Asesor confirma que Brunner destituyó directamente a Junta Directiva del BN
Allan Moreira Gutiérrez, asesor del vicepresidente de la República, Stephan Brunner, confirmó este jueves que fue su superior quien tomó la decisión directa de destituir a los exmiembros de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
La afirmación la hizo durante la audiencia en la Comisión de Ingreso y Gasto Público en la Asamblea Legislativa.
La declaración contradice versiones ofrecidas en comisiones anteriores, en las que se había indicado que Brunner solo había recomendado la destitución y no fungió como agente decisor.
Ante una consulta de la diputada Andrea Álvarez, Moreira afirmó:
"Yo no destituí a nadie, porque quien tomó la decisión directa y exclusiva de destituir a los exmiembros de la Junta Directiva fue el señor vicepresidente de la República".
Asimismo, al ser interrogado por el diputado verdiblanco Francisco Nicolás, el asesor aseguró que tampoco fue él quien recomendó la destitución.
Contradicen a Brunner
En audiencias pasadas, los legisladores cuestionaron la decisión del Ejecutivo de remover a los directivos del BNCR sin contar con un informe técnico de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) que lo justificara.
Un reciente análisis elaborado por la División de Asesoría Jurídica de la SUGEF dejó sin sustento los argumentos de la Presidencia de la República para ejecutar la remoción.
El informe, firmado por tres abogados y dirigido a la superintendente Hazel Valverde, concluyó que no se detectaron violaciones a la normativa prudencial en el proceso de selección de Rosaysella Ulloa como gerente general del banco.
"No se identificaron transgresiones a la normativa prudencial en materia de gobierno corporativo, transparencia y objetividad, ni a los principios establecidos por la OCDE en el proceso de nombramiento del referido puesto", indica el documento.
Asimismo, el informe descarta que existiera algún quebranto a los principios de transparencia u objetividad durante el proceso.
Este pronunciamiento técnico debilita aún más la justificación legal del Ejecutivo para cesar a los exdirectores, quienes fueron señalados de presuntas faltas al principio de probidad, sin que exista respaldo técnico que valide esa acusación.
