Celso apareció en Fiscalía previo a que Johnny Araya fuera borrado de causa: no era frecuente verlo ahí

El fiscal adjunto Juan Carlos Cubillo, quien se desempeñaba como jefe en la Fiscalía Anticorrupción en 2016 cuando se habría borrado el nombre del exalcalde de San José, Johnny Araya Monge de una causa penal, confirmó que él conoció que la orden fue emitida por el entonces subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa Sánchez.

De acuerdo con su relato, no era frecuente ver al hoy extraditable en ese recinto, dado que su oficina estaba en otro edificio en la Fiscalía General, pero por los días en los que ocurrió la eliminación, se habría visto allí al parecer girando instrucciones.

Según relató durante el juicio, la fiscal Natalia Rojas que llevaba el caso por supuesto enriquecimiento ilícito donde Araya había sido denunciado, tenía contemplado para archivar el expediente cuando ocurrió la inusual visita en la cual supuestamente se giró una orden directa para corregir el sistema informático del Ministerio Público y eliminar a Araya de la lista de imputados.

Cubillo lo supo días después, al regresar de vacaciones en enero de 2016. En ese momento, se desempeñaba como fiscal adjunto de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), y Natalia Rojas estaba a su cargo. Al enterarse de lo ocurrido, su primera reacción fue pedirle que lo documentara.

Pero ella ya había acatado la instrucción y la modificación en el sistema ya se había realizado. "Ella me comentó que Celso le dio la orden para que corrigiera el sistema, para que no apareciera Johnny Araya como imputado. Eso ya había sucedido cuando yo regresé", relató Cubillo durante su declaración como testigo ante el Tribunal Penal de Hacienda.

El exfiscal dijo que le sorprendió lo ocurrido, pero que comprendía el contexto jerárquico de la institución: Gamboa era superior de Rojas y su orden, aunque oral, tuvo un efecto directo en el expediente.

Cubillo no verificó personalmente la modificación en el sistema de gestión judicial, ya que su práctica habitual era revisar los expedientes físicos. No obstante, su testimonio apunta a lo que ahora es parte de la tesis acusatoria del Ministerio Público: que hubo una acción concertada para modificar el estatus judicial de Johnny Araya en medio de un proceso electoral.

Los hechos que se juzgan ocurrieron entre noviembre de 2015 y enero de 2016, cuando la entonces jefa de prensa del Ministerio Público recibió una consulta del periódico La Nación sobre los candidatos a alcaldías que tuvieran causas penales abiertas.

Inicialmente, el nombre de Johnny Araya apareció como imputado en una causa abierta desde 2012, pero en cuestión de días, y tras una carta enviada por el propio Araya a la Fiscalía, su nombre desapareció del sistema.

La respuesta del Ministerio Público a la prensa cambió. La fiscala Rojas respondió oficialmente que Araya no era imputado, y el 6 de enero de 2016, el político recibió un documento que confirmaba esa versión.

Solo dos días después, el 8 de enero, Araya reenvió esa respuesta por WhatsApp a la periodista que preparaba el reportaje. La nota se publicó el 2 de febrero de 2016 sin mencionar al exalcalde entre los aspirantes con causas penales activas.

Según la Fiscalía, ese cambio fue resultado de una intervención indebida por parte de Celso Gamboa y de la entonces fiscala subrogante Berenice Smith Bonilla. Ambos están acusados junto a Araya de manipular el expediente penal y alterar registros oficiales para generar una ventaja política en favor del entonces candidato por el partido Alianza por San José.

En su testimonio, Cubillo explicó que en la estructura del Ministerio Público imperaba una jerarquía rígida, lo cual explicaría por qué Natalia Rojas obedeció la orden de Gamboa. También aclaró que Rojas ya había decidido no indagar a Araya y que la causa estaba por ser desestimada.

A su juicio, el cambio en el sistema obedeció únicamente a una instrucción jerárquica para modificar el registro digital, aunque no recordó haber recibido informe escrito sobre ello.

Cubillo aseguró que no se abrió ninguna causa disciplinaria contra Rojas por esos hechos, y que en ese momento no existía una evaluación formal del desempeño que permitiera elevar el asunto a instancias superiores.

También relató que, como fiscal adjunto, era común recibir muchas consultas de prensa, especialmente en años electorales, pero que había una directriz institucional para evitar que las acciones del Ministerio Público se prestaran para usos políticos.

Otros de los aspectos que confirmó fue la relación entre el exmagistrado y Justo Pastor, el asesor que habría recibido instrucción de decirle a Araya que pidiera una rectificación a la Fiscalía y a quien se llevó a la Sala Tercera cuando fue electo como miembro.

Celso Gamboa ha negado haber cometido delitos y asegura que actuó dentro del marco legal. Durante el juicio, alegó que su intervención respondió a una queja presentada por Johnny Araya, quien consideraba errónea la inclusión de su nombre como imputado.

Gamboa señaló que fue la oficina de prensa —a su cargo en ese momento— la que, sin autorización, compartió información con la periodista. Por ello, afirmó, instruyó abstenerse de divulgar más detalles del caso.

Johnny Araya, por su parte, sostiene que no tuvo una relación cercana con Gamboa y que su gestión fue legítima, motivada únicamente por el deseo de proteger su imagen ante una denuncia que, según él, no tenía fundamento.

Afirmó que nunca ejerció presión sobre funcionarios del Ministerio Público y que recibió la respuesta oficial sin conocer el trasfondo interno del expediente.

El juicio por este caso continúa en el Tribunal Penal de Hacienda, donde se juzga si las actuaciones de los tres imputados constituyeron una manipulación indebida del sistema judicial para beneficiar a un actor político en plena campaña electoral.