“Aquí no es nada seguro”: familias en precarios enfrentan alquileres impagables, enfermedades y riesgo constante de incendios

En el precario Los Huevitos, en Alajuela, Angélica Cruz Duarte, de 56 años, paga un alquiler de ₡100.000 por una pequeña casita en la que vive con su esposo, su hijo y dos nietas de 2 y 10 años. El único ingreso del hogar depende del trabajo ocasional de su esposo, quien arrastra problemas de salud desde un accidente que sufrió hace más de una década.

"Él trabaja de vez en cuando porque se quebró la tibia y el peroné hace 11 años, entonces no está bien de su pie. Él trabaja en construcción cuando puede. Solo tenemos ese ingreso y con eso tenemos que pagar el alquiler, la comida, etc.", relató Angélica.

La mujer asegura que nunca han recibido apoyo institucional.

"Lo único que me entra a mi hogar es el sueldo de mi marido. Nosotros no recibimos ayuda de nadie. Yo incluso ya he ido a solicitar ayuda en el IMAS y ya mi niña va a cumplir 11 años, pero no me ha llegado ninguna de esas ayudas".

Una situación similar enfrenta Yamileth Lucrecia Altamirano, de 49 años, también vecina de Los Huevitos. Ella vive con su esposo y una hija. Sin embargo, la enfermedad renal crónica de su pareja, quien se encuentra en etapa terminal y depende de diálisis tres veces al día, ha transformado por completo la dinámica familiar.

"Mi esposo no trabaja porque tengo que hacerle diálisis tres veces al día. Él está enfermo, tiene infección renal, está en quinta etapa, ya esa es etapa terminal. Yo tampoco trabajo porque lo cuido a él. Mi hija es quien nos ayuda", explicó Yamileth.

Con la voz quebrada, agregó que tampoco se siente segura en el lugar donde vive.

"Aquí no es nada seguro. Siempre se vive quemando este precario".

 Un riesgo que se repite

Las historias de Angélica y Yamileth reflejan la vulnerabilidad de miles de familias que viven en precarios en el país. El pasado 27 de julio, un incendio en una cuartería de Desamparados arrebató la vida a una madre y sus tres hijos, apenas tres meses después de que se mudaran allí al no poder seguir pagando un alquiler formal.

La tragedia dejó al descubierto, de la forma más dolorosa, lo que la Contraloría General de la República (CGR) advierte: los asentamientos informales son territorios donde la vida siempre está en riesgo.

De acuerdo con la institución, las familias que residen en precarios viven expuestas a constantes amenazas naturales y estructurales, entre ellas inundaciones, deslizamientos e incendios.

El informe revela que cerca de 170 de los 576 precarios del país (30%) están ubicados parcial o totalmente en zonas influenciadas por inundaciones, principalmente a causa del desbordamiento de ríos.

El estudio también señala que, desde 2008, más de 14.000 viviendas han resultado afectadas por emergencias, la mayoría vinculadas a fenómenos hidrometeorológicos.

Además, entre 2022 y 2024 se atendieron a nivel nacional 127 incendios estructurales en asentamientos informales, equivalentes al 4% del total registrado en ese periodo.

La Contraloría advierte que, de no tomarse decisiones podrían seguir aumentando la probabilidad de pérdidas humanas.

"Si no se toman decisiones ni se adoptan acciones fundamentadas en estos análisis, las personas y familias que habitan estos territorios seguirán enfrentando constantemente amenazas como deslizamientos, inundaciones, incendios y contaminación, que impactan directamente su bienestar y calidad de vida. Situación que, se verá agravada por la persistente falta de acceso a servicios básicos, la precariedad de las construcciones y la ausencia de infraestructura esencial, con probabilidad de pérdidas humanas y materiales", indica el documento de la Contraloría.

El informe señala además que no invertir hoy en prevención y soluciones definitivas significa pagar más mañana en atención de desastres, subsidios y pérdidas económicas.

"Desde la perspectiva de la Hacienda Pública, de persistir la situación expuesta, se mantendría un enfoque reactivo y fragmentado en la asignación de recursos públicos, en detrimento de soluciones estructurales, preventivas y sostenibles que garanticen un uso eficiente del gasto público. La inacción o la intervención tardía en estos territorios puede derivar en mayores costos por atención de emergencias, subsidios temporales y pérdidas económicas derivadas tanto de afectaciones en la salud pública como de la prestación de servicios básicos".