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Celso Gamboa acudiría a Comisión Interamericana de Derechos Humanos para refutar extradición

Defensa alega que le impiden ejercer defensa efectiva y que no existe recurso interno eficaz para revisar legalidad de su detención en máxima seguridad

Por José Adelio Murillo | 14 de Ago. 2025 | 4:12 pm

El exministro, exmagistrado y extraditable Celso Gamboa Sánchez valora acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer su caso, al considerar que se le están violentando derechos en el proceso de extradición a Estados Unidos y durante su reclusión en máxima seguridad de La Reforma.

Natalia Gamboa, hermana y abogada del extraditable, confirmó a CR Hoy que han valorado con él sobre la posibilidad de acudir a ese organismo internacional, encargado de recibir y examinar denuncias individuales por supuestas violaciones de derechos humanos cometidas por países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El reclamo tendría dos ejes: el primero, las objeciones al trámite de la extradición y las negativas dictadas por el Tribunal Penal de San José a solicitudes presentadas por Gamboa, como su traslado de prisión a arresto domiciliario u otra medida sustitutiva.

Según explicó la defensora, han intentado impugnar esos rechazos, pero no existe una instancia superior a ese tribunal que les brinde respuesta.

La segunda línea del reclamo se refiere a que, debido a las condiciones de su encarcelamiento en el CAI Jorge Arturo Montero, no ha sido posible preparar adecuadamente la defensa, pues los abogados enfrentan dificultades para comunicarse con Gamboa.

Mediante recursos de amparo, habeas corpus y acciones de inconstitucionalidad, el equipo legal del extraditable ha acudido a la Sala Constitucional, pero los magistrados no han dado curso a sus gestiones.

Por ello alegan que, al no existir otra instancia costarricense a la cual acudir, recurrirían al tribunal internacional.

"Sí lo hemos planteado y lo estamos conversando, porque ya creemos que a nivel interno no hay ni un solo recurso. ¿Qué es lo que debe garantizar el Estado? No que nos den razón, sino que exista un recurso eficaz para que alguien confirme o no si lo que estamos denunciando está pasando. El problema es que ninguna de las autoridades ha querido realizar lo que les corresponde según las responsabilidades de la Convención", explicó la jurista ayer jueves.

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Días atrás, la abogada señaló que no ha sido posible ejercer una defensa efectiva y así se lo han comunicado al juez encargado. Sin embargo, el Tribunal Penal de San José sostiene que no es de su competencia.

Como no es una persona sentenciada, no pueden acudir a un juez de ejecución de la pena. El principal reclamo ha sido contra la Sala IV, a la cual le achacan que tampoco ha mostrado mayor interés en solventar las supuestas falencias existentes.

"La Convención le da la garantía a cualquier persona detenida sin importar si es por una extradición o no, al derecho a la revisión de un juez sobre la legalidad y aquí no se le está dando. Costa Rica tiene la obligación de adaptar su legislación e interpretarla conforme al criterio de convencionalidad, no se está haciendo y nos preocupa que este desconocimiento que existe de obligaciones convencionales o que sí exista y no lo estén aplicando", añadió Gamboa.

El 23 de junio anterior, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturó a Gamboa, luego de que el Tribunal Penal de San José autorizara la detención a solicitud de la Embajada de Estados Unidos, para someterlo a un proceso de extradición.

Unas 24 horas después, el juez a cargo realizó una audiencia en la que, según la ley, se le informó la razón por la cual la justicia estadounidense lo requiere.

En esa audiencia, el 24 de junio, se le ofreció al exmagistrado la posibilidad de aceptar su extradición voluntaria para viajar a ese país y esclarecer su situación, pero se negó.

Lo mismo ocurrió con Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, exconvicto por narcotráfico y supuesto socio de Gamboa, también requerido en extradición.

Ambos fueron detenidos a petición de la Administración de Control de Drogas (DEA), que solicitó arrestarlos para presentarlos ante el Tribunal del Distrito Este, en Dallas, Texas, donde son requeridos por delitos de conspiración para traficar droga y distribución internacional de cocaína.

A pesar de que ahora afirma estar dispuesto a afrontar el proceso y aclarar su situación, cuando tuvo la opción de someterse por decisión propia optó por no hacerlo.

Tal como reveló CR Hoy en primicia, apenas horas después de su captura, la DEA vinculó al exmagistrado como presunto líder regional del Cártel del Golfo de México, a cargo de operaciones de narcotráfico en Panamá, Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

Además, se le atribuyen nexos con el Cártel de Sinaloa, en México, y con el Clan del Golfo, en Colombia, con quienes habría coordinado envíos de droga hacia Estados Unidos.

López Vega tiene antecedentes por narcotráfico y legitimación de capitales, con condenas en 2004 y 2014. Fue detenido en mayo de 2025 con ₡3 millones en efectivo, cuyo origen no pudo justificar.

Álvarez Alfaro es señalado como uno de los presuntos cabecillas de una red de lavado de dinero mediante bienes raíces, subastas ganaderas, compraventa de vehículos y canchas deportivas. Su captura se dio en el marco de la operación Venus.

Gamboa, López y Álvarez permanecen en el módulo de máxima seguridad de La Reforma, donde cumplen dos meses de detención provisional mientras se resuelve la solicitud de extradición.

La DEA los acusa de facilitar el ingreso de cocaína a Costa Rica, supuestamente con apoyo gubernamental, para luego enviarla a otros países del continente.

Según declaraciones de exsocios e informantes de la DEA, Gamboa habría asumido el liderazgo regional de la estructura criminal tras la detención de sus socios extranjeros, con el apoyo de Pecho de Rata.

Durante años, Gamboa ocupó cargos clave en la lucha contra el crimen: fue ministro de Seguridad, magistrado de la Corte, director de la DIS, viceministro, fiscal adjunto y jefe regional del Ministerio Público.

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