BCR contratará empresa privada para realizar concurso de reemplazo de gerente general

La decisión de la junta directiva del Banco de Costa Rica (BCR) de no mantener a Douglas Soto Leitón en el puesto de gerente general, obliga a la entidad bancaria a buscar un reemplazo a partir del 2025.

A Soto se le vence el nombramiento el 10 de febrero del próximo año, pero los altos jerarcas dictaminaron no tomarlo en cuenta para una posible reelección en el cargo.

Por eso de forma unánime se determinó que el subgerente de Banca Corporativa y Empresarial, Julio Cesar Trejos Delgado, asumirá el cargo de manera interina a partir del 11 de febrero y hasta el 30 de noviembre, mientras se finiquitan detalles para contratar una empresa privada que realice el concurso con el cual se elegirá al nuevo ocupante de forma definitiva.

Así se evidencia en el acta de la sesión ordinaria 65-24 del lunes 16 de diciembre del 2024, a la que tuvo acceso crhoy.

"Adicionalmente, ya se encuentra en curso el proceso de contratación de la empresa externa, que tendrá a cargo el concurso público de reclutamiento y selección del puesto del gerente general y que se desarrollará de forma transparente, objetiva y rigurosa, según la normativa definida para ese fin", dice el documento.

Eso sí, la estancia de Trejos Delgado podría durar menos de los 9 meses y medio planteados, pues si el concurso se establece y se lleva a cabo antes de la fecha en que vence su nombramiento, de inmediato llegaría la nueva persona para asumir la gerencia general.

"Dicho nombramiento se efectúa con el plazo previo prudencial, con el propósito de realizarse una transición ordenada de las funciones del señor Soto Leitón al señor Trejos Delgado", menciona el texto.

El documento agrega que los directivos apoyan los objetivos, metas y retos trazados en el Plan Horizonte para el 2025, el cual cierra agradeciendo a Soto Leitón "su esfuerzo y dedicación indiscutible al mando del Conglomerado Financiero BCR en los últimos años" y los deseos a Trejos Delgado de que sus labores sean exitosas para "impulsar el crecimiento y solidez de nuestra gran institución".

Este medio envió varias consultas al BCR, pero al cierre de esta nota se había recibido respuesta a las mismas, relacionadas con los cuestionamientos a los que ha sido sometido el gerente Soto en medio del escándalo por la dudosa e investigada compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por parte del Fondo Inmobiliario de Inversión No Diversificada (FIIND) de la Sociedad de Fondos de Inversión del banco (BCR SAFI).

Piden investigarlo

Un informe efectuado por la Unidad de Fraude Interno de la Unidad de Investigaciones del Banco de Costa Rica (BCR) como parte de la investigación desarrollada para determinar la responsabilidad de los altos mandos de la entidad en la destrucción de discos duros de computadoras del banco, determinó que pudo existir incumplimiento de deberes por parte de Douglas Soto Leitón, gerente general del BCR por su forma de actuar ante las presuntas irregularidades.

Se trata del caso FI-1074-23, el cual se hizo de conocimiento interno desde febrero pasado, para posteriormente ser remitido al Ministerio Público con el fin de que indaguen a profundidad lo sucedido.

"(…) podría existir un incumplimiento de funciones", detalla el informe.

Los criminólogos del banco se dieron a la tarea de entrevistar testigos, recopilar bitácoras, grabaciones de cámara de video, obtener documentación, entre otras labores, para identificar todos los detalles de posibles relaciones de la destrucción de los discos con la salida Juan Carlos Bolaños Azofeifa, quien fungió como gerente corporativo del BCR y Álvaro Camacho de la O, quien ocupó el cargo de subgerente del mismo departamento hasta el 19 de junio del 2023 cuando los dos renunciaron.

El informe abarcó varios aspectos relacionados con el caso por el cual incluso la Fiscalía Adjunta de Probidad de Transparencia y Anticorrupción (Fapta) tiene abierto el expediente 23-017883-0042-PE, en el cual se busca establecer si Bolaños y Azofeifa incurrieron en un delito a la hora de eliminar información de los equipos que el banco les había asignado para sus labores.

No obstante, una testigo entrevistada por el Ministerio Público en la investigación penal por presuntas irregularidades en la compra del parque, reveló una supuesta solicitud girada por Douglas Soto Leitón, para proceder con la desaparición de archivos con documentación de interés institucional.

La prueba testimonial, en poder de crhoy, versa sobre la causa tramitada por la Fapta a través del expediente 21-000209-1218-PE para esclarecer un aparente sobreprecio irregular en la compra de ese inmueble ubicado en Caldera, en Esparza de Puntarenas, por el cual el Fiind pagó $70 millones.

Según la declaración, la informática recibió orden por parte del entonces gerente de realizar la irregular acción en su oficina el mismo día que ellos presentaron su renuncia, no obstante ella confesó que le indicaron que todo se hizo por "una solicitud girada por Douglas Soto”.

"Para esta unidad, no queda claro, y no se entrega por parte del Sr. Douglas Soto Leiton, evidencia de alguna instrucción de su parte o hacia alguna oficina de control, la interposición de una denuncia pronta y directa sobre los hechos cuestionados, claramente su perfil de puesto indica (…) Garantizar el acatamiento del marco normativo de Control Interno, Cumplimiento y Gestión de Riesgos, para promover una cultura de gestión basada riesgos en el Conglomerado Financiero BCR., lo cual hubiere evitado a todas luces un daño mayor a nivel de opinión pública y sus clientes.

Por lo que podría existir un incumplimiento de funciones, dado al alto nivel del cargo, en donde recomendarse una posible investigación para determinarlo", revela la investigación que ahora está en manos de la Fiscalía.

El oficio argumenta que existe una posible vinculación entre la destrucción de los archivos con la causa judicial que investiga la compra del PEP al exdiputado Humberto Vargas Corrales por medio de la sociedad anónima 3-101-764316 por $70,8 millones y que cuatro años después el último avalúo le puso un precio de $28 millones.

"Dadas los elementos que se vislumbran sobre el posible deterioro o eliminación de la información ubicada en los equipos y dispositivos entregados a los señores Juan Carlos Bolaños Azofeifa y el Sr. Álvaro Camacho de la O, con la presunta autorización del Sr. Douglas Soto Leitón, entorno (sic) la causa judicial de marras, pareciera que tienen una relación directa con los hechos irregulares y de los cuales se están investigando en vía judicial por la fiscalía especializada, esto con respecto al sobre precio de sus inversiones en el llamado Parque Empresarial del Pacífico", reza el escrito.