Abreviados acelerarían extradición de Celso Gamboa, pero él tendría que aceptar cargos en Costa Rica 

 

Celso Manuel Gamboa Sánchez, exmagistrado y exministro, debe afrontar primero dos causas penales en Costa Rica antes de ser extraditado, según lo determinó el Tribunal Penal de San José.

Por ello, la Fiscalía General busca alternativas para agilizar estos procesos y, con ello, su entrega a Estados Unidos. La opción que más se baraja es acordar procedimientos especiales abreviados.

Estos constituyen un mecanismo procesal mediante el cual el acusado acepta los hechos que se le imputan a cambio de que el fiscal solicite una pena reducida. Se trata de una alternativa al juicio oral con el cual el acusado renuncia al derecho a escuchar y discutir la prueba, admite su legitimidad y negocia una pena que le resulte beneficiosa.

No obstante, esta vía requiere la voluntad de Gamboa, ya que implicaría que él acepte la culpabilidad por los delitos que se le imputan en Costa Rica.

Si, por el contrario, decide apelar y continuar con el proceso regular de extradición hasta el final, y someterse a los procesos penales pendientes en condiciones normales, habría que esperar meses o años para ejecutar la extradición diferida hasta que estos concluyan.

Esto implicaría procesos de apelación en caso de ser sentenciado o incluso recursos de casación, que pueden tardar mucho en resolverse. Así lo explicó el fiscal general de la República, Carlo Díaz, quien afirmó que de entrada Gamboa estaría dispuesto a negociar.

"Nosotros no vamos a prescindir de ninguna persecución penal de momento. En la audiencia preliminar como en cualquier otra audiencia y también viendo el tipo de delito, se pueden presentar salidas alternas.

Incluso, se pueden generar procedimientos abreviados: que él acepta los hechos, se le impone una pena que puede ser disminuida de la mínima y quedaría ya esa sentencia en firme. Situación similar podría valorarse en la que va para juicio. 

Es eso lo que se está buscando de alguna manera para agilizar, pero reitero que depende de la voluntad del extraditable, si don Celso no tiene esa voluntad, el procedimiento va a seguir hasta que se dé la extradición como se aprobó, diferida. Este es un proceso inicial de negociación", indicó Díaz.

Para conseguir este acuerdo, el extraditable tendría que aceptar recibir algún tipo de beneficio en Estados Unidos, no en Costa Rica. De momento, el Ministerio Público costarricense no desechará ninguna causa contra Gamboa.

El fiscal general ha sostenido conversaciones directas con la Administración para el Control de Drogas (DEA) para abrir negociaciones, y en ese contexto, el exmagistrado podría lograr alguna reducción de pena o beneficio carcelario que agilice su entrega.

"El beneficio lo tendría que negociar él directamente con la DEA, por eso es una cuestión que depende mucho de la voluntad de él y qué pueda obtener él con las autoridades jurisdiccionales de Estados Unidos. Esto es parte de estos procesos.

Ustedes ven que mucho proceso norteamericano se basa en este tipo de negociaciones y eso es de alguna manera lo que se pretende agilizar. Eso es lo que queremos transmitirle de parte tanto de la Fiscalía General como de la DEA. 

Eso implicaría tener otro acercamiento donde también esté la DEA y que ellos puedan exponerle algún tipo de situación a don Celso que le signifique algún beneficio", añadió el jefe del Ministerio Público.

¿Aceptará?

El pasado viernes, durante un juicio por documento falso del que resultó absuelto, Gamboa se refirió a su extradición y dijo que le tomó por sorpresa que fuera aprobada. Tras reunirse con el fiscal, dejó entrever que posiblemente no volvería a estar ante un tribunal en Costa Rica.

"La excitativa a todos los que me están escuchando el día de hoy que puede ser mi última aparición ante un tribunal de justicia costarricense, que el respeto del derecho de las personas privadas de libertad es fundamental porque no saben y no sabemos cuándo vamos a pasar de una persona libre común y corriente a estar en una prisión costarricense", señaló el extraditable.

Según el fiscal general, Gamboa estaría abierto a mantener conversaciones. Las autoridades costarricenses y estadounidenses saben que dependen de su voluntad para acelerar o mantener a ritmo lento su extradición a Dallas, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico internacional.

El fiscal general se reunió con Gamboa para buscar un acuerdo respecto a las causas penales que enfrenta en Costa Rica, con el objetivo de que acceda a agilizar su traslado a la Corte del Distrito Este de Texas.

Uno de los casos en nuestro país está otro está programado para 2026, y el segundo aún no ha tenido la audiencia preliminar. De 2 ya salió absuelto. Si los casos concluyen rápidamente, independientemente de si es condenado o no en Costa Rica, podría ser entregado a EE. UU. para ser juzgado allá o hasta cumplir condena, y luego regresar al país si fuera necesario.

Si Gamboa no accede, su estancia en Costa Rica podría prolongarse, dado que el proceso penal solo finaliza con una absolución o sentencia en firme; habría que esperar el resultado de cada juicio y considerar posibles apelaciones, un proceso que podría tardar años.

¿Y si lo condenan?

Si acepta un procedimiento especial abreviado, recibiría una condena, aunque menor. En ese caso, según el tipo de extradición aprobada, sería remitido a EE. UU., y al concluir el proceso allí, regresaría a cumplir pena en Costa Rica.

El abogado Esteban Córdoba, exjuez penal de la República, explicó que el Tratado de Extradición con Estados Unidos permite este escenario:

"Esto generaría una posibilidad de que cuando alguno de los costarricenses que está esperando, cuando se defina su situación jurídica nacional, es decir al enfrentar juicios en territorio costarricense aunque sean condenados.

Pueden ser entregados al gobierno solicitante y cuando terminen de descontar en territorio extranjero, puedan regresar a territorio nacional a finalizar el plazo de su sentencia", detalló el exjuez.

Uno de los casos está relacionado con hechos ocurridos en 2018, cuando Gamboa intentó frenar su destitución como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Según la acusación, los exdiputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Marco Vinicio Redondo y Marcela Guerrero recibieron llamadas y mensajes de Gamboa para que no asistieran al plenario y así impedir el quórum necesario.

Minutos antes de su destitución, el exmagistrado ofreció "renunciar por las buenas", alegando que se marcharía a México a trabajar en Google como gerente de seguridad, versión que la empresa desmintió públicamente.

La audiencia preliminar, prevista para setiembre, se reprogramó para noviembre. El otro juicio, por cohecho propio, está programado para el 30 de enero de 2026 (expediente 17-000015-033-PE).

Surgió de una denuncia sobre su actuación en 2017, cuando presidió la sesión de la Sala III que desestimó la causa contra los exdiputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, acusados de tráfico de influencias a favor de Juan Carlos Bolaños, principal encausado en el caso Cementazo.

Durante los últimos años, la agencia que investiga este caso determinó que Gamboa habría colaborado con otros cabecillas criminales y cárteles internacionales para trasladar cargamentos de cocaína desde Sudamérica, pasando por Centroamérica, con destino final a Estados Unidos.