Acción de inconstitucionalidad es otro de los escollos de la vía a San Carlos
Vecinos llaman a los magistrados a dar prioridad a este caso

La construcción de la vía empezó en el 2005, a manos de una empresa taiwanesa. (Imagen cortesía de la Asociación Carretera a San Carlos)
La presencia de un humedal en uno de los tramos de la carretera a San Carlos mantiene en vilo a vecinos e instituciones del Estado.
Una acción de inconstitucionalidad de carácter ambiental, presentada en agosto del 2016, es otro de los temas inconclusos que también podría frenar la construcción de la vía Sifón-La Abundancia.
El expediente 16-012068-0007 CO se encuentra en trámite en la Sala Constitucional y, hasta no tener una resolución por parte de los magistrados, los requisitos no estarán finiquitados.
Así lo confirmó Pablo Contreras, gerente de Construcción de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), quien explicó que tener los permisos ambientales de todos los tramos restantes, es indispensable para tener la aprobación de la adenda número 8.
Además la no resolución de esta gestión imposibilita intervenir uno de los sectores, conocido como la línea de la Culebra, en Buena Vista de San Carlos, zona donde está el humedal.
Este sector podría medir entre 200 y 300 metros, estimó Contreras. Por eso los vecinos de la zona urgen a los magistrados a darle prioridad a este caso.
"Aunque estuviera toda la carretera lista (…) si los magistrados no resuelven este recurso no se puede tocar la línea de la culebra, lugar donde hay un espejo de agua", reseñó Patricia Romero, presidenta de la Asociación de Pro Carretera Norte.
El grupo se reunión con la Contralora General de la República, Marta Acosta, la semana pasada.
Otra mancha en la tortuoso proceso que acumula más de una década, es el polémico audio filtrado en el cual se habla de irregularidades en la construcción de la vía.
Polémico decreto
Los ambientalistas Allan Astorga y Álvaro Sagot presentaron la acción de inconstitucionalidad contra el decreto que autoriza la intervención controlada de humedales para construir obras de infraestructura en el territorio nacional. La directriz entró en vigencia en el 27 de junio del 2016.
Sin embargo no es la primera vez que este humedal genera polémica.
El 17 de diciembre del 2014, Javier Cambronero, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), presentó una denuncia penal por un supuesto daño ambiental en la misma zona.
Sin embargo, casi un año después, el entonces fiscal general, Jorge Chavarría, desestimó la querella, aduciendo que de acuerdo con los expedientes técnicos no existió ningún deterioro.