Alcalde de Garabito ordena retiro de estructuras en zona marítimo-terrestre de Punta Leona
Con un plazo de ocho días, la Municipalidad de Garabito solicitó al Hotel Punta Leona la eliminación de algunas construcciones que, según indican, estarían invadiendo el espacio público.
El alcalde del gobierno local, Francisco González, conversó con CR Hoy y explicó que se trata de un proceso para liberar el área pública en la zona marítimo-terrestre en distintos puntos del cantón, entre ellos Guacalillo, Herradura y Playa Blanca. Además, afirmó que esta decisión se basa en denuncias de vecinos de la comunidad y en lo establecido en la Ley 6043, también llamada Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre.
"Es un mandato de la Ley 6043, que indica que estos espacios deben ser públicos. No hace falta que alguien denuncie, pero sí existen bastantes quejas de ciudadanos preguntando por qué esa playa está privatizada, principalmente por qué no tiene acceso. La ley dice que no solo deben ser públicos estos 50 metros, sino también accesibles para cualquier persona", señaló el alcalde.
Debido a esto, indicó que funcionarios municipales se apersonaron al hotel para medir y detectar cuánto se estaba invadiendo el territorio.
"En ningún momento llegamos con tractores, martillos, maquinaria ni mazos. No fuimos a demoler ninguna aguja. Llegamos con todo el respeto. Más bien, ellos se mostraron un poco agresivos, pero nosotros somos la autoridad. No teníamos que botar nada. Ellos debían abrir, como lo hicieron, y permitirnos ingresar al área pública, que era lo que buscábamos en ese momento: conocer, ver qué había ahí y determinar si era prudente medir o si era fácil detectar cuánto estaba ocupado", detalló.
Sin embargo, aclaró que será necesaria la intervención del equipo topográfico de la Municipalidad para marcar hasta dónde llegan los 50 metros, porque, según dijo, "ni ellos saben dónde empieza su propiedad, porque parece que todo es una sola zona".
González afirmó que este jueves 10 de julio vence el plazo otorgado al hotel para realizar los cambios solicitados. De no hacerlo, el gobierno local analizará si procede con la demolición o si se concede otro tipo de acceso.
"Por ser dueños de una finca que rodea el acceso, tienen por ley que permitir el paso. Además, construyeron una calle en el área pública. Entonces también se debe revisar por qué construyeron esa vía, que claramente debió hacerse sin permiso. Y bueno, básicamente negociar si la usamos todos o si se demuele, porque si la quieren con fines privados, no puede pasar por el área pública", destacó.
Según explicó, la intención es liberar el espacio que estaría privatizado y garantizar el acceso a cualquier persona que desee ingresar a la playa sin impedimentos.
"Tenga discapacidad, sea adulto mayor o un niño, cualquier persona debe poder entrar fácilmente. Ya sea por la calle que utilizaríamos con los 50 metros de propiedad privada, más la calle que ellos construyeron en el área pública, o bien mediante un paso peatonal en el área pública, donde pueda pasar una silla de ruedas y así garantizar el acceso a la playa, que es pública", puntualizó el alcalde.
Hotel responde
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la administración del Hotel Punta Leona manifestó su "más profunda preocupación ante las intenciones manifestadas por el alcalde de Garabito de ingresar por vías de acceso privadas y demoler infraestructura legalmente construida dentro de propiedades tituladas". Esto, luego de que, según el comunicado, el alcalde "pretendió inicialmente que se derribara la aguja colocada en una propiedad privada de Punta Leona y terceros, sin mediar procedimiento administrativo alguno".
"Se le informó que no se procedería conforme a sus intenciones, y mucho menos sin una orden, pues se trataba de una propiedad privada. Cualquier intento de violentar o quitar la aguja iría en contra del derecho a la propiedad privada, por lo que deberían responder por esos actos.
Ante esta situación, el alcalde cambió su discurso y solicitó que se le permitiera ingresar para realizar una inspección municipal en una infraestructura ubicada dentro de la propiedad privada. Durante la inspección, manifestó verbalmente —sin ningún tipo de documentación legal que respaldara sus intenciones— que otorgaba un plazo perentorio de ocho días para remover infraestructuras en la zona y espacios que él insiste en calificar como ‘públicos', aunque en realidad forman parte de propiedad privada debidamente titulada", detalla el comunicado.
La administración del hotel señala que "cualquier intento de ingresar por la fuerza o de demoler edificaciones" por parte del gobierno local violaría el artículo 45 de la Constitución Política, que establece:
Artículo 45. La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. Por motivos de necesidad pública, podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.
"Punta Leona reitera que todas las edificaciones e infraestructura que se pretende intervenir están dentro de propiedad privada, y así lo confirma la documentación técnica, jurídica y registral necesaria para demostrar la legitimidad de sus derechos. Cualquier acción arbitraria en este contexto podría acarrear consecuencias civiles, penales y administrativas, tanto a título institucional como personal, para quienes la ejecuten o respalden.
Quienes promuevan estas acciones pueden tener la certeza de que se utilizarán todos los mecanismos legales disponibles para proteger las propiedades, tomar acciones y asegurar que no se permita ningún tipo de violación a la ley. Nuestro compromiso con la seguridad jurídica, la paz social y el desarrollo sostenible del país es inquebrantable", amplía el comunicado.
Asimismo, reiteraron su disposición al diálogo con el municipio e hicieron un llamado al "respeto de la legalidad, la convivencia democrática y la seguridad jurídica, elementos esenciales para el bienestar de las comunidades, el desarrollo económico local y la confianza en nuestras instituciones".
