Proyecto de ley pondría en riesgo fuente de agua del Valle Central

En 1888, Costa Rica tomó la decisión de declarar inalienable una franja de terreno de miles de hectáreas en cerros en el sector de Volcán Barva. Los diputados de la época lo hicieron para proteger mantos acuíferos, áreas de recarga y descarga de estos, manantiales y nacientes. Aquí nace el agua que consumen miles de habitantes del Valle Central.

Sin embargo el logro de hace 130 años no fue consolidado con ordenamiento y en la zona conviven varios usos de suelo y hasta personas que tienen terrenos de forma ilegal. Un proyecto de ley quiere cambiar la forma de protección en cierta parte del área inalienable y hasta permitir construcciones, pero la Contraloría General de la República ya expresó sus preocupaciones.

El diputado William Alvarado propuso una reforma al Decreto Ley 65 de 1888. El plan se sigue bajo el expediente 20.511 en la Comisión Especial de Heredia. Son más de 6.871 hectáreas (más de 68 km²) ubicadas en Barva, Santa Bárbara y otros cantones. El 82% del área está dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo y la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central. Es decir, tiene 3 velos de protección nacionales, junto con la Ley de más de un siglo. También es zona de la biosfera declarada por la Unesco.

Además para resguardar:

• el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) estableció zonas de protección para la protección acuífera en microcuencas;
• el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) declaró la zona de "alta vulnerabilidad" y prohibió construcciones;
• esta Administración en el 2015 amplió el PN Braulio Carrillo
• y distintas municipalidades acordaron no otorgar permisos de construcción.

Movimiento humano en zona inalienable

El diputado William Alvarado propuso el proyecto. (Archivo CRH)

El proyecto de ley reconoce la importancia hídrica de la zona y señala que se debe "normar y regular un manejo responsable, eficiente y eficaz (…) en aras de un desarrollo sostenible". El diputado Alvarado llamó la atención a que en el área abarcada existen más de 900 planos catastrados, de fincas con distintos usos de suelo como casas de habitación y de recreo; producción lechera; plantaciones; turismo; y bosque natural.

Según el plan, el problema vendría cuando el Estado tome medidas que puedan afectar a dueños de tierra, en un área de conservación con particularidades, pues podría tener que realizar expropiaciones.

"El ordenamiento jurídico debe prever normas y procedimientos eficaces que preserven la calidad del recurso, y que a su vez prevengan y sancionen las conductas dañosas", señala el proyecto. El objetivo final es, a pesar de la normativa vigente de protección, asignarle una "categoría de manejo" a los terrenos ubicados en el límite sur de la zona inalienable.

William Alvarado aseguró que el proyecto busca ordenar la situación, ya que las propiedades en la zona inalienable deben pertenecer al Estado. Así solamente podrían mantener un terreno quienes demuestren ser dueños registrales, antes de 1888.

Sin embargo el proyecto sí propone una nueva forma llamada "zona protectora" para esos terrenos al sur del área. Alvarado reiteró que solamente se permitirán cambios en el uso de suelo a quienes demuestren que adquirieron su terreno antes de 1888.

Contraloría: riesgo de contaminación y falta de estudios

En San Rafael de Heredia hay bosques a las faldas de un cerro, incluido en el área protegida. (Imagen cortesía de Quirico Jiménez)

En enero pasado, la Contraloría – luego de que se consultara su opinión – expresó que "crear una zona protectora sujeta a usos condicionados de actividades de mediano o bajo impacto ambiental, conlleva un riesgo de contaminación que podría afectar la calidad de las fuentes de agua superficiales y subterráneas de acuíferos importantes para el abastecimiento de agua para consumo humano a la población".

Es una cuestión de ley, varias leyes, y la situación jurídica. El ente contralor recordó que la "declaratoria de la zona inalienable y el régimen jurídico aplicable, ha sido objeto de revisión y análisis en la vía jurisdiccional constitucional y legal ordinaria".

