Hermano de expresidente busca registrar plaguicidas amparado en polémico decreto de Solís
La empresa del hermano del expresidente Luis Guillermo Solís es la compañía que más plaguicidas busca registrar amparado en uno de los polémicos decretos que promulgó la Administración anterior.
Se trata del decreto 40.059 relacionado al registro de plaguicidas y con una gran cantidad de críticas por supuesta falta de fundamentos legales y técnicos por parte de la Defensoría de los Habitantes, Ministerios y por una auditoría interna del del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).
La Distribuidora Inquisa, cuyo gerente es Freddy Solís Rivera, aparece como la primera empresa en los registros del SFE para inscribir productos mediante la norma publicada a inicios del 2017.
Así lo muestran los datos del SFE. De hecho, Inquisa es la compañía que más trámites ha ejecutado ante la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación, según el documento disponible en la página del SFE. En total son 5 productos.
El SFE recalcó que bajo el decreto 40059 no se ha otorgado ningún registro a la firma Inquisa, pues las solicitudes están en proceso.
Consultado al respecto, Freddy Solís, gerente general de la empresa explicó que no se ha dado ningún registro a su favor y que por el momento las autoridades no han resuelto los procedimientos en trámite.
Además, Solís dijo que todas las solicitudes planteadas por Inquisa corresponden a productos que ya fueron registrados por otras empresas en el territorio nacional.
Él rechazó cualquier tipo de participación con una serie de decretos firmados por la Administración Solís Rivera, los cuales están relacionados con la actualización de plaguicidas.
El 8 febrero del 2017, el Semanario Universidad publicó un reportaje en el que se señalaba que el decreto Nº 39461-MAG solo podía ser aplicado en el país por 3 empresas que se encontraban bajo un régimen llamado de perfeccionamiento activo o zona franca.
Entre ellas destacaba Inquisa, cuyo gerente es el hermano del exmandatario. Ante esto Freddy Solís dejó claro que el tema regulatorio fue manejado directamente por la Cámara Nacional de Agricultura, su Comisión Regulatoria, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y el Gobierno de la República y negó cualquier participación.
Asimismo, Solís explicó que el sector empresarial sufre un rezago en el registro de productos desde hace más de 10 años, por lo que los agricultores ticos están con alternativas limitadas y perdiendo competitividad con respecto a países vecinos donde se comercializan nuevos productos.
Defensoría pide frenar norma
La Defensoría de los Habitantes interpuso un recurso de amparo contra el decreto ejecutivo denominado “RTCR 484:2016. Insumos Agrícolas. Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola. Registro, Uso y Control”.
En la acción se solicita que el decreto se declare inconstitucional en su totalidad.
La Defensoría considera que al registrar un producto, la información debe ser evaluada por el SFE, como autoridad competente, pero también por los Ministerios de Salud y el de Ambiente y Energía.
Además señala que no debería permitir que se use información referenciada de productos ya registrados para el registro de otros plaguicidas, sino que cada producto debe aportar la información propia que permita un análisis previo de los riesgos que representa para la salud humana y el ambiente.
Finalmente, la Defensoría considera que bajo el “principio precautorio”, se deberían valorar los riesgos que podría provocar un producto antes de que se registre y no después.
Lea la acción de inconstitucionalidad completa AQUÍ (Dar clic).
Respaldo de Fecon
Henry Picado, presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fencon) expresó que respaldan la labor de la Defensoría de los Habitantes.
"Quieren homologar productos sin pasar por el visto bueno del Minae y del Ministerio de Salud. Es peligroso porque esto no está pensado para países tropicales ni biodiversos", expresó. Picado incluso recordó que ya la Contraloría General de la República dio un criterio en donde invalidaba el tipo de registros.
El ambientalista llamó la atención por la importación 18,6 millones de agroquímicos durante el año 2017, según los datos del SFE.
Polémica entre entidades
La polémica por estos decretos quedó plasmada en el Estado de La Nación 2017, en donde los investigadores describieron la situación de la siguiente manera:
"Estos decretos han generado reacciones contrapuestas de los actores sociales e institucionales. Algunas instancias del MAG, la Cámara de Insumos Agropecuarios y varias asociaciones de productores agrícolas consideran positiva su promulgación; afirman que están amparados en instrumentos reconocidos en el Derecho comparado y por la FAO, y que agilizan el registro de nuevos plaguicidas, en beneficio de la producción nacional y de un mejor control ambiental.
Otros entes más bien han planteado cuestionamientos. Por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes (oficio DH-AC-0370 del 2017) se opone a la posibilidad − abierta por el decreto 40059-MAGMinae-S− de utilizar información de productos que ya están registrados, para el trámite de inscripción de nuevos plaguicidas que tienen alguna similitud, sin aportar un análisis propio de sus características. La Contraloría General de la República ha expresado inquietudes similares (oficio DFOE-EC-347 DFOEAE-2010) y la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (Digeca) del Minae se pronunció en contra de ambos decretos, con base en detalladas observaciones de carácter técnico".
