ANEP alerta sobre crisis en AyA por presunta reestructuración irregular y despilfarro de fondos
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) advierte sobre una supuesta crisis que atraviesa el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), institución clave para garantizar el derecho humano al agua potable y al saneamiento.
Según el gremio, presuntas decisiones improvisadas, aparentes reestructuraciones irregulares y contrataciones poco transparentes ponen en riesgo la sostenibilidad de la institución y la prestación del servicio público.
Indicaron, además, que el AyA ha pagado más de 16 millones de dólares a la empresa Consorcio Aguas de Escazú, encargada de una "reestructuración fallida".
"La reestructuración institucional promovida por el expresidente ejecutivo Juan Manuel Quesada y la Gerente General, Alejandra Mora, ha sido calificada como un 'show político'. Además de no contar con sustento técnico ni legal.
Según un reciente informe de Acueductos y Alcantarillados en atención al oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0264-2025, solicitado por el diputado, Ariel Robles, luego de las denuncias de la Seccional ANEP-AyA, al Consorcio Aguas De Escazú GOTY S.A., ya se le han girado más de 16 millones de dólares por el Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética (RANC-EE) y la reestructuración en la institución, en el marco del contrato de préstamo BCIE 2129", advierten en la ANEP a través de un comunicado de prensa.
Despilfarro y gestión irregular, según ANEP-AyA
Para la seccional ANEP-AyA, la contratación del consorcio evidenciaría un manejo irregular de los fondos públicos y un despilfarro que afecta directamente al servicio. El gremio enumera los siguientes puntos:
- Contratación con irregularidades técnicas y administrativas.
- Sobreprecios injustificados que elevan los costos.
- Ejecución deficiente, sin mejoras sustanciales en el servicio.
- Pagos millonarios sin resultados concretos: más de 16 millones de dólares girados sin beneficios evidentes para la institución ni para la ciudadanía.
- Impacto en los usuarios: los gastos innecesarios se trasladan indirectamente a la tarifa del servicio.
- Conflicto de competencias: la empresa propuso la reestructuración institucional sin experiencia comprobada.
"Este caso refleja un despilfarro sistemático de fondos públicos, donde empresas privadas se enriquecen mientras los servicios esenciales se precarizan. A pesar de ello, las máximas autoridades, incluyendo la gerente general, Alejandra Mora, y la subgerente, María José Castillo, mantienen sus cargos sin rendir cuentas", agregó el sindicato.
Finalmente, la ANEP concluye que en el AyA persiste un uso inadecuado de los recursos públicos.
"Para la ANEP y su seccional en el AyA, ya es más que evidente que la reorganización constituye un ejemplo claro de despilfarro, improvisación y gestión irregular de fondos públicos. Por lo tanto, los responsables deben asumir las consecuencias de este nefasto proyecto", señalaron.
CR Hoy solicitó una reacción al AyA y contestaron que "la nueva Presidencia Ejecutiva se encuentra en el análisis del documento de reestructuración".
Otro sindicato también se pronunció
Días atrás el Sindicato de Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (SITRAA) también se pronunció tras el rechazo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a la propuesta de reorganización institucional del AyA.
De acuerdo con el sindicato, la decisión evidenciaría una falta de criterios técnicos y jurídicos en la aprobación del plan por parte de la junta directiva del AyA.
En una carta del 25 de agosto, el ministro del MOPT, Efraim Zeledón Leiva, señaló que "no resulta factible brindar el aval de reorganización parcial propuesta por parte de su representada, hasta tanto se subsanen los puntos pendientes señalados previamente".
El documento, dirigido a Lourdes María Suárez Barboza, presidenta del AyA, detalla que se procedió con el análisis de las dependencias incluidas en la propuesta, relacionadas con la modificación, creación o supresión de unidades administrativas.
SITRAA considera que se debe abrir un proceso de investigación para determinar la metodología utilizada para escoger a la empresa que elaboró la reorganización, así como las condiciones del pago pactado por el expresidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada.
