Agencia Espacial aún no despega: Estas son las causas del retraso

(CRHoy.com).-A pesar de que su creación se anunció con bombos y platillos y extensos discursos, lo cierto del caso es que la Agencia Espacial Costarricense (AEC) sigue sin despegar.

La AEC se creó en la administración pasada en medio de dudas sobre su financiamiento y funciones. Incluso en la actual legislatura también ha sido objeto de críticas.

La Ley 9960 impulsada por la exdiputada liberacionista Aida Montiel, se promulgó el 22 de marzo del 2021. Su Consejo Directivo sesionó por primera vez el 5 de agosto del año pasado y desde entonces se ha reunido 4 veces más, la última en febrero pasado, la próxima sesión será el próximo viernes 23.

Pero más de año y medio después de esa primera reunión, sigue sin que se nombre su director ejecutivo, pese a que la legislación daba un plazo de 30 días tras la instalación del Consejo; ahora se deberá realizar una nueva convocatoria pública para definir el nombramiento, luego de que durante la administración anterior el concurso se declaró desierto, dado que no se recibieron aplicaciones que cumplieran con todos los requisitos para el puesto establecido.

En términos generales, la Agencia no funciona, carece de recursos como instalaciones, personal, equipos y presupuesto.

Sin embargo, según el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), rector de la entidad, "se está dando cumplimiento a una serie de procesos claves, para así poder dotar a la AEC de los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento".

Además, la ley establece en su Transitorio VIII que el "Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro del plazo de seis meses, contado a partir de su entrada en vigencia", pero un año después de que tenía que estar lista (setiembre del 2021), esta reglamentación no existe.

Consultado al respecto, Micitt justificó que "aún hay varios procesos activos para dar el debido cumplimiento a dicha disposición, incluyendo la consulta pública; ya se cuenta con un borrador del reglamento, el cual es producto de las mesas de trabajo que el Micitt organizó con representantes estratégicos del sector espacial del país".

Entre dichos procedimientos se encuentran la misma reglamentación que debe estar equiparada con la Ley 9770  Creación del Registro de Objetos Espaciales; el proceso para nombrar al director ejecutivo; la conclusión de la fase de la elaboración del Plan Estratégico y la definición del Programa Nacional de Actividades Espaciales; finalmente, la incorporación al Sistema de Compras Públicas (SICOP) del Estado, en atención de la entrada en vigencia de la Ley Nº 9986.

Por otro lado, el Transitorio VII determinó que a partir de la publicación de la ley, se le otorgaba al Micitt en conjunto con el Ministerio de Hacienda, el plazo de un año improrrogable para que cuente con los estudios financieros sobre el aporte de las instituciones del sector público no financiero.

Sin embargo, a la fecha estos estudios siguen pendientes. El Micitt manifestó que durante la actual administración se remitió a Hacienda el oficio número MICITT-DM-OF-656-2022, en el cual se solicitó el monto del presupuesto que le corresponde a la AEC y los estudios financieros requeridos.

Asimismo, se recibió el oficio número STAP-1244-2022, el cual establece las obligaciones que la AEC tiene como entidad dentro del ámbito de la Autoridad Presupuestaria.

Sin rumbo fijo…

Desde el nacimiento de la Agencia Espacial Costarricense durante la administración Alvarado Quesada, ha sido blanco de fuertes críticas.

Por ejemplo, la Contraloría General de la República (CGR) cuestionó el financiamiento. 

El ente contralor envió el oficio DFOE-PG-0307 en junio del 2020 a la Asamblea Legislativa como respuesta a consultas hechas por legisladores de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, que tramitó y dictaminó afirmativamente la iniciativa de ley.

En aquella oportunidad, la CGR llamó la atención sobre la importancia de contar con un análisis técnico que fundamentara la viabilidad y conveniencia de crear la AEC, "aspecto que resulta de la más alta relevancia en el contexto fiscal del país, agravado por los efectos provocados por la pandemia".

… y sin fondos

En cuanto a fondos, el Transitorio VI de ley establece un aporte obligatorio para las instituciones del sector público no financiero, únicamente durante los primeros 5 años, después de ese plazo, la entidad deberá ser autosostenible económicamente.

"Las instituciones deberán transferir un 0,4% del superávit libre liquidado al final del período económico anterior. Al final de dicho período, esta obligación se extinguirá, quedando facultadas todas las instituciones del sector público no financiero a realizar aportes a la Agencia Espacial Costarricense, de conformidad con sus finanzas y por convenio interinstitucional", señala la ley, monto que según estimaciones de la exlegisladora Aida Montiel equivaldría a más de ¢13.550 millones.

Pero en la actual legislatura, la entidad ha sido objeto de discursos en contra por el origen de su contenido presupuestario.

Tal es el caso de Jorge Dengo, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), quien cuestionó la creación de instituciones como esta agencia.

"Una de las cosas en particular que me llama la atención y que creo que podemos hacer mucho desde la Asamblea Legislativa es la creación de nuevas instituciones, según la Contraloría, entre el 2018 y el 2022 se crearon 14 nuevas entidades, entre ellas la Agencia Nacional de Gobierno Digital y la Agencia Aeroespacial, la cual no tiene contenido económico para funcionar.

Sin embargo, la ley de creación sí establece que el Micitt tiene que buscar de los excedentes de las empresas públicas, cómo financiar esta agencia que bien puede ser un departamento dentro del Micitt mismo, pero en su lugar se creó más burocracia, pareciera que se hizo una ley a la medida de alguien y sin pensar en el impacto económico que tendría para el país", manifestó Dengo.

La legislación también exige que la AEC se instale en el Centro Espacial (el cual tampoco existe), necesariamente ubicado en la ciudad de Liberia, Guanacaste, en un terreno ya sea adquirido por el Estado o donado.