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Celso Gamboa busca frenar su extradición con nuevo recurso legal: ¿De qué se trata?

Defensa intenta varios caminos para refutar remisión del exministro a EE. UU., donde es acusado de tráfico internacional de cocaína

Por José Adelio Murillo | 28 de Jun. 2025 | 11:40 am

Un nuevo recurso presentado por los abogados de Celso Gamboa Sánchez se suma a la lista de maniobras legales que intentan frenar —o al menos aplazar— su extradición a Estados Unidos, país que lo acusa de conspiración y distribución internacional de cocaína.

La defensa interpuso una recusación contra el juez de apellido Serrano, encargado de tramitar la solicitud presentada por la Embajada de EE. UU. en Costa Rica y la Administración de Control de Drogas​, conocida por su sigla como DEA.

Esta petición busca obtener el visto bueno judicial para trasladar al exministro a territorio estadounidense, específicamente a un tribunal penal en Dallas, Texas, donde enfrentaría la justicia.

Mediante esa recusación, los abogados pretenden que el juzgador se aparte del conocimiento y trámite del expediente, según informó a CR Hoy una fuente cercana al caso.

El Poder Judicial confirmó que la recusación se encuentra en trámite ante el Tribunal Penal de San José, conforme al procedimiento establecido en el artículo 59 del Código Procesal Penal.

Dicho artículo indica que, si el juez admite la recusación, deberá apartarse del proceso conforme al procedimiento previsto para la excusa. En caso contrario, debe remitir el escrito y su informe al tribunal competente o, si integra un órgano colegiado, solicitar a los demás jueces el rechazo de la recusación.

Si se estima necesario, se fijará fecha para una audiencia en la que se recibirán pruebas y se informará a las partes. El tribunal competente resolverá el incidente dentro de las siguientes 24 horas, sin que proceda recurso alguno contra esa decisión.

Intentos por doquier

Esta no es la primera acción emprendida por la defensa de Gamboa —ni de los otros extraditables— para intentar detener o aplazar su envío a Estados Unidos.

La Sala Constitucional recibió este viernes la primera acción de inconstitucionalidad contra la reforma que autorizó la extradición de costarricenses hacia otras jurisdicciones, como la estadounidense.

La presentación del recurso ocurrió apenas cuatro días después de la captura de los tres primeros extraditables vinculados a un caso de narcotráfico internacional: el exministro Celso Gamboa Sánchez, el exconvicto narco Edwin López (alias Pecho de Rata) y Jonathan Álvarez Alfaro, señalado como sospechoso de legitimación de capitales.

En el expediente 25-018436-0007-CO se impugna la constitucionalidad de la Ley de Extradición (n.º 4795) y del Tratado de Extradición con Estados Unidos (Ley 7146), así como la reforma recién aprobada por el Congreso que avala la extradición de costarricenses.

Los recurrentes alegan que ambas normas, tal como están redactadas, violan el artículo 34 de la Constitución Política, al permitir la extradición retroactiva de nacionales.

La demanda subraya que la reforma constitucional aprobada el 20 de mayo de 2025 —mediante la Ley 10730, que modificó el artículo 32— no puede aplicarse retroactivamente a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia.

Además de solicitar que se declare la inconstitucionalidad parcial de las normas, los recurrentes pidieron la suspensión inmediata de cualquier proceso de entrega a EE. UU. de Gamboa y los demás implicados, mediante la adopción de medidas cautelares.

En su lugar, proponen medidas alternativas menos gravosas fuera de prisión, como la presentación periódica ante un juez, la prohibición de salida del país o el pago de una fianza. Este recurso no fue presentado por el equipo legal que representa a Gamboa en el proceso de extradición.

Cuatro frentes abiertos

Este intento ante la Sala Constitucional es una de al menos cuatro estrategias legales emprendidas en torno al exjerarca para tratar de lograr su salida de prisión.

Apenas dos días después de su detención y traslado a una celda, el exministro de Seguridad Pública presentó otra gestión ante el juez que conoce el proceso de extradición, con el fin de quedar en libertad.

Los abogados presentaron una solicitud formal para que se revoque la medida de detención provisional mientras se tramita la extradición. La documentación confirma la gestión realizada por la defensa, y el juez debe resolverla en un plazo de cinco días hábiles.

En esa solicitud, califican la detención como “arbitraria”, al considerar que se basa en la supuesta aplicación retroactiva de una reforma constitucional que —alegan— no debería regir en este caso.

A todo esto se suma un cuarto flanco: el alegato de que Gamboa sufre al menos diez padecimientos médicos, con el fin de solicitar su traslado desde el módulo de máxima seguridad en La Reforma hacia la cárcel de Cartago, conocida como Cocorí.

Gamboa afirma tener diez afecciones de salud para pedir su salida del módulo de máxima seguridad, a pesar de que en semanas y meses recientes publicaba constantemente fotografías en redes sociales y servicios de mensajería presumiendo su condición física y los resultados de sus rutinas en el gimnasio.

El 15 de octubre de 2024, en respuesta a una publicación de CRHoy que lo mencionaba, escribió en la red social X (antes Twitter):

"Me parece que la foto no me hace justicia, ya que me he estado matando en el gimnasio", en alusión a su rendimiento físico.

Entre los padecimientos que ahora alega figuran: cáncer de colon, enfermedad celíaca, cáncer de piel, trastorno de personalidad, ansiedad, úlceras duodenales, gastritis, insomnio, trastorno depresivo y el síndrome de Guillain-Barré.

Además, argumentó una supuesta amenaza contra su seguridad personal. No obstante, su traslado fue rechazado.

La petición de libertad ocurre mientras Gamboa enfrenta una investigación internacional que lo señala como supuesto líder de una red de narcotráfico con ramificaciones en Colombia, Panamá, Honduras, México y Estados Unidos. La DEA lo ubica como un presunto coordinador del Cartel del Golfo, de origen mexicano.

También se le vincula con el Clan del Golfo colombiano y el Cartel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses lo acusan de facilitar el ingreso de cargamentos de cocaína a través de territorio costarricense, mediante una estructura criminal transnacional.

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