ANULÓ ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE INCOPESCA QUE PERMITÍA EMITIR UNEVAS LICENCIAS DE PESCA DE ARRASTRE SEMI-INDUSTRIAL

Sala Constitucional anula intento del Gobierno por reactivar pesca de arrastre

Manuel Sancho [email protected] Marzo 16, 2018  5:31 pm

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  • Declaró con lugar 2 recursos de amparo

La Sala Constitucional frenó el intento del Gobierno de reactivar la pesca de arrastre.

Luego de estudiar 2 recursos de amparo, la Sala los declaró con lugar. Así anuló el acuerdo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), que dispuso autorizar el restablecimiento de la pesca de camarón por arrastre.

Los magistrados cuestionaron que las autoridades realizaron este acto “sin existir una ley y al margen de la Constitución Política”.

“Por mayoría se declara con lugar el recurso. Se anula el acuerdo AJDIP/474-2017 de las sesión 046-2017 del 10 de noviembre de 2017″, señaló la institución en un comunicado de prensa esta tarde.

El Poder Ejecutivo, con Luis Guillermo Solís a la cabeza, el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz y el presidente de Incopesca, Gustavo Meneses, han insistido en que el acuerdo era legítimo.

Además de reiterar que el permiso creado en el acuerdo es “muy diferente a las licencias de pesca de camarón que existían con anterioridad”, Incopesca aseguró que se cumple el fallo del 2013. Pero se concentra únicamente en las observaciones realizadas sobre la necesidad de disminuir la pesca incidental. Además no realizó estudios técnicos, como lo exigió la Sala en el 2013.

“La regulación de la licencia de pesca de arrastre de camarón debe realizarse mediante ley, como se indicó en la sentencia 2013-10540 de las 15:50 horas del 7 de agosto de 2013.

En su fallo del 2013, la Sala Constitucional prohibió renovar o emitir nuevas licencias. En el voto 10540-2013, los magistrados concluyeron que la pesca de arrastre viola 6 artículos de la Constitución, como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; la seguridad alimentaria del país; y el principio de desarrollo sostenible democrático.

Varios estudios ya determinaron que la mayoría de la captura de la pesca de arrastre no es camarón, sino otras especies,entre el 70% y el 97%). Se estima que entre 1950 y el 2014, 500 mil toneladas métricas de esos otros animales han sido devueltas al mar, del el 90% son peces pequeños capturados por la pesca artesanal.

“Se advierte a Gustavo Meneses Castro, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, así como a los miembros de la Junta Directiva de dicho ente, que deberán abstenerse de realizar nuevamente los hechos que dieron lugar a esta declaratoria, con la advertencia de incurrir en el delito previsto por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en caso de no hacerlo”, señalaron.

La Sala Constitución ordenó y a la la Junta Directiva de Incopesca, donde está sentado un emrpesario de pesca de arrastre semi-industrial:

  • tomar las medidas necesarias y oportunas para que se les brinde asistencia socio-económica a todas las personas en condiciones de vulnerabilidad, que dependan de la pesca de arrastre, mientras no se emita la ley referida en la sentencia
  • elaborar en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, un plan de asistencia socio-económica sobre este particular, sin poder autorizar, en ausencia de ley, nuevas modalidades de pesca de arrastre
  • coordinar ese plan de asistencia socio-económica

La Sala condenó a Incopesca al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados en el proceso.

Como lo informó CRHoy.com el 22 de noviembre, Incopesca nunca presentó estudios para respaldar la entrega de nuevas licencias. El propio Meneses admitió que no se realizaron, aunque defendió que era un “nuevo tipo” de pesca de arrastre, al tener un mapa de zonificación.

Solo se refirió a investigaciones hechas dentro del proyecto de Gestión Sostenible de la Captura Incidental en la Pesca de Arrastre en América Latina y el Caribe (REBYC II-LAC por sus siglas en inglés), que se realiza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Los magistrados aceptaron que la Asamblea Legislativa ha dejado pasar más de 4 años y no ha dictado la ley de regulación de la pesca de arrastre, conforme a los estudios técnicos.



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