Aplicar decreto de ciberseguridad para 5G retrasaría 4 años desarrollo de red

Aplicar el decreto de ciberseguridad para 5G implicaría un retraso de al menos 4 años en el desarrollo de la red.

Así lo estima el estudio Evaluación del impacto económico de la exclusión de proveedores de las inversiones de la red 5G en Costa Rica, que establece por primera vez un cálculo del tiempo que se atrasaría el proyecto de interés nacional.

"La implementación del decreto podría traducirse en la necesidad de un incremento de inversión de aproximadamente $1.474,7 millones en un periodo de 5 años. Pero más allá del impacto monetario directo, esta situación podría generar un atraso en la implementación de la tecnología 5G, extendiendo la duración de su despliegue en hasta 4 años adicionales.

Estos retrasos, además de los costos adicionales financieros, pueden tener repercusiones en la competitividad del país y en la adaptabilidad de las industrias locales a las tendencias tecnológicas globales", señala el análisis realizado por Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe-UNA) de la Universidad Nacional (UNA).

De hecho, el Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores establece:

Artículo 11º. Medidas aplicables ante la identificación de riesgo alto

Cuando se identifique la presencia de alguno o varios de los parámetros de riesgo alto por parte de los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 de este Reglamento, quedará sujeto a la adopción inmediata de las siguientes medidas técnicas de ciberseguridad:

2) Llevar a cabo la sustitución de los equipos, productos y servicios de la red 5G y superiores cuando ello fuera necesario, para lo cual, deberá tener en cuenta la situación del mercado de los suministradores de hardware y software, las alternativas de suministro de equipos y productos sustitutivos viables, la implantación de esos equipos y productos en la red 5G y superiores, especialmente en los elementos críticos de la red, la dificultad intrínseca para llevar a cabo la sustitución de equipos, los ciclos de actualización de equipos, así como su impacto económico. En ningún caso, el plazo de sustitución de los equipos podrá ser superior a cinco años, contados a partir de la clasificación como de alto riesgo.

Gran atraso

Aunque esta es la conclusión a la que llega el estudio, no es el único que advierte sobre atrasos en el despliegue de redes de quinta generación en el país.

Entre los que lo indicaron antes está la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).

"Nos preocupa la incidencia de las medidas adoptadas y, en ese sentido, los impactos que estamos puntualizando en los costos y eventuales retrasos en el proceso hacia la ruta de 5G en Costa Rica, que incidirán negativamente en las inversiones, inhibiendo este mercado emergente; lo cual va en detrimento de la economía, las personas y las empresas", manifestó Infocom acerca de los retrasos en la implementación de este sistema de telecomunicaciones de última generación.

Y es que el Convenio de Budapest, que no tiene nada que ver con ciberseguridad, incluido en el Decreto Ejecutivo No. 44196-MSP-MICITT, impide a empresas basadas en países que no lo hayan firmado, participar como proveedores de infraestructura de telecomunicaciones para redes de quinta generación.