Asesor de la Caja habría pedido “destruir” información de su correo electrónico en Caso Barrenador
Orden de allanamiento señala a asesor de la Caja y dos funcionarios de TI por borrar 300 correos
Allanamientos del pasado jueves a cargo del OIJ. CRH/Álvaro Sánchez
Un asesor de la gerencia médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de apellidos Herrera Barquero, habría solicitado "destruir" información contenida en la base de datos de su correo electrónico "a sabiendas de que su cuenta de correo electrónico institucional se encontraba deshabilitada por orden judicial".
Esto ocurrió, según la investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, el pasado 23 de setiembre del 2024 cuando un juez ordenó 28 allanamientos por el caso Barrenador y además la inhabilitación de los correos electrónicos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Como parte de esas diligencias fue detenida la expresidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, y varios de los miembros de la junta directiva.
El documento señala: "El sospechoso, a sabiendas de que su cuenta de correo electrónico institucional se encontraba deshabilitada por orden judicial, solicitó colaboración de los técnicos imputados, con la intención de modificar y destruir la información contenida en bases de datos de su correo.
Herrera Barquero fue indagado el jueves anterior tras un allanamiento que se realizó en su vivienda, en el condominio Valle Alto de Goicoechea. La Sección contra el Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, además, allanaron las casas de dos técnicos del departamento de Tecnologías de Información de la Caja y sus oficinas, ellos son de apellidos Villagra Obando y Céspedes López.
Herrera Barquero, asesor de gerencia de la Gerencia Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social, quien en apariencia habría colaborado en la elaboración de un análisis que recomendó adjudicar la licitación a las cooperativas que presentaron ofertas con "precios excesivos".
El Ministerio Público no descarta que algún jerarca o funcionario de alto rango de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ordenara eliminar más de 300 archivos relacionados con el caso Barrenador, el escándalo de supuesta corrupción ligado a una millonaria contratación para la administración de Ebáis.
Aunque el operativo seguía en curso y ya se habían inhabilitado las cuentas de correo de los funcionarios investigados, un perito de la Sección Especializada de Cibercrimen del OIJ informó que, al revisar la culminación del proceso de descarga, detectó que una de las cuentas de los sospechosos presentaba errores de sincronización.
Al examinar la bitácora, constató que se habían borrado al menos 300 archivos del correo electrónico, así como cuatro elementos eliminados en el sistema OneDrive, utilizado por instituciones públicas para el almacenamiento de documentos.
Miguel Ramírez, fiscal jefe de la Sección de Probidad del Ministerio Público, confirmó a CR Hoy que una de las hipótesis es que la eliminación de los archivos obedeciera a una directriz superior.
"Sí, claro que sí. Estamos en un sistema de función pública, hay jerarcas, oficinas de cumplimiento, oficinas de riesgo, adutoría, hay gerencias y juntas directivas. Si alguien dio la orden, podría ser que también estén dentro de esos sistemas que se borraron.
No se puede descartar que pudo haber alguien recibido una orden o directriz para hacerlo. Esa es una hipótesis delictiva muy clara y muy sencilla, eso no hay vuelta atrás.
Que pudo haber sido un error, una manipulación del sistema externo o podría haber ocurrido que fuera una manipulación de un funcionario con una directriz determinada.
Estamos viendo qué fue lo que ocurrió y si el sistema nos arroja, bajo los sistemas de ciberseguridad que tenga la Caja, la información adecuada para saberlo. Tal vez con esta información podamos dar dentro de unos meses una respuesta totalmente clara de qué fue lo que ocurrió, esa es la idea", explicó el fiscal.
Los tres imputados en el caso de los 300 correos electrónicos borrados quedaron en libertad sin medidas cautelares mientras continúa la investigación.
