Caso Madre Patria: Audiencia de apelación de medidas cautelares terminó antes de lo esperado

Este lunes culminó la segunda audiencia de medidas cautelares por el megacaso Madre Patria, en el cual se investiga a una banda dedicada a cometer fraudes registrales, además de lavar el dinero ganado mediante varias actividades económicas como el servicio de transporte público y supuestamente cometer actos de corrupción.

Desde la semana anterior, en el Tribunal Penal de San José se analizaba una la apelación de varios sospechosos sobre las restricciones impuestas. Esteban Córdoba, uno de los abogados del caso, confirmó que la diligencia tomó mucho menos tiempo del que tenían programado.

"Ya terminó la audiencia de este proceso, creo que todos los abogados defensores confiamos en el sistema judicial costarricense, confiamos en que los jueces no cedan ante la presencia social que se está dando en relación a todas estas causas. Esperamos que se den algunas variaciones de la resolución inicial, en relación a las medidas cautelares impuestas a varios de los imputados.

Hay varias personas que no deberían estar con esta medida, porque el escenario jurídico que han expuesto sus abogados, no refiere que existan circunstancias suficientes para que tengan que estar sujetos al proceso, con medidas tan gravosas como la prisión preventiva. Esperamos que los jueces tomen en cuenta esos factores", según detalló Córdoba.

El Tribunal resolverá la apelación de medidas cautelares en los próximos días, vía escrita.

Al menos 20 de los implicados permanecen en prisión preventiva, la medida se dictó por plazo de un año. Las características y cantidad de implicados provocó que la audiencia para definir medidas cautelares se extendiera por poco más de una semana.

Sin embargo, pese a que la diligencia tardó 10 días entre finales de junio e inicios de julio, algunos de los abogados manifestaron que no tuvieron tiempo suficiente para defender los intereses de sus clientes y por eso apelaron.

La apertura del expediente durante la investigación permitió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público conectar 19 causas penales distintas que tienen relación con fraudes registrales bajo el mismo modo de operar y que habrían sido cometidas por una organización criminal que presuntamente era liderada por los españoles de apellidos Gómez González y León Muñoz.

Fue la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, la oficina encargada de revisar cada uno de los expedientes para determinar que todos tenían una conexión por los procesos de falsedad ideológica que prevalecía en las tramas que presuntamente armaron los sospechosos.

El caso fue calificado por el fiscal general como un megacaso. Además, "Madre Patria" se convirtió en el segundo de mayor volumen en la historia del OIJ.

En prisión preventiva

Son en total 20 sospechosos a los cuales les dictaron un año de prisión preventiva que vencen el 25 de junio del 2025, según consta en la resolución de la cual CRHoy tiene copia.

Para imponer esta medida, el Tribunal a cargo consideró el riesgo de fuga, la magnitud del daño causado, el alta pena a imponer y la declaratoria de criminalidad organizada.

Gómez González

Presunto líder, español. Según la investigación, es la persona con mayor nivel jerárquico dentro de la estructura criminal, quien se habría beneficiado durante más de una década por la eventual comisión de gran cantidad de delitos. Mantiene un estatus social elevado como empresario de compañías autobuseras, viviendas de lujo, vehículos de alta gama, sobrellevando un estado de vida sumamente elevado en comparación a sus inicios en el país.

Delitos atribuidos: 1 asociación ilícita, 3 delitos de falsedad ideológica, 20 delitos de estafa mayor, 1 delito de estafa mayor en grado tentado, con una pena de prisión, 1 delito de legitimación de capitales, 6 delitos de penalidad del corruptor y 1 delito de falsedad en certificados médicos.

Mujer, apellidos García Núñez

Esposa del líder, los indicios apuntan a que participó en el encubrimiento de los dineros del líder criminal, ya que ella es la que figura como representante de las cuentas bancarias en las que se bancarizan los dineros de la organización.

Figura en la administración directa de las cuentas bancarias, ella es testaferro, ya que las empresas serían de Gómez, pero al conocer la actividad ilícita desarrollada, ella encubriría las cuentas y empresas con su nombre.

Delitos atribuidos: delito asociación ilícita, 6 delitos falsedad ideológica, 1 delito uso de documento falso, 8 delitos estafa mayor, 1 delito de legitimación y 1 delito de falsedad certificados médicos.

