Buques, pistas clandestinas y toneladas de droga: así operaba grupo narco de extraditables en la Zona Sur
El grupo de cuatro costarricenses requeridos en extradición por las autoridades de California, Estados Unidos —entre ellos un oficial de la Fuerza Pública—, mantenía una amplia operación de trasiego internacional de estupefacientes asentada en la Zona Sur del país, según informó el Ministerio Público.
De acuerdo con las investigaciones conjuntas entre las autoridades costarricenses y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), los sospechosos habrían realizado traslados de droga en aeronaves, utilizando pistas clandestinas ubicadas en el Pacífico Central.
Según la solicitud de extradición, la organización también operaba en Golfito, desde donde coordinaba el transporte y almacenamiento de grandes cantidades de cocaína recibidas en buques marítimos.
Además, tenían uno de sus centros de operaciones en San Vito de Coto Brus. Al grupo se le vincula con el decomiso de más de tres toneladas de estupefacientes.
La acusación presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de California señala que entre 2017 y 2020, los costarricenses se habrían dedicado a trasegar cocaína por vía marítima —en barco—, aérea —en aviones— y terrestre —en furgones—, desde Colombia hacia Costa Rica, para luego movilizarla hasta Guatemala o México y, finalmente, a Estados Unidos.
Entre los detenidos figuran un miembro de la Fuerza Pública, el oficial de apellidos Corella Amador, conocido con el alias de Rojo, y otro sujeto de apellidos Cordero Obregón, alias Candado, Pallín o El Gordo.
A ellos se suman William Iván Ramírez Arguedas, alias Rambo o Kimba, y Gerardo Castro Muñoz, alias Precioso o Lalo. Todos son originarios de la Zona Sur del país.
La captura de los extraditables se logró gracias a la coordinación entre el Ministerio Público, la DEA, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fuerza Pública. El fiscal general de la República, Carlo Díaz, destacó la relevancia de la operación.
"Sin importar el nivel o participación de cualquier persona dentro de una organización criminal, el trabajo cercano del Ministerio Público y las autoridades costarricenses en conjunto con la DEA se mantendrá, con el objetivo de acreditar los delitos que se les imputa", indicó Díaz.