Berenice Smith rompió el silencio y Johnny Araya dio su última declaración previo a veredicto
Durante cierre de juicio: veredicto se conocerá el miércoles
Berenice Smith Bonilla, exfiscala subrogante acusada de tráfico de influencias por supuestas gestiones junto al exsubjefe del Ministerio Público Celso Gamboa Sánchez para eliminar del sistema informático de una causa penal el nombre de Johnny Araya Monge, rompió el silencio por primera vez desde que inició el juicio, hace tres semanas.
Luego de que sus defensores, el abogado Federico Campos y el exfiscal general Francisco Dall'Anese, pidieran su absolutoria por certeza durante sus conclusiones, entre el viernes y este lunes, la exfuncionaria decidió hablar y dar su versión de los hechos.
"En primer lugar, quiero solicitar de manera formal y personal la absolutoria por certeza, en tanto que aquí no se ha demostrado absolutamente nada. Lo que único que se ha demostrado aquí es una denuncia y una investigación fraguada desde la Fiscalía General con propósitos que al día de hoy puedo suponer, pero que dichosamente ya no guardo rencor.
Ya no me afecta emocionalmente como me afectaron en su momento momento. Cuando a la prensa se les informaba si me iban o no me iban a enviar a Medicatura Forense, cuando mandaron a decomisar mi expediente médico al hospital en donde donde era paciente externa, no les bastó que fuera remitida por el hospital Calderón Guardia.
Eso me hizo un daño inmenso en mi vida como persona, en mi vida profesional, en mi vida laboral, en mi vida familiar, afectó la salud no solo mía, física y emocional, sino la salud de mis hijos, tres de ellos que todavía estaban en la universidad y la vida de mi esposo.
Los cambios que tuvimos que hacer para afrontar las consecuencias de esta injusticia, de esta ingratitud. (…) El daño ha sido muy grande durante todos estos años. (…)
Lo más lamentable de todo esto es escuchar sobre un daño social. No entiendo de dónde se deriva de la prueba aquí recabada, semejante daño social.
A Natalia Rojas, nadie le dictó una nota. La única orden que Natalia recibió fue: Contéstele al usuario, porque que al usuario le contestaba el fiscal que tenía a cargo el expediente. No era una, ni dos, ni tres gestiones de usuarios.
Eran muchas gestiones de usuarios y ella misma lo aceptó aquí que cuando estuvo trabajando por varios años en la Fiscalía General su labor era precisamente contestar las quejas de los usuarios. Si eso hubiese tenido que hacerlo y yo hubiera tenido la potestad, yo la despido", indicó Smith.
Smith era jefa de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) cuando ocurrieron las supuestas irregularidades, entre finales de 2015 e inicios de 2016.
La acusación
Inicialmente, la tesis fiscal sostenía que hubo contactos con el entonces subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa, para impulsar gestiones que permitieran cambiar el estatus judicial de Araya.
La Fiscalía alegó en aquel momento que los tres imputados —Gamboa, Araya y Smith— ejecutaron una serie de acciones concertadas entre noviembre de 2015 y enero de 2016, con el objetivo de manipular una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito y eliminar la condición de imputado de Araya.
Según esa versión, Gamboa y Smith habrían utilizado su jerarquía para influir sobre la fiscala instructora del caso, Natalia Rojas Méndez, y conseguir que emitiera un oficio que —en apariencia— afirmaba falsamente que Araya no era imputado.
Ese documento, identificado como FAPTA-08-2016, fue entregado a Araya el 6 de enero de 2016. Al día siguiente, su nombre fue eliminado del sistema informático de la Fiscalía.
Dos días después, el entonces candidato a regresar al municipio por el partido Alianza por San José envió el oficio por WhatsApp a una periodista de La Nación, que preparaba un reportaje sobre aspirantes con causas penales activas.
Gracias a esa maniobra, el nombre de Araya no apareció en el listado publicado el 2 de febrero de 2016. Según la Fiscalía, los imputados habrían generado una "ventaja indebida" que le permitió ocultar su condición procesal ante el electorado.
La semana pasada, los fiscales a cargo del caso sorprendieron al solicitar la absolutoria de los tres implicados. La postura del Ministerio Público cambió tras recibir toda la prueba.
En la fase de conclusiones, el fiscal Carlos Rodríguez explicó que la acusación inicial carecía de precisión y claridad, lo que impedía sostener una solicitud de condena.
Natalia Villalta, fiscala adjunta y jefa de FAPTA, explicó que la razón para pedir la absolutoria fue la objetividad, al no contar con evidencia ni elementos de prueba suficientes para solicitar una condena contra los acusados.
La acusación elaborada años atrás por otro equipo de fiscales no describía claramente qué presiones habrían ejercido Gamboa y Smith para favorecer a Araya, lo que dificultó demostrar la existencia de un delito, indicó Villalta.
"Nosotros tenemos que hacer un análisis de toda la prueba testimonial y documental, pero es que el análisis tiene que ser bajo el principio de objetividad y eso fue precisamente lo que hoy nosotros aplicamos.
Analizamos todo el universo de prueba y nos llevó a la conclusión de que en este caso lo procedente era pedir una absolutoria en favor de los imputados", señaló Villalta.
Contrario a ese criterio, la Procuraduría sí solicitó condenar a los tres acusados y, además, pidió una indemnización. En su rol de abogado del Estado, este órgano solicitó sentenciar a Gamboa y a Smith a pagar ₡15 millones cada uno, y ₡12 millones en el caso de Araya.
En el caso de Smith, la defensa pidió desoír esa petición de la Procuraduría y, por el contrario, condenar al Estado al pago de costas. Tampoco se descarta demandar por daños y perjuicios para solicitar una indemnización mayor.
Araya
Al cierre del debate oral, el exalcalde josefino también solicitó la palabra y volvió a rendir su declaración, tal como lo hizo al inicio y a la mitad de este juicio. Araya dijo a la prensa sentirse confiado en que será absuelto.
"En primer lugar, muy confiado en que después de este largo e intenso debate, me parece que los testimonios, las pruebas, lo aportado por la defensa y lo solicitado por el Ministerio Público Me hacen pensar que este si el tribunal analiza con la objetividad que yo estoy seguro que tienen, vamos a obtener una absolutoria en este proceso.
Aquí no hay absolutamente ningún delito y me parece que este juicio nunca se debió haber llevado a cabo. Realmente este juicio se hace por una sencilla carta que yo mando para pedir una aclaración de mi condición en una causa judicial. Al final no quedó como prueba, pero hay un informe de la Corte Plena que señala que mi gestión fue válida y legítima como usuario que soy del sistema judicial.
Yo de verdad que me voy es a esperar el miércoles, pero con mucha paz, con mucha tranquilidad, dándole gracias a Dios que que terminamos este proceso", manifestó.
Los abogados defensores también pidieron abrir investigaciones por supuestos falsos testimonios.