León Muñoz

Presunto co-líder, español. Según la investigación, al igual que Gómez González, cuenta con un puesto gerencial en la estructura criminal.

Beneficiado directamente de las ganancias obtenidas posterior a la ejecución del robo de propiedades -aparentemente-, de igual manera ha figurado en gran cantidad de delitos de falsedad ideológica y estafa, mantiene como actividad comercial la venta de vehículos.

Delitos atribuidos: 1 delito asociación ilícita, 3 delitos de falsedad, 4 delitos de estafa mayor y 1 delito legitimación capitales en forma provisional.

Mujer, apellidos Jiménez Arias

Pareja del líder León Muñoz, vinculada con la operación. Dispuso su identidad de forma presuntiva, para figurar como supuesta compradora de buena fe en los traspasos ilegales que ocasionaron perjuicios millonarios a personas extranjeras que no se encontraban en el país.

Además, bajo conocimiento de los hechos ilegales, en apariencia hacía uso y disfrute de los bienes adquiridos, que fueron materializados bajo rigurosos esquemas de lavado de activos.

Delitos atribuidos: 1 delito de Asociación ilícita, 2 delitos de falsedad ideológica, 4 delitos de estafa mayor y 1 delito legitimación.

Loaiza Bolandi

Abogado y notario, aparente líder de los notarios públicos reclutados por la organización criminal, quien también vela por los asuntos penales de los demás integrantes.

Los informes policiales dicen que se logró confirmar la reunión sobre las estrategias que utilizarían para tratar de solventar las acusaciones legales de una implicada. Además, en dicha reunión y según las comunicaciones es quien principalmente vela por las necesidades económicas de esta mujer y también recluta nuevos notarios.

Delitos atribuidos: 1 delito de asociación ilícita, 11 delitos falsedad ideológica y 11 delitos estafa mayor.

Chaves Arias

Conocido abogado y notario, hijo del empresario Omar Chaves, condenado por el asesinato del periodista Parmenio Medina. Persona fundamental para la organización criminal según los investigadores, pues se habría aprovechado de su experiencia como abogado penalista.

Al parecer participó en asesorar a la organización criminal para lograr salir airosos durante las intervenciones que realizó el Ministerio Público. Se presume que además usó tomos de protocolos de notarios públicos para confeccionar escrituras con información falsa, con el objeto de despojar de la propiedad a personas adultas mayores.

Delitos atribuidos: 1 delito de asociación ilícita, 2 delitos falsedad ideológica, 1 delito uso documentos y 7 delitos estafa.

Juez Venegas Marín

Al parecer realizó reuniones en su vivienda con otro investigado a fin de brindar asesoramiento y redactar documentos para la defensa penal en los procesos en contra de los integrantes de esta organización.

De acuerdo con el informe judicial, esto ocurrió contrario a su deber de objetividad e imparcialidad esperado en un Juez de la República y denotando su intención de favorecer los intereses de los miembros del grupo criminal. Parece ser que también pactó y realizó actos preparatorios para la entrega de dinero, que según las llamadas ronda entre $300 y $500 mil dólares con Gómez, correspondientes a los rendimientos de la esperada inyección de capital (dinero en efectivo) procedente de actividades ilícitas.

Delitos atribuidos: 1 delito de asociación ilícita, legitimación capitales 1 delito falsificación público y auténtico.

Autobusero apellidos Herrera González

Empresario. Las pericias señalan que se encargó de la legitimación de capitales por medio de las empresas de autobuses, las cuales también se encuentran en investigación por su posible adquisición fraudulenta.

Aparentemente vela por la resolución de las denuncias de los demás integrantes, se encargó como intermediario en el conflicto entre Fernando Gómez y el abogado Loaiza. Manifestó abiertamente en las llamadas interceptadas que todos los investigados descritos son parte de una organización criminal.

Cargos atribuidos: 1 delito de asociación, 3 delitos de falsedad ideológica, 13 de estafa mayor, un delito legitimación, 6 delitos cohecho penalidad del corruptor y 2 delitos falsedad certificado médico.

Mujer, apellidos Herrera Vega

Hija del empresario Herrera, quien aparentemente puso su identidad a disposición de la organización criminal para representar a las compañías de autobuses que se presume, eran utilizadas para mezclar los dineros de origen ilegal. Además, se señala que habilitó cuentas bancarias para el resguardo y trasiego de dineros del grupo criminal.

Delitos atribuidos: 1 delito de asociación ilícita, 1 delito estafa mayor, 1 legitimación y 6 delitos penalidad corruptor.

Mujer, apellidos Arrieta Solano

Figura como presunta testaferra y se presume que realizó ubicaciones, inteligencia y logística para la venta de propiedades adquiridas mediante la modalidad de fraude registral, intermediaria con compradores de buena fe y trabajaba directamente con Loaiza Bolandi.

Delitos atribuidos: 1 delito de asociación ilícita, 3 delitos falsedad y 3 delitos estafa mayor.

Hombre apellidos Rodríguez Hidalgo

Señalado como buscador de propiedades para sustraer e intermediario para la venta a compradores de buena fe. Señala la investigación que apoya al grupo criminal como liquidador de sociedades disueltas mediante movimientos fraudulentos, trabaja directamente con Loaiza Bolandi.

Delitos atribuidos: 1 delito de asociación, 4 falsedades ideológica y 4 de estafa mayor.

Hombre, apellidos Fernández Gustavino

Profesional en sistemas informáticos, quien al parecer ideó formas de ocultar el origen de activos virtuales para posteriormente, ser materializados en bienes muebles e inmuebles.

Después de procesos altamente complejos, se presume que colocó, diversificó e integró estos dineros en los sistemas financieros nacionales para ponerlos a disposición de la organización criminal, mediante la fusión por absorción de las sociedades de papel que fueron creadas para integrar el patrimonio adquirido con criptomonedas.

Delitos atribuidos: delito de asociación ilícita y un delito legitimación de capitales.

Hombre, apellidos Prendas Matarrita

Notario de la organización criminal, quien en apariencia hizo comparecer falsamente a un extranjero alemán, que según registros migratorios nunca ha ingresado al país para celebrar la compra-venta ilícita.

Delitos atribuidos: 1 delito de asociación ilícita, 3 delitos de falsedad ideológica, 5 delitos estafa mayor y 1 delito legitimación de capitales.

Hombre, apellidos González Araya

Destaca su eventual participación como intermediario en el dinero que le entregaría Fernando Gómez al juez Venegas Marín, utilizando sus empresas lo legitime. Actualmente está inhabilitado en su profesión, aun así, se presume que continúa confeccionando documentos para las defensas penales, inclusive para la inscripción de bienes al usar protocolos de otros notarios públicos.

Delitos atribuidos: 1 delito de asociación ilícita y 1 delito legitimación de capitales.

Hombre apellido Rojas Rojas

Presuntamente brindó custodia y administró los bienes adquiridos fraudulentamente por la organización criminal, entre los cuales está la vivienda en la que reside él, así como la vivienda utilizada para vacacionar en Puntarenas que son propiedad del líder criminal.

Señala el expediente judicial, se encargó de velar por la custodia de uno de los "proyectos" más importantes por la organización, que habría sido adquirido fraudulentamente por la organización. Además, es de recalcar que Rojas Rojas funge como testaferro del grupo criminal en la adquisición de propiedades por medio de falsedades ideológicas, presuntivamente.

También se le achacan supuestos contactos con la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), adscrita al Ministerio de la Presidencia.

Delitos atribuidos: 1 delito de asociación ilícita, 2 falsedades ideológica y 3 delitos de estafa mayor.

Mujer, apellidos González Pinto

Otra notaria de la organización criminal, quien al parecer confecciona escrituras con información falsa para el robo de propiedades. Consta en las pruebas que recibió depósitos bancarios por la plataforma SINPE Móvil.

Delitos atribuidos: 1 delito de asociación ilícita, 22 delitos de falsedad ideológica y 22 delitos estafa mayor.

Hombre, apellidos Marín Ramírez

Colombiano, figura como posible intermediario y suplantador del grupo criminal, quien buscaba propiedades, constituía sociedades con el líder de la agrupación criminal y habría buscado posibles compradores de buena fe.

Delitos atribuidos: 1 delito de asociación ilícita, 1 falsedad, 1 estafa mayor y 1 delito falsificación
documento púbico y auténtico.

