Asociaciones de Consumidores acuerpan liberalización del arroz
(CRH)
La Asociación de Consumidores Libres (ACL) y la agrupación Consumidores de Costa Rica acuerparon este jueves la posición expresada por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) en la que pide al Ministerio de Economía que liberalice el precio del arroz, en beneficio de los consumidores.
De acuerdo con Juan Ricardo Fernández, presidente de la ACL, el análisis que hace Coprocom va en la vía correcta pues el subsidio que está detrás de la fijación termina convirtiéndose en transferencias de dinero de todos los consumidores a un grupo muy reducido de empresarios.
"Estas empresas absorben el 97% de las ayudas al sector. Es un grupo de interés muy ligado al poder político", señaló.
Fernández explicó que las personas más pobres destinan hasta un 8% de su ingreso solo al arroz, lo que convierte a la fijación del arroz en un impuesto sumamente regresivo. Además, encarece el costo de un bien de manera totalmente artificial.
"Las políticas de fijación de precios generalmente son para evitar que los empresarios abusen de su posición. Así se protege al consumidor. Pero en Costa Rica es al revés, se protegió a productores e industriales. Además funcionan como monopolio, por medio de Conarroz", afirmó.
Juicios seguirán
La ACL y Consumidores de Costa Rica han planteado varios juicios contenciosos contra la fijación del precio del arroz. Uno ya fue resuelto en contra el Estado, pero actualmente está en etapa de apelación.
"Es una verdadera irresponsabilidad que el Ministerio de Economía no sólo mantenga una fijación de precios perjudicial para el consumidor, sino que además penalice las ofertas y promociones en arroz en abierta contradicción con lo establecido en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, por lo que seguiremos con los dos juicios contenciosos administrativos que tenemos contra el MEIC por este tema", dijo Erick Ulate, de Consumidores de Costa Rica.
Se estima que la fijación de precios al arroz ha significado subsidios superiores a ¢100 millones anuales. Eso ha llamado la atención de la Organización Mundial del Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).