Celso dice que ganaba hasta $15 mil al mes como abogado; según la DEA obtenía $500 mil por carga narco
Informe de la DEA reveló ganancias ilícitas del exmagistrado, quien registraba ingresos importantes como defensor de narcotraficantes
El exministro y exmagistrado, Celso Gamboa Sánchez, aseguró ganar entre $10 mil y $15 mil al mes cuando estaba "en libertad" y ejercía como abogado. Al inicio del juicio que enfrenta, durante el proceso de identificación de los imputados, el extraditable confirmó el monto de sus ingresos.
No obstante, de acuerdo con las investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por las siglas en inglés), Gamboa obtenía hasta $500 mil dólares por cada envío de cocaína. Dinero que le habrían pagado narcotraficantes a cambio de su aparente intervención ante autoridades de gobierno para facilitar el ingreso de la droga al país.
El exministro y exfiscal afronta un juicio por supuesto tráfico de influencias, dado que, según la Fiscalía, habría orquestado junto con la exfiscala Berenice Smith Bonilla gestiones para borrar el nombre del exalcalde josefino Johnny Araya Monge de una causa penal donde aparecía como imputado.
Esta acusación responde a hechos ocurridos entre 2015 y 2016, pero el juicio se realiza ahora, en julio de 2025, luego de que un tribunal de apelación ordenara celebrarlo de nuevo tras un primer juicio en el que se absolvió a los tres acusados.
Paralelamente, Gamboa enfrenta una solicitud de extradición presentada por la Embajada de EE. UU. , con el fin de remitirlo al Tribunal del Distrito Este, en Dallas, Texas, donde se le acusó de 2 cargos por conspiración para traficar y distribuir drogas internacionalmente.
De acuerdo con el expediente de extradición, cuyos detalles dio a conocer CR Hoy 36 horas después de la captura del exmagistrado, las ganancias narco de Celso rondaban entre los $200 mil y $500 mil por el transporte de cargamentos de cocaína. Es decir, entre ₡101 millones y ₡253 millones por cada carga.
Un testigo cooperante (CW, por las siglas en inglés de cooperating witness), que estuvo presente durante las transacciones, atestiguó que Alexander Zacarías Herrera Hernández y Guillermo Gilberto Herrera Hernández, líderes de una organización criminal que operaba en Limón conocida como Los Hondureños o La H, pagaban esos montos a Gamboa.
El expediente de extradición recoge parte del testimonio recopilado por la DEA, el cual delata a Gamboa:
Desde aproximadamente el año 2020 hasta 2022, CW-1 estuvo presente cuando el Sr. GAMBOA SÁNCHEZ y sus asociados recibieron varios cargamentos marítimos de cocaína en la provincia de Limón, Costa Rica, por un total de varias toneladas de cocaína.
CW-1 fue testigo de cómo G. Herrera o A. Herrera pagaban al Sr. GAMBOA SÁNCHEZ ganancias por narcotráfico que oscilaban entre 200.000 y 500.000 dólares estadounidenses por el transporte de cargamentos de cocaína.
La función del exministro no era menor: su rol era garantizar, mediante supuestos contactos con el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), que la droga proveniente de Colombia llegara sin contratiempos a territorio costarricense.
"El Sr. GAMBOA SÁNCHEZ es responsable de trabajar con la Guardia Costera de Costa Rica y las autoridades policiales para garantizar el tránsito seguro de los cargamentos de cocaína de la DTO en Costa Rica, así como para garantizar que los miembros de la organización no sean objeto de persecución ni tengan investigaciones abiertas en su contra por parte de las autoridades policiales costarricenses", cita el expediente.
Otro testigo relató cómo, entre julio y agosto de 2021, Gamboa y Zacarías recibieron en Honduras un cargamento de unas tres toneladas de cocaína suministradas por el cártel colombiano Clan del Golfo.
Colaboración con Gobierno
Tal como dio a conocer CR Hoy tras la captura de Gamboa, el 20 de septiembre de 2023 él aseguró a dos socios que el Gobierno permitía el ingreso de sus cargamentos de cocaína, tanto por el Pacífico como por el Caribe.
Precisamente en el Caribe sur se desarrollaban, al parecer, las principales operaciones de su estructura delictiva. Para ese momento, ya estaba en ejercicio la administración del mandatario Rodrigo Chaves Robles.