Hermanos Barrientos Campos

El primero de ellos con un alto conocimiento en informática, el rol que perfilaron los agentes judiciales fue medular al utilizar herramientas tecnológicas, así como metodologías para intentar ocular o imposibilitar la trazabilidad de las transacciones con criptomonedas.

Presentó un crecimiento patrimonial incompatible con su perfil financiero según los informes, constituyendo gran cantidad de sociedades anónimas donde figura como gerente o presidente, así como adquisiciones de vehículos y propiedades de gran valor.

Delitos atribuidos: 1 delito de asociación ilícita y 2 falsedades ideológicas y 1 delito legitimaciones capitales.

El segundo hermano aparentemente, ejercía el cargo de tesorero en varias sociedades con su hermano. Se desligó abruptamente de dichas sociedades con gran cantidad de bienes entre ellos vehículos icónicos de alta gama, ante una fusión por absorción que efectuaron en apariencia, con los líderes de este grupo criminal.

También se les vio en distintas vigilancias, reunido con otros miembros en distintas bodegas donde han trasladado este tipo de vehículos posterior a una intervención policial.

Delitos atribuidos: 1 delito de asociación ilícita y 1 delito legitimación de capitales

Pérez Barboza

Al parecer llevó a cabo negociaciones con cuidadores de fincas de extranjeros para el robo de propiedades, recibió 22 depósitos bancarios por la plataforma SINPE Móvil. Delitos: 1 delito de asociación ilícita, 1 delito de falsedad ideológica y 2 de estafa mayor.

Pese a que la Fiscalía pidió la medida cautelar de prisión preventiva, el Tribunal Penal otorgó otro tipo de medidas como el arresto domiciliario con monitoreo electrónico e inhabilitación para ejercer notariado, así como no tener contacto por ningún medio (electrónico, mensaje de texto, vía telefónica, personal, escrita) con los co-imputados, ofendidos y testigos en el proceso. Esta medida aplicará para:

Aguilar Zúñiga

Abogado y notario que presuntamente dio fe de la comparecencia un extranjero sin haber ingresado al país, y quien trabajaría bajo la subordinación de Loaiza.

Delitos atribuidos: 1 delito de asociación, 2 falsedades ideológica y 2 delitos de estafa mayor.

González Jiménez

Abogado y notario que figura como imputado en casos por falsedad ideológica, se presume que realizó escrituras con comparecencias falsas, protocolizó actas de asambleas con libros de actas falsos y trabaja directamente para Gómez González.

Delitos atribuidos: 1 delito de asociación ilícita, 2 delitos falsedad ideológica y 2 delitos estafa mayor.

CTP y Tránsito

A los oficiales de tránsito apellidos Alvarado Amador, Ramírez Zumbado, Morera Quesada, Pérez Alcázar y Campos Bolaños, los suspendieron un año del cargo, presentarse a firmar, mantener domicilio fijo e impedimento de salida del país. Queda a criterio de la administración si la remoción temporal es con o sin goce de salario, por ser de su competencia.

A ellos se les atribuye los delitos asociación ilícita, cohecho propio y modalidad continuada. Lo mismo para el funcionario del Consejo de Transporte Público apellidos Rosales Apu, quien fue suspendido como jefe del Departamento de Concesiones.

Con su puesto habría favorecido a la organización y empresas de Fernando Gómez. Destaca por haber recibido en apariencia, dádivas de parte de Gómez y Herrera, ya que, de acuerdo con las comunicaciones, ellos hicieron pagos y obsequios al funcionario.

Sin medidas

La única persona que quedó en libertad sin ningún tipo de restricción en esta audiencia, fue la abogada y notaria de apellidos Fernández Bonilla. Pese a que la Fiscalía pidió un año de inhabilitación para ejercer notariado e impedimiento de salida del país, el Tribunal determinó su liberación inmediata y ninguna medida cautelar. 

Al parecer, ella confeccionó escrituras públicas insertando información falsa sobre la comparecencia de titulares extranjeros que no se encontraban en el país, para despojarlo de la propiedad, o bien constituyó hipoteca que no debían soportar. Afronta la inculpación de asociación ilícita, falsedad, estafa mayor y falsifiación de documento privado.