Acusación: Exdirector mintió al decir que Celso Gamboa visitó Policía Fiscal cuando debía ir a Tribunal de Cartago
Irving Malespín Muñoz, exdirector de la Policía de Control Fiscal (PCF), habría incurrido en el delito de falso testimonio al manifestar en un documento oficial que el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez lo visitó a finales de 2019 y que estaba realizando diligencias en esa institución, cuando en realidad debía presentarse ese día en los Tribunales de Cartago.
Así lo determinó la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos en la acusación que dio pie al juicio que ambos abogados afrontan este jueves. Según el Ministerio Público, los hechos se remontan al 3 de octubre de 2019.
Para ese entonces, Gamboa ya estaba fuera de la función pública y se dedicaba al litigio como abogado privado. Tenía como cliente a Bastos Herrera, señalado de narcotráfico, a quien debía defender ese día en una audiencia en el Tribunal Penal de Cartago, donde se discutiría la prisión preventiva.
El exmagistrado no se presentó a defender a su cliente, pero justificó su ausencia señalando que estaba en otra diligencia judicial. Por ello, el Tribunal de Cartago le otorgó un plazo de 24 horas para presentar por escrito la justificación.
Ese día, Malespín habría aprovechado su condición de funcionario público para confeccionar un documento público y auténtico denominado "constancia de asistencia", en el que se indicaba que Gamboa Sánchez había permanecido en las oficinas de la Policía de Control Fiscal revisando el expediente PDF-EXP-2301-2019, tramitado por contrabando.
Según la Fiscalía, estos hechos son falsos y provocaron un perjuicio a la administración de justicia, ya que fue necesario programar una nueva audiencia de apelación, lo que retrasó el proceso penal y generó un gasto de recursos estatales, como el traslado de detenidos y la asistencia de jueces y fiscales de la República.
Posteriormente, el 4 de octubre de ese año, Gamboa utilizó esa constancia falsa confeccionada por el exjefe policial y la presentó al Tribunal Penal de Cartago para justificar su inasistencia a la audiencia señalada para el 3 de octubre de 2019.
De esta forma, el Ministerio Público concluyó que Gamboa y Malespín son responsables del ilícito que se les atribuye.
Reproches de la Fiscalía
El Código Penal sanciona con hasta seis años de prisión a quien falsifique total o parcialmente un documento público o auténtico de modo que pueda causar perjuicio, agravándose la pena en caso de que el autor sea funcionario público.
La Fiscalía reprochó la conducta de Malespín Muñoz, quien confeccionó un documento público que pretendía probar un hecho falso, con las formalidades de un documento oficial, pues contenía el membrete de la Policía de Control Fiscal y el sello de dicha oficina estatal.
En este caso, se trata de un documento que en su formato podía ser auténtico, pero en su contenido era falso, ya que Malespín Muñoz introdujo hechos inexistentes al indicar que Gamboa Sánchez se había presentado a su oficina el 3 de octubre de 2019. La prueba desmiente esa versión.
Según la ley, la falsificación de un documento debe ser capaz de causar un perjuicio. El engaño consiste en hacer creer a un grupo de personas que lo indicado en el documento es cierto, lo que constituye el potencial perjuicio.
La legislación también castiga el uso de un documento falso cuando se conoce su falsedad y se utiliza con la intención de probar un hecho inexistente o deformar la realidad para engañar a terceros, causando perjuicio.
Lo sancionable no es la mera posesión del documento, sino su empleo con la finalidad para la que fue creado. En este caso, la conducta desplegada es independiente de la del falsificador, pues Gamboa utilizó el instrumento escrito para demostrar hechos que no sucedieron.
De esta manera, la conducta de Gamboa Sánchez encaja dentro del tipo penal correspondiente, además de quebrantar la antijuridicidad al violentar el bien jurídico tutelado.
En el proceso, Gamboa actuaba como abogado defensor de un acusado de narcotráfico que se encontraba en prisión preventiva. En ese contexto, presentó un recurso de apelación contra la resolución del juez de primera instancia.
El Tribunal emplazó a Gamboa para que justificara su ausencia, y fue entonces cuando utilizó la constancia emitida por Malespín Muñoz, quien, en su condición de funcionario público, insertó dentro de un documento oficial un hecho falso, asegurando que Gamboa estaba en su despacho revisando un expediente por contrabando.
Esa afirmación fue utilizada por Gamboa con el único fin de engañar al Tribunal Penal de Cartago, a las partes del proceso e incluso a su propio cliente, según la Fiscalía La maniobra hubiera surtido efecto, de no ser porque la Fiscalía detectó la falsedad y aportó pruebas que demostraron que Gamboa nunca se presentó en las oficinas de la PCF en Zapote.
La conducta de Gamboa provocó que el juez lo separara de la defensa y declarara sin lugar el recurso de apelación, en detrimento de su cliente y en perjuicio de la administración de justicia y la fe pública, debido al gasto generado por audiencias que no se realizaron a causa de su actuación indebida.
Las conductas desplegadas por ambos imputados quebrantaron tanto el deber de probidad que rige a un funcionario público como la ética que debe observar un abogado defensor. Con sus acciones, pretendieron engañar a un juez de la República mediante hechos falsos, lo que evidencia el desprecio que mostraron por sus profesiones y las instituciones que representaban, según la Fiscalíla.
Irving Malespín se desempeñó como director de la Policía de Control Fiscal desde el 1.º de julio de 2014 hasta el 16 de febrero de 2020.