En la zona de Sixaola, Talamanca, se ubican dos propiedades vinculadas al extraditable Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, quien, según la DEA, movilizaba cargamentos importantes de droga por ese sector y quien además era socio de Gamboa.
En ese mismo año, el viceministro de Unidades Especiales de Seguridad Pública, Manuel Jiménez Steller, ordenó retirar al grupo operativo del SNG del puesto de Sixaola, trasladándolo al centro de Limón, a una hora de distancia por mar.
Tanto Gamboa como López figuran como socios criminales en la investigación de la DEA, y enfrentan un proceso de extradición por dos delitos de conspiración para traficar y distribuir cocaína desde el sur hacia el norte del continente.
Las autoridades policiales accedieron a una grabación de esa conversación del 20 de septiembre de 2023, en la que Gamboa garantizaba el paso de sus cargamentos.
El retiro de Guardacostas, la operación narco de Pecho de Rata y las afirmaciones de Gamboa sobre ayudas del Gobierno ocurrieron en un lapso de apenas tres meses.
El 16 de octubre de 2024, CR Hoy reveló que Jiménez Steller giró la instrucción verbal de cerrar el puesto de Guardacostas en Sixaola, punto crítico por donde transita una de las rutas del narcotráfico.
Tres fuentes ligadas al servicio naval confirmaron bajo anonimato que el viceministro giró la directriz, provocando retrasos de hasta una hora en la respuesta policial.
Estas decisiones fueron tomadas por ese jerarca que ha estado a cargo, durante dos años, del SNG, el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) y la Policía de Control de Drogas (PCD), cuerpos clave en la lucha contra el narco.
En Sixaola había un puesto fronterizo diseñado para responder rápidamente ante alertas sobre lanchas rápidas. Su presencia era clave, ya que el río Sixaola es navegable y permite el ingreso por varios kilómetros.
Sin embargo, los oficiales fueron trasladados a un puesto ubicado 5 km al norte de Limón centro, incrementando en una hora el tiempo de respuesta. Solo en 2021 se reportaron casi 100 alertas de lanchas con cocaína y marihuana en la zona.
Jiménez Steller dictó la orden de retiro de forma verbal al entonces director de Guardacostas, coronel Martín Arias, quien alertó sobre los riesgos que implicaba. Este tipo de órdenes de palabra, sin respaldo escrito ni fundamento técnico ha sido recurrentes en la gestión del viceministro.
Un mes después de la publicación de CR Hoy, el coronel Arias, quien dirigió la policía naval durante dos décadas, confirmó bajo juramento ante la Asamblea Legislativa que la orden le fue dada verbalmente por Jiménez Steller pocas semanas después de asumir el cargo en el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles.
Ganancias como abogado y defensa de narcos
Además de las aparentes ganancias que recibía Celso Gamboa como narcotraficante, él mismo relató haber llegado a ingresar hasta unos ₡8 millones al mes como abogado, cuando estaba en libertad.
Después de su caída en la vida pública, tras haber accedido a los más altos mandos judiciales y gubernamentales y luego de haber sido destituido de la Corte Suprema de Justicia en 2018, desde aproximadamente 2020 Gamboa destacó por ser el defensor legal de algunos de los cabecillas de la droga más notorios de Costa Rica.
Ticos, colombianos y nicaragüenses: la cartera de clientes de Gamboa vinculados al narcotráfico ha sido amplia y cambiante, e incluye nombres como Pancho Villa, Turesky, Pecueca, Press y Pecho de Rata.
Pancho Villa
Celso Gamboa fue uno de los abogados defensores de Darwin González Hernández, alias Pancho Villa, uno de los principales capos de la zona sur del país. Fue condenado a 12 años de prisión por tráfico, almacenamiento y comercialización de drogas.
Pese a la condena, tanto Gamboa como su cliente calificaron el fallo como una victoria, ya que fue absuelto por legitimación de capitales, lo que le permitió recuperar decenas de bienes y cientos de millones de colones, a pesar de su perfil como narcotraficante.
El narco sentenciado continúa recibiendo cerca de ₡54 millones mensuales en ingresos procedentes de sus negocios en cantones del sur del país. Durante su reclusión, su fortuna ha aumentado en más de ₡3.000 millones y, de mantenerse la sentencia, podría acumular otros ₡4.500 millones en los siete años restantes.
El patrimonio recuperado por González ronda los ₡12.000 millones, incluyendo 15 vehículos, seis máquinas pesadas, más de 100 cabezas de ganado y decenas de electrodomésticos.
