Celso Gamboa: de exmagistrado y exministro de Seguridad a ser extraditado por narcotráfico

Fiscalía, magistratura, causas penales, servicio de inteligencia, vínculos políticos, delitos, tráficos de influencias, corrupción, fútbol, lavado de dinero y narcotráfico podrían resumir la vida pública de Celso Gamboa.

Pero para escribir un nuevo capítulo en el relato de vida de este sujeto hay que echar mano de una nueva palabra del diccionario: extradición.

Quien ocupó varios de los cargos más importantes que existen en Costa Rica para combatir al crimen y la inseguridad, está a unos cuantos pasos de quedar en otro registro histórico como uno de los primeros costarricenses en ser expulsados del país para afrontar la justicia de los Estados Unidos por aparente tráfico internacional de drogas.

En cuestión de una década, Gamboa dejó atrás la cúpula de la Corte y su silla en el gabinete de Gobierno, así como rozarse con las mayores figuras políticas y contar con una trayectoria de años en la función pública, para mantener evidentes nexos con algunos de los narcotraficantes de mayor perfil en suelo tico. Territorio que estaría cerca de verse obligado a abandonar.

La noche de este lunes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la captura del abogado, requerido por las autoridades estadounidenses para que afronte en Dallas, Texas, un proceso judicial por supuesto narcotráfico internacional.

Tras la petición de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), la agencia antinarcóticos de EE. UU., la Sección de Estupefacientes del OIJ ejecutó de inmediato a realizar diligencias para conseguir la detención en San José.

Ahora, el Poder Judicial recibirá desde suelo norteamericano la documentación para el proceso de extradición.

Previo a remitirlo a un órgano jurisdiccional texano, el expediente debe ser revisado por un Tribunal Penal costarricense que determinará que se cuenta con todos los requisitos para proceder con la extradición y coordinará el plazo determinado con la DEA para que vengan a recogerlo.

Ascenso fugaz

Antes de llegar a este punto, Celso Gamboa ha pasado por una gran gama de escándalos que han resonado a nivel nacional. También antes de eso, llegó a ser una figura de renombre.

Sus primeros pasos en la función pública se remontