AyA no presentó informe, pero Chaves culpa a Sala IV de “atraso” en resolver agua para condominio en Naranjo
La Sala Constitucional aclaró cuatro imprecisiones expresadas por el mandatario Rodrigo Chaves Robles durante la inauguración de un proyecto de vivienda en Naranjo, la tarde de este miércoles.
Se trata del condominio La Esperanza, que ha estado en el centro de la polémica debido a las presiones del Gobierno para conectar el residencial al acueducto municipal, con el fin de capitalizar la inauguración y la entrega como propaganda oficial.
Uno de los ejes de presión utilizados por el Poder Ejecutivo ha sido señalar que el tribunal constitucional no ha resuelto un recurso de amparo interpuesto por beneficiarios del proyecto, quienes solicitaron acceso al agua potable.
La Sala IV precisó que desde el 22 de agosto pasado se inició el trámite del recurso y, para darle curso, se pidió un informe al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Sin embargo, esa institución gubernamental no respondió.
El recurso fue interpuesto el 7 de agosto, pero la persona que lo presentó no solicitó ninguna medida cautelar urgentísima que permitiera ordenar de inmediato la conexión de agua. Una vez admitido, se pidió un informe al alcalde de Naranjo, Randall Vega, quien respondió en el plazo de cinco días hábiles.
También se requirió información al encargado del Departamento de Acueductos, quien no presentó el informe solicitado por los magistrados, según consta desde el 3 de setiembre.
La Sala aclaró, además, que en promedio los recursos de amparo tardan 31 días hábiles en resolverse, plazo que aún no se ha cumplido en este caso. También puntualizó que no ordenó ninguna medida cautelar porque, de hacerlo, estaría adelantando criterio.
El Gobierno de Chaves apresuró la inauguración y este miércoles realizó un acto propagandístico para entregar las viviendas, a pesar de múltiples advertencias en torno al proyecto. Uno de los elementos en disputa fue precisamente la provisión del recurso hídrico.
En las últimas semanas, el mandatario y varios de sus ministros ejercieron presiones sobre la Municipalidad de Naranjo para autorizar la conexión de agua potable al residencial, bajo el argumento de que era el único trámite pendiente.
El Gobierno ejecutó la conexión por encima de la autoridad del ayuntamiento, pese a advertencias técnicas que señalaban posibles fugas y afectación al suministro en otras zonas del cantón.
Para concretarlo, el pasado sábado desplegó a unos 50 oficiales de la Fuerza Pública y a funcionarios del AyA, quienes realizaron la conexión al acueducto municipal. La Municipalidad catalogó esa acción como ilegal.
Además de cuestionar al alcalde y a otras voces críticas, Chaves también arremetió contra el magistrado Fernando Cruz, encargado de tramitar el recurso de amparo interpuesto por un ciudadano, cuestionando que todavía no exista una resolución.
"No me explico cómo Fernando Cruz no hizo nada por más de mes y medio ante el amparo que presentó el gobierno para obligar a conectar agua", manifestó hoy el mandatario en la inauguración, pese a que le propio Gobierno no le respondió a la Sala IV con la información requerida.
Más allá de la controversia por el agua, el proyecto mantiene incumplimientos de seguridad que deben ser corregidos. Un informe de reinspección elaborado por Bomberos identificó al menos seis faltas críticas a la normativa para este tipo de infraestructura, pese a que las obras ya estaban en un 90 % de avance.
Héctor Chaves León, director general de Bomberos, indicó que a lo largo del proyecto se brindó acompañamiento técnico hasta la etapa final de construcción. Durante ese proceso se detectaron debilidades que, aunque en su mayoría fueron solventadas, aún presentan falencias que deben enmendarse.
"En este camino se han girado recomendaciones para mejorar las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios las cuales han sido implementadas en su mayoría.
Aún falta por subsanar algunos aspectos, los cuales están siendo integrados en un plan remedial que permitirá al final del proyecto contar con edificaciones acorde a la normativa nacional", manifestó Chaves León.
Un informe de la Unidad de Prevención e Investigación de Incendios reveló serias deficiencias en el proyecto habitacional, compuesto por 10 edificios. La inspección evidenció la ausencia de extintores, hidrantes, iluminación de emergencia, señalización y accesos adecuados.
Una segunda revisión, realizada en marzo con un 90 % de avance, confirmó que las carencias persistían e identificó seis incumplimientos críticos, además de inconsistencias con los planos constructivos.
Entre las fallas más graves, Bomberos citó la inexistencia de puertas y ventanas con resistencia al fuego, así como la falta de compartimentación en los corredores de descarga, condición indispensable para un único medio de egreso.
También se constató que los vidrios instalados no cumplían con la resistencia prometida de 90 minutos y que varias paredes del tercer nivel no llegaban hasta la cubierta, interrumpiendo las barreras cortafuego.
Las puertas de los apartamentos tampoco contaban con resistencia certificada ni sistemas autocerrantes, y en el edificio B2 una puerta cortafuego carecía de la etiqueta de certificación. Bomberos advirtió que las barreras deben ser continuas y garantizar separación vertical y horizontal de al menos una hora entre unidades.