Barcos avalados por gobierno para estudio sobre arrastre intentaron pescar en áreas protegidas

(CRHoy.com). Tres de las 8 embarcaciones autorizadas por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) para participar en los estudios sobre la pesca de arrastre de camarón en aguas del Pacífico fueron detectadas realizando faenas pesqueras en áreas protegidas.

Esa entidad otorgó licencias para que dichas embarcaciones participen en los estudios que se realizarán durante 2 años en aguas del Pacífico. En ese lapso, los participantes pueden obtener recurso pesquero con fin comercial.

En términos sencillos, una faena de pesca es salir a pescar. Así de claro.

Meses atrás, la Fundación MarViva, la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad de Costa Rica (UCR) advirtieron que los estudios promovidos por el Incopesca consistían en realidad en una reactivación “solapada” de la pesca de arrastre.

Esta práctica está vetada desde 2013 por la Sala Constitucional, ente que pidió estudios técnicos suficientes para que este tipo de pesca se pueda reinstaurar en el país.

Según detallaron, los análisis de los dispositivos de control vía GPS así lo confirmaron.

"Las embarcaciones se mantienen retenidas y los capitanes fueron remitidos a los Tribunales de Justicia en Nicoya y Puntarenas donde se siguen las acciones legales correspondientes. Contaban con dispositivos satelitales a bordo, lo que permitió verificar su ubicación", citó el Incopesca.

El Incopesca, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) remitieron un comunicado de prensa sobre la situación, horas después de que estos hechos trascendieran en medios de comunicación.

Según la entidad, el próximo martes la junta directiva analizará las acciones a tomar tras estos hechos.

MarViva anunció el 13 de junio que demandó al Incopesca ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (TCA) solicitando detener, de forma inmediata, el estudio de pesca de camarón que reactiva la pesca de arrastre del camarón en mares costarricenses mediante una propuesta impulsada por el actual gobierno (2022-2026).

Para organización, la propuesta incumple con los requisitos exigidos por la Sala Constitucional en las resoluciones en 2 resoluciones de 2018, las cuales desarrollan los componentes mínimos que debería contemplar una investigación científica que pretenda analizar la viabilidad social, económica y ambiental de la pesca de arrastre en Costa Rica.

"En dichas sentencias, la Sala reiteró que para restaurar la pesca de arrastre se debía demostrar una reducción significativa de la captura incidental, ser coherente con el desarrollo sostenible democrático y contemplar factores como las interacciones ecosistémicas, contaminación, capacidad de regeneración y población afectada entre muchos otros. Todos estos ignorados en la investigación", agregó un boletín de prensa divulgado ese día.

Erick Brenes, director ejecutivo de MarViva, aseguró que la investigación en curso, tal cual ha sido planteada, no va a generar la información científica que, en apariencia, sería el motivo de su ejecución.

Además, indicó que el proyecto estaría habilitando, por un periodo de 2 años, que ocho embarcaciones semiindustriales dispongan, con total discrecionalidad, de las capturas que se obtengan para fines comerciales.

“Mientras tanto, el país malgasta fondos públicos en un estudio sin rigor científico, ni controles, que no arrojará conclusiones de valor y, más bien, perjudica a los ecosistemas, a la biodiversidad, los fondos marinos y la economía de pescadores artesanales”, dijo el representante, en esa oportunidad.

Brenes denunció que los funcionarios de Incopesca sometieron, a conocimiento y votación de su Junta Directiva, una propuesta de investigación con metodologías desactualizadas, personal no idóneo, sin fundamento técnico y cuyo planteamiento no permitirá generar los datos que se pretenden obtener, lo que demuestra una falta de interés y cuidado hacia las reglas de la ciencia, la técnica y la lógica, lo cual se evidencia también con la omisión deliberada de involucrar de manera oportuna a la academia en el proceso de elaboración de este proyecto.

Entre las inconsistencias señaladas destacan: el uso de la red de arrastre AA Costa Rica sin una red control, asumir erróneamente que dicha red es el punto de partida idóneo para la investigación, establecer la realización de muestreos solamente en caladeros de pesca seleccionados por Incopesca y capitanes de las embarcaciones, aprobar lances de duraciones entre 2 y 6 horas sin ningún fundamento.

Además, se apuntó el establecimiento de requisitos ilógicos y deficientes para la contratación de los observadores a bordo, y la ausencia de controles requeridos por ley para asegurar que no se genere un enriquecimiento injustificado por parte de las asociaciones pesqueras semiindustriales en detrimento del interés público de conservación de los recursos naturales y de tutelar el derecho al desarrollo sostenible democrático, son algunas de las muchas falencias técnicas de la propuesta.

“A la fecha no hay certeza de cuáles son los costos totales de la investigación. Tampoco hay una limitación establecida en cuanto a las ganancias que el sector camaronero pueda obtener al comercializar producto en el marco del estudio, lo que podría significar un enriquecimiento injustificado a favor del sector semiindustrial. Al revisar el expediente de esta investigación podemos constatar la arbitrariedad de Incopesca a la hora de otorgar permisos y emitir acuerdos. Es inaceptable que esta institución no incluya mecanismos eficientes de control y fiscalización de costos y gastos ni haya contemplado un análisis de costo-beneficio oportunamente”, apuntó.

El expediente de la investigación evidencia que las labores de pesca ejecutadas entre el 23 y el 29 de marzo no contaban con los permisos necesarios, ya que las resoluciones que otorgaron los permisos correspondientes fueron firmadas hasta el 29 de marzo. Es decir, en dicho periodo se ejecutaron actuaciones de pesca ilegal.

Además, advierten que el Incopesca otorgó permisos de pesca para la ejecución del proyecto de investigación a embarcaciones cuyos propietarios se encuentran o encontraban en estado de morosidad con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo que viola el Artículo 74 de la Ley Constitutiva de esta entidad.