El Ministerio Público lo acusó de haber utilizado al menos ₡810 millones en la compra de bienes para lavar dinero producto del narcotráfico. A su nombre figuran propiedades en Vázquez de Coronado, San José (valorada en más de ₡56 millones), y en Corredores, Puntarenas (₡26 millones).
Turesky
Alejandro James Wilson, conocido como Turesky, también ha sido representado por Gamboa. Aunque su estructura criminal fue desarticulada en mayo de 2021, ha logrado aplazar indefinidamente el juicio.
Según la Fiscalía, lideraba una red dedicada a exportar cocaína en contenedores rumbo a Europa, tras almacenarla en propiedades de San José, Heredia y Limón. También legitimaban capitales mediante comercios y moteles registrados a nombre de testaferros y sociedades anónimas.
Gracias en parte a las acciones de Gamboa, el caso en específico contra el cabecilla está estancado en la etapa preliminar. En marzo pasado, James Wilson fue separado del proceso principal al presentar una incapacidad médica.
El Juzgado Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada decidió continuar el proceso contra él por separado.
Pecueca y hermanos Estupiñán
A finales de 2023, el bufete de Gamboa asumió brevemente la defensa de varios investigados por lavado de dinero vinculado al narcotráfico, entre ellos el caso Piazza, que involucra a los hermanos Estupiñán Montaño, de origen colombiano.
Jair Estupiñán, alias Pecueca, exconvicto en EE. UU. y exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue extraditado desde Panamá en 2013 y condenado por tráfico de cocaína para el cártel del Valle del Norte.
Al recuperar su libertad, regresó a Costa Rica, donde se habría dedicado a legalizar sus ganancias mediante supermercados, estaciones de servicio y otros negocios.
La investigación inició en 2021, tras tres homicidios atribuidos al grupo. La organización habría operado desde el Pacífico Central para luego mover droga hacia San José. Ni Gamboa ni su equipo representan ya a los Estupiñán.
Sin embargo, previo a su captura en el país por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tanto Mario como alias Pecueca, habrían acompañado a Celso Gamboa hacia finales de 2022 a una reunión con el entonces ministro de Seguridad, Jorge Torres, en la cual supuestamente ofrecían información para detener a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, el criminal más buscado del país, a cambio de que se eliminara un control policial cercano a la vivienda de los Estupiñán.
Alias Press
Gamboa pasó de señalar públicamente, como viceministro, a defender a Jeison Olivery Alfaro Bustamante, alias Press, condenado en 2022 a nueve años de prisión por narcotráfico. Aunque inicialmente fue su abogado, el imputado desistió de sus servicios.
Gamboa había señalado públicamente a Press cuando fue viceministro de Seguridad en 2012:
"(…) queremos decirle -a ese grupo de delincuentes- que sabemos quiénes son. Señor Press, señor Ratón, señor Cole -Chichi, asesinado en 2015-, sabemos quiénes son y la policía los va a marcar. No es justo que un grupo tan pequeño de personas se encuentre desangrando a la provincia de Limón y causando dolor y sufrimiento a las familias", dijo cuando era viceministro de Seguridad en 2012.
En 2021, ya como defensor, Gamboa solicitó el cambio de medida cautelar, alegando que el centro penitenciario La Reforma no tenía condiciones médicas adecuadas para la recuperación de Press, quien había sido operado de las rodillas y los hombros.
Nicolás Maduro y otros
Gamboa también representó legalmente al dictador venezolano Nicolás Maduro en Costa Rica. En marzo de 2019, interpuso una denuncia penal en su nombre y en el de la República Bolivariana de Venezuela contra ciudadanos venezolanos nacionalizados costarricenses que participaron en la toma de la embajada de ese país en San José.
Aunque no enfrenta cargos en Costa Rica, el Departamento de Estado de EE. UU. mantiene a Maduro entre sus objetivos por liderar el denominado Cártel de los Soles.
En la denuncia, Gamboa calificó a Maduro como víctima de "ataques infundados" y fue designado su representante legal mediante una carta firmada por la Procuraduría General de Venezuela.
Más recientemente, Gamboa ha defendido a imputados en causas por corrupción, como el exdiputado Abelino Esquivel (investigado por tráfico de influencias y concusión), y a Federico Cruz Saravanja, alias Choreco, durante un desalojo en La Unión. Este último fue asesor y amigo del presidente Rodrigo Chaves Robles.
