Abogado: MEIC varió reglamento y abrió portillo para engaños con proyectos inmobiliarios
(CRHoy.com)- Las penurias que han pasado cientos de personas que entregaron todo su patrimonio a compañías inmobiliarias para la compra a plazo de sus viviendas y que luego fueron aparentemente estafados, se habrían evitado si el reglamento de la Ley de Promoción de la Competencia no se hubiera modificado, así lo asegura uno de los abogados que representa a varias personas afectadas,
El primer reglamento, promulgado en 1996, establecía que todas las ventas a plazo (entiéndase proyectos de vivienda o clubes de viajes) debían demostrar que contaban con la solvencia económica para establecer los proyectos y que no iban a utilizar los aportes de los consumidores como base de financiamiento. Si no podían hacerlo, debían aportar una garantía o caución suficiente para responder en caso de que el proyecto fallara y, con esto, devolver el dinero invertido a los clientes.
Además, determinaba que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) debía realizar -cada año- un análisis financiero contable de los comerciantes o proveedores autorizados, a fin de verificar la solvencia económica de los mismos.
Sin embargo, en abril del 2010, una modificación a dicho reglamento estableció una moratoria de 12 meses a este reglamento, solo en cuanto a ventas a plazo de bienes inmuebles. Esta moratoria se extendió hasta el 2013, cuando se estableció el reglamento vigente, en el que se eliminó la revisión anual del estado financiero de las empresas y se cambiaron las reglas solo para los desarrollos inmobiliarios.
Según Mario Valverde, abogado que representa a 83 de las 307 personas afectadas por una supuesta estafa cometida por un hombre apellido Villagra, dueño de la compañía Casas Vita, esta modificación dejó desprotegidos a los consumidores ante situaciones como las que se dieron con Casas Vita y Villagra quien, al parecer, gastó el dinero de la prima otorgada por los clientes para las compras de las casas y nunca les entregó la vivienda.
En el reglamento actual existe -según Valverde- toda una ambigüedad sobre cómo se deben regular las ventas a plazo de bienes inmuebles. Esto, según Valverde, ha propiciado que empresas que no tienen el capital para desarrollar proyectos se aprovechen de la buena fe y la ilusión de los consumidores, quienes entregan su dinero con la esperanza de tener casa propia.
Mientras que en el artículo 222 del reglamento se establece que quienes quieran comerciar con ventas a plazo de cualquier tipo (incluyendo las de bienes inmuebles) deben demostrar su solvencia económica o portar una garantía, en el mismo reglamento se dedicó todo un apartado a reglamentar exclusivamente las ventas a plazo de bienes inmuebles y en este se da la posibilidad de que los desarrolladores inmobiliarios presenten solo una certificación de un contador público o una declaración jurada de que cuentan con los fondos para desarrollar el proyecto, pero no solicitan una garantía que proteja al cliente.
Demanda contra el Estado
Por esta situación, Valverde presentará una demanda contra el Estado, concretamente contra el MEIC y la Dirección de Apoyo al Consumidor, por su presunta responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes de Casas Vita tras la modificación de estos reglamentos. Según Valverde, si se hubieran conservado las reglas dispuestas para la ley en 1996, no se hubiera presentado la situación que afecta a decenas de personas.
Para el abogado, lo que hicieron con el reglamento del 2013 fue "suavizar" los requisitos para la inscripción de proyectos de las empresas inmobiliarias, lo que permitió a Casas Vita obtener la autorización de cuatro de sus seis proyectos y comercializarlos todos, ofreciendo la entrega de casas en plazos de dos años, lo cual nunca cumplió pues no tenía capital alguno para trabajar (fuera de lo que recogía por concepto de primas y que lo utilizó para su financiar sus propios gastos).
"Todas esas ventas fueron posibles pues en sus contratos indicaba que eran autorizados por el MEIC y en cuanto a los dos proyectos no autorizados igual hacían énfasis en que la empresa estaba inscrita ante el Ministerio, generando así un falso sentimiento de seguridad en los compradores", dijo Valverde a este medio.
¿Qué dice el MEIC?
La jerarca de la Dirección de Apoyo al Consumidor Cinthya Zapata dijo que las reformas del reglamento nunca pasaron por sus manos ni por su control, sin embargo, ahora sí tiene a cargo el desarrollo de un nuevo documento solo referente a la venta de proyectos inmobiliarios, precisamente por la serie de irregularidades que se dieron en el pasado con la antigua reglamentación.
"Ese no fue un proceso que sea atinente a la Dirección de Apoyo al Consumidor. Dentro del MEIC ha sido resorte, competencia de distintos departamentos, no necesariamente es un tema que haya sido atinente a la dirección a mi cargo. Pero me parece que lo que buscó la regulación del 2013 fue precisamente ampliar la protección precisamente a bienes inmuebles".
Zapata alega que los cambios anteriores se hicieron en principio porque no existía una regulación de inscripción de empresas inmobiliarias ante el MEIC ni ningún ente. "Usted lo puede verificar, no hay un histórico de inscripción de empresas ante el MEIC, antes del 2013", dijo la jerarca.
"Es hasta el decreto 37899 que se incluyen disposiciones específicas para poder generar un ámbito de cobertura para los bienes inmuebles (…) la moratoria yo me imagino que fue para que las empresas se ajustaran, pero la Dirección a mi cargo no llevaba el tema de ventas a plazo para ese momento", indicó Zapata.
El MEIC se encuentra, en este momento, desarrollando una serie de nuevos reglamentos relacionados con las ventas a plazo. En el caso de los bienes inmuebles, lo que buscarían es garantizar los fondos aportados por los consumidores, por medio de figuras financieras que no permitan a los desarrolladores usar estos fondos que no sean para otra cosa que el pago de la casa. En este sentido, se valoran figuras como la de fideicomiso, seguros de caución y otros.
Los afectados por Casas Vita han acudido tanto a la vía civil como penal. Por estos casos, el propietario de la empresa, de apellido Villagra, cumple prisión preventiva y otras 5 personas son investigadas pero poseen otro tipo de medidas cautelares.
