ANEP apela resolución relacionada con caso Barrenador
Este jueves a las 11:00 a.m., el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
La acción responde al fallo emitido en relación con el caso conocido como "Barrenador".
Vargas aseguró que la apelación está relacionada con la solicitud de medida cautelar presentada por ANEP en contra de la adjudicación de 138 Ebáis, que, según la organización, implica un proceso de "corporativización" y "privatización".
El dirigente sindical recalcó que este proceso legal no aborda el fondo del caso, y rechazó versiones de Rodrigo Chaves que afirman lo contrario.
"Esto apenas empieza, porque recordemos que hoy mismo se efectuaron allanamientos importantes que buscan establecer la real verdad de los hechos y desde la perspectiva de la que buscan establecer si efectivamente se pagaron demasiados sobreprecios por estas contrataciones que Casa Presidencial quiso o ha querido imponer", concluyó.
El caso
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó, en agosto de 2024, antes de los allanamientos del caso Barrenador, una solicitud de medida cautelar para que se suspendieran las adjudicaciones, lo cual fue rechazado por el juez. Cabe recordar que una medida cautelar es provisional y no resuelve la situación de fondo.
Las razones para rechazar la solicitud no son las mencionadas por el Gobierno, sino las siguientes:
ANEP no aportó las pruebas necesarias para demostrar que existieran sobreprecios, ya que se limitó a presentar, por medio de un dispositivo USB, una serie de noticias relacionadas con la contratación. De acuerdo con el fallo, "no constituyen documentos técnicos ni contienen información de respaldo que permitan verificar por parte de este Tribunal, que en efecto, la contratación se encuentra sobrevalorada".
Lo anterior no significa que no existiera nada irregular, tal y como lo mencionó el Gobierno, sino que, sencillamente, ANEP no aportó los estudios actuariales que se emitieron dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los cuales alertaban sobre sobreprecios.
Además, el juez ponderó el interés de ANEP en que se suspendieran los contratos, junto con el impacto que esto tendría en la comunidad. Se determinó que el perjuicio para las personas hubiera sido superior si se acogía la medida cautelar.
"Nos encontramos ante una contratación para la prestación de servicios en una cantidad considerable de Ebáis y Áreas de Salud por parte de las cooperativas y la asociación adjudicatarias, la cual ya se encuentra en ejecución; por lo que, de acceder a lo solicitado, implicaría que la CCSS deba retomar la prestación de los servicios adjudicados por su propia cuenta, lo que conlleva un proceso de transición que sin lugar a dudas generaría una afectación en la continuidad de los servicios de salud adjudicados, lo que sí incidiría directamente en el derecho a la salud y en la atención oportuna de las personas adscritas a las áreas de salud que fueron objeto de esta contratación", indicó el juez José Pablo Rodríguez como justificación para no acoger la medida cautelar.
La decisión tomada por el juez no significa que el caso Barrenador se haya cerrado. Los contratos que la medida cautelar pretendía suspender habían sido suspendidos por la Junta Directiva de la CCSS desde hace aproximadamente cinco meses.
