Alvarado defiende exclusión de regla fiscal en CNP, INA y MEP para gastar ¢104 mil millones más

 

(CRHoy.com) El presidente Carlos Alvarado salió en defensa de la decisión de su Consejo de Gobierno de permitir la exclusión del cumplimiento de la regla fiscal para el Consejo Nacional de Producción (CNP) y el Ministerio de Educación Pública (MEP) en el presupuesto del 2021 y para el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en los gastos que realizará en el 2022.

En el caso del CNP, el gasto se elevaría en ¢42.800 millones de lo permitido por la regla fiscal y en el MEP aumentaría en ¢41.500 millones; por su parte, en el INA el incremento sería de ¢20.000 millones, para un total de ¢104 mil millones. Así lo notificaron la semana anterior el presidente y el ministro de Hacienda, Elian Villegas a los diputados.

La decisión causó molestia en las bancadas de Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), que exigieron a los jerarcas explicaciones tras acusarlos de "gastar a manos llenas" a pesar del evidente deterioro de las finanzas públicas.

Este jueves CRHoy.com le solicitó al presidente Alvarado una explicación técnica de la decisión, que fue calificada por el propio mandatario como "sensata y entendible".

Según Alvarado, en el caso del CNP, se aprobó para que el cuestionado Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), continuara con la entrega de alimentación a centros educativos o policías y cárceles.

Hay criterios técnicos para sostener eso, también prácticos (…) en el primer año de la pandemia el CNP tuvo que incrementar su funcionamiento porque tuvimos que aumentar la repartición cuando se vino la parte más restrictiva, entonces tuvimos que aumentar su presupuesto y han venido creciendo las compras en el PAI, si no hacíamos ese aumento, hubiéramos dejado a muchos centros educativos, a policías y otros sin esos productos (…) de ahí deriva esa petición, tienen que ver parte por la pandemia y parte por el incremento del programa. Indicó Alvarado el jueves anterior.

El PAI ha estado en la mira de los diputados y sectores, por los supuestos sobreprecios que cobra en productos como huevos o frijoles, a instituciones como el MEP, Ministerio de Justicia y Paz o Ministerio de Seguridad, para alimentación de estudiantes, policías y privados de libertad.

En el INA, la "justificación técnica" del mandatario se centró en el otorgamiento de becas para desempleados. "Tiene que ver con la utilización del superávit que tiene el INA, estamos hablando de cerca de ¢20 mil millones, para ser implementados en becas, es decir, siendo el desempleo uno de nuestros principales problemas, entonces estaríamos usando esos recursos para capacitar o recapacitar a personas para incluirlos en el mercado laboral, esa es la justificación" agregó el mandatario.

En el caso de del MEP, el presidente prefirió delegar la respuesta a las autoridades de Educación. En la carta enviada la semana anterior a la presidenta del Congreso Silvia Hernández, indicaron que el dinero se utilizaría en la compra de implementos de limpieza e higiene en los centros educativos y darle continuidad al servicio de alimentación. Además de financiar la estrategia Regresar y el pago de servicio de conectividad a internet en diferentes centros educativos.

La regla fiscal es una herramienta aprobada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No.9635) en 2018, que establece un tope al crecimiento del gasto corriente de las instituciones dependiendo del nivel de endeudamiento del Gobierno Central y del crecimiento del producto interno bruto (PIB).

Para el 2021 ese tope al gasto se estableció en 4,13% y para el 2022 será aún más restrictivo, ya que la deuda pública superará el 70% en relación con el PIB y éste solo crecería cerca del 3.7% según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

"Es una decisión entendible"

El 27 de febrero del 2020, el segundo ministro de Hacienda de la administración Alvarado Quesada, Rodrigo Chaves y el mandatario, firmaron el decreto ejecutivo que establecían los parámetros para el cumplimiento de la regla fiscal.

Tres meses después, a finales de mayo, Alvarado buscaba a su tercer ministro de Hacienda, ya que Chaves renunció por tener "diferencias en temas políticos y temas técnicos".

En una carta, el entonces ministro (Chaves) y los dos viceministros de Hacienda del momento, le pidieron al mandatario que vetara la ley que aprobaron en el congreso, para excluir a las municipalidades de la aplicación de la Regla Fiscal. Esto no sucedió.

Ahora, ante las críticas de los diputados, Alvarado asegura que el levantamiento de la regla fiscal en el CNP, INA y MEP, es una decisión entendible.

"Son cambios derivados de emergencias y eso es lo que sustenta eso, hay que poner en la balanza, tanto los resultados económicos del Gobierno, como las necesidades de la población y en ese contexto no es un problema que va a ser único de nuestra administración, también para cualquiera que asuma las riendas en el año 2022" indicó.

El artículo 16 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, permite excluir del cumplimento de la regla fiscal en casos donde una emergencia nacional declarada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), implica una erogación de gasto corriente igual o superior al 0,3% del PIB.