La Sala Constitucional ordenó su delimitación y amojonamiento, para mejor protección. Incluso la zona declarada inalienable entra en el llamado Patrimonio Natural del Estado que define la Ley Forestal. Así los terrenos son "inembargables e inalienables". Y están las limitaciones constructivas emanadas desde acuerdos municipales.

El proyecto de ley pretende modificar límites y excluir los sectores del sur del área inalienable, transformándola en la "Zona Protectora Acuíferos Barva y Colima Superior". La Contraloría llamó la atención que el cambio permitiría la "construcción de proyectos urbanísticos de baja densidad de población, industrias no peligrosas, viviendas unifamiliares, condominios y otras actividades condicionadas como canteras".

Además consideró que "la desafectación de esta zona inalienable, con el consecuente riesgo de contaminación y afectación del recurso hídrico que proporcionan los acuíferos Barva y Colima Superior, amerita un respaldo en estudios técnicos que justifiquen esa medida", estudios que no presenta el proyecto.

"El acto de desafectación y cambio a una categoría menos rigurosa debe estar motivado en las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, lógica y conveniencia, conforme lo dispone el artículo 16.1 de la Ley General de la Administración Pública", reiteró la institución. En otras ocasiones luego de 1888 el Poder Ejecutivo optó por no aumentar la franja protegida.

El diputado Alvarado mencionó que la Contraloría podría entender mal el proyecto o estar equivocada. Aunque el proyecto no adjunta estudios, el congresista del Partido Unidad Social Cristiana, dijo que sí existe un respaldo con estudios de Senara y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

El agua cerca

La zona inalienable comprende 2 kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán Barva, desde el cerro Zurquí hasta el Guararí. (Haga clic para conocer detalles)

"Ley no es necesaria"

La Contraloría también cuestionó que se determinara un canon para el Minae, sin determinar el fin del ingreso. (Archivo CRH)

Quirico Jiménez, coordinador de la la Unidad Ambiental de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), aseguró que en 1888 se logró con "sabiduría" un hito "importantísimo", al tener la segunda área protegida en el mundo después de Yellowstone. Por eso comparte la decisión de total conservación de los mantos acuíferos más importantes del Valle Central.

Sin embargo Jiménez señaló que durante años hubo olvido tras pasar la Ley. Por eso terrenos fueron inscritos a nombres de terceros y hasta desaparecieron mojones que marcaban los límites alrededor de 1950. "El Estado fue irresponsables al no proteger el sitio, a sabiendas que los terrenos eran inalienables", dijo el ingeniero.

El dilema se ha mantenido en una zona frágil y vital para el agua que se consume en el Área Metropolitana. En la parte sur, más del 15%, tiene comunidades y construcciones. Jiménez, también exdiputado, afirmó que el Estado, con el Minae y la Procuraduría, deberían hacer estudios para determinar el estado de ciertas propiedades y saber si se inscribieron de forma legal.

Pero el Coordinador de la Unidad Ambiental de la ESPH si compartió la preocupación de que un cambio en la ley, podrían permitir construcciones y contaminación. Por eso consideró que debe mantenerse la zona inalienable y buscar otras alternativas para ordenar. "La ley no es necesaria", aseguró.

Actualmente la Municipalidad de Barva no permite construcción, visados, uso de suelo y ningún crecimiento urbano en la zona. Pero el propio Departamento de Bienes Inmuebles, Catastro y Valoración admite que es complejo, por dueños que dicen tener registro de propiedad y la falta de certeza de quiénes lo lograron antes de 1888.

Lusi Fernando Salas, encargado de ese órgano, mencionó que están trabajando la propuesta de Plan Regulador para el cantón, que no tiene. Ante la complejidad en delimitar la zona alienable, el municipio mantendrá la misma posición de no permitir construcciones en el eventual Plan, que apostará por la zonificación.

Por el momento la Asamblea Legislativa convocará al Minae y otras autoridades para continuar la discusión del proyecto de ley.