solís.
!El Gobierno reitera el compromiso de hacer todos los esfuerzos para mitigar los efectos negativos sobre las poblaciones que dependen de la pesca de camarón, en especial sobre las personas más vulnerables", señaló el Ministro Arauz a través de un comunicado de prensa enviado este domingo por la Presidencia.
Según el comunicado, además de frenar el acuerdo tomado en junta directiva de Incopesca sobre las nuevas licencias, el Gobierno también buscará que el proyecto se dé a través de una ley, como lo pide la Sala.
"El Gobierno de la República cumplirá integralmente ambas resoluciones", señaló el comunicado.
Durante su Administración, el Presidente Solís impulsó un proyecto de ley para reactivar la pesca de arrastre, sin presentar los estudios y en contra de la postura de centros académicos, organizaciones ambientalistas y todo el sector de pescadores artesanales.
Este surgió de una llamada mesa de diálogo por el tema de pesca de camarón, que contó con la facilitación de la hermana del mandatario, Vivienne Solís Rivera. El proyecto fue cuestionado en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa e incluso retirado de la agenda por el Ejecutivo. Diputados han dicho que no tiene viabilidad política para su aprobación.