Auditoría detecta serias irregularidades en programa de la CNE para obras de emergencia

Opacidad, posibles ilegalidades, deficiencias de control interno, desorden y un pobre avance salpican al programa para 502 obras de emergencia o riesgo inminente.

Así se desprende del segundo informe sobre el cumplimiento del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), elaborado por la Auditoría Interna de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), con corte al 28 de febrero de 2025, cuyos hallazgos han sido conocidos y discutidos por diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

Según el documento, la Auditoría Interna no cuenta con información suficiente y competente para realizar los análisis en tiempo y forma, debido a que la Administración de la CNE no remite lo solicitado dentro del plazo establecido. En ocasiones, la información se entrega incompleta.

“Además, se le indica a la Auditoría que la información se encuentra archivada, como para que esta realice la búsqueda de los documentos”, señala el informe.

La ley mediante la cual la Asamblea Legislativa aprobó, en febrero de 2024, el crédito internacional por $700 millones para financiar el Proeri establece que la CNE debe fungir como Organismo Ejecutor Coordinador y como Organismo Ejecutor de proyectos.

Sin embargo, la Administración activa de la CNE, aparentemente, no se ajustó al principio de legalidad al nombrar a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) como “asistencia técnica” y no como “firma de implementación general” ni como “firma de implementación del programa”, tal como lo ordena la ley.

Para ello no medió un proceso de contratación pública, ya que se recurrió a una contratación directa.

“Se nombra a la UNOPS en la CNE y en los organismos ejecutores como asistencia técnica, otorgándole la potestad de firma de implementación del programa, lo que podría constituir una deficiencia de control interno, en tanto podría comprometer la independencia y objetividad en la transparencia del programa”, advierte la Auditoría.

Otros hallazgos

La Auditoría Interna también menciona las siguientes irregularidades:

• Se identificaron nueve planes de inversión aprobados por la Junta Directiva de la CNE para ejecutarse con recursos del Fondo Nacional de Emergencias (FNE); no obstante, estos aparecen enlistados como proyectos propios de la CNE.
• De 129 contrataciones realizadas desde el inicio del programa hasta la fecha de corte del informe, 29 han sido declaradas infructuosas y 76 cuentan con el proceso de contratación finalizado.
• El costo de estas contrataciones, según su estado en el proceso, se distribuye en 13 categorías, de las cuales en nueve no se tiene aún un monto asignado; solo en cuatro se ha establecido un costo.
• Se verificó que 48 contrataciones (37 %) han sido adjudicadas a 28 empresas diferentes; el 25 % (32 contrataciones) fue asignado a solo tres empresas, y 49 (38 %) no tienen ninguna empresa asignada (ya sea por estar en proceso o por haber sido infructuosas).

Desorden y lentitud

Legisladores como Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, han señalado que en el manejo de Proeri han ocurrido violaciones al principio de legalidad, al ejercer la UNOPS como juez y parte.

“La cuestionada agencia, a la que se le han pagado más de ¢6.300 millones, está ejerciendo funciones que no prevé la ley”, manifestó este miércoles.

Con base en la información de la Auditoría, Ramírez dijo que “es tal el caos que se incluyeron en la lista 35 proyectos que ya se habían realizado o habían sido financiados con otros recursos”.

Otro ejemplo es que, de los 88 puentes incluidos en el Proeri, tres ya estaban construidos y siete habían sido considerados dentro del proyecto Barranca-Limonal.

De las 502 obras contempladas en el programa, 203 corresponden a emergencias y las 299 restantes a riesgo inminente.

La ejecución es pobre: se reporta apenas un 15,1 % de avance promedio.

Por ejemplo, según la Auditoría Interna de la CNE, el avance en escuelas es de solo un 5,09 %, de un total de 86 centros educativos incluidos en decretos de emergencia.

Ramírez explicó que lo ocurrido con los centros educativos es similar a lo registrado con puentes y carreteras: fueron incluidos en la lista, pero los procesos terminaron siendo infructuosos porque ni siquiera se sabe qué se va a hacer y no existe información suficiente en los carteles.

En el caso de algunas vías incluidas en el listado, se registraron al menos 27 sitios en los que no se justificaba el riesgo inminente.

De los 88 puntos en carretera, solo tres contaban con estudios básicos, y tres empresas concentran el 25 % de las contrataciones.

Además, se han eliminado proyectos y luego reactivado sin ninguna justificación, aduciendo que no se ha establecido un procedimiento para eliminar o sustituir.

También se detectaron inconsistencias en pruebas de calidad de materiales y falta de aplicación de multas por atrasos.

Los proyectos se financian con un crédito otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $700 millones, con un plazo de ejecución de 18 meses, del cual ya se cumplieron 15 meses.

Órganos de fiscalización como la Contraloría General de la República (CGR), el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Auditoría Interna de la CNE han coincidido en señalar un inventario de irregularidades.