Abogado de BCR SAFI emitió informe con conclusiones falsas para avalar compra de Parque del Pacífico, dice Fiscalía

Álvaro Jiménez Villegas, quien fungió como asesor legal de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI), figura como uno de los imputados en la causa 21-000209-1218-PE.

En este expediente se investigan los delitos de sobreprecio irregular e influencia en contra de la Hacienda Pública, relacionados con actuaciones de la Junta Directiva, el Comité de Inversión, la Junta de Adquisiciones y otros profesionales de la SAFI, vinculados con al menos nueve proyectos comprados a sociedades ligadas al exdiputado (2018-2022) Humberto Vargas Corrales.

El abogado habría participado en el acomodo de informes y documentos para que diferentes instancias del BCR aprobaran la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por parte del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIND). Así lo detalló la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en la orden de allanamiento, mediante la cual ejecutó 16 diligencias contra los 14 imputados del caso.

La investigación del Ministerio Público se enfocó en las decisiones tomadas por los funcionarios del banco y de la SAFI, ya que, a criterio de los fiscales, al menos ocho de ellos actuaron contrario a la ley para concretar la compra.

El expediente señala que el 2 de diciembre del 2019 Jiménez Villegas figuró entre estas personas y, por ello, ahora se encuentra bajo la lupa de las autoridades judiciales.

"(…) faltando a sus obligaciones como Asesor Legal de BCR SAFI – violentando la Disposición Administrativa para la Debida Diligencia Legal de Proyectos de Compras Inmobiliarias para los Fondos de Inversión Inmobiliarios Administrados por BCR SAFI S.A., así como el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y el artículo 113 de la Ley General de Administración Pública – por medio del memorando BCR-AL-C-052-19, remitió el informe de Debida Diligencia sobre la compra del PEP.

Mediante el cual omitió información de vital importancia como lo era el estado del PEP para ese momento, tanto en relación con el valor de adquisición del inmueble por parte del vendedor, así como en relación con el nivel de desarrollo de las edificaciones que se estaban construyendo dado que el proyecto no estaba finalizado y la situación contractual de los arrendamientos (para esta fecha apenas dos de tres contratos estaban firmados para esa fecha), al indicar que: "los tres contratos se suscribieron en noviembre de 2019, sin que este detalle resulte de relevancia material sobre la validez, interpretación o ejecución de los contratos", omitiendo también información fundamental en cualquier Due Diligence como es el hecho de que los planos constructivos no estaban aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos".

Según la Fiscalía, esta actuación concluyó falsamente que no existían impedimentos jurídicos para realizar la compraventa e influyó, dirigió y condicionó, en razón de su cargo, el procedimiento de adquisición de bienes. No advirtió los vicios relacionados con la compra del PEP, considerado un acto lesivo para el patrimonio de la Hacienda Pública y el interés público, ya que se pagó un monto superior al valor real del inmueble.

Compra de la SAFI con precio inflado

El Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIND) de la SAFI adquirió esta propiedad en $70 millones. Tras varios avalúos, se confirmó el año pasado que su valor real era de $28 millones. Esto significó un sobreprecio de $42 millones sin justificación alguna.

Dos años después de la compra, un peritaje externo determinó que el PEP tenía un valor de $46.595.009. En menos de 24 meses, los inversionistas perdieron $22 millones.

La empresa GeoInn Geospatial Innovations identificó en otro informe que, durante setiembre y octubre del 2019, prácticamente no existía ninguna estructura levantada en el inmueble. Para la Fiscalía, esta situación evidenció la aparente falsedad en la estimación del valor del PEP realizada por funcionarios de BCR SAFI S.A., señalando responsabilidad directa en Marco Carbajal Soto, supervisor de Ingeniería de la SAFI; Luis Carlos Gutiérrez Chaves, ingeniero de la Unidad de Infraestructura; y Natalia Garro Acuña, jefa de Proyectos de la SAFI.

"(…) valoraron aproximadamente en 70 millones de dólares un inmueble que no existía, sabiéndolo perfectamente porque habían estado personalmente en el inmueble", detalla el documento.

El Grupo Tecno también evidenció que el área del inmueble no era 100% aprovechable. Áreas protegidas y quebradas por 60.133 metros cuadrados no fueron reveladas por la Unidad de Ingeniería de BCR SAFI ni por Grupo Ingenio AIC S.A. en sus informes.

"Con base en lo anterior, es posible determinar entonces que entre el valor brindado por la estimación elaborada por la Unidad de Ingeniería y el valor determinado por Grupo Tecno, existe una diferencia en los predios utilizables, pero que además, inicialmente a los 399 000 m2 de predios que se habrían estimado de manera fraudulenta -y que se tomaron en cuenta para la compra-, se les brindo un precio de $19 950 000, contra $1 780 580 que se otorgó a los 89 029 m2 utilizables como predios que fueron identificados por Grupo Tecno".

Esta situación forma parte de las ventas de inmuebles realizadas por sociedades anónimas vinculadas al exdiputado Humberto Vargas Corrales. Él, su hijo, dos socios y varios exfuncionarios del BCR figuran como investigados por presuntos actos ilegales que habrían permitido a la organización criminal obtener $92 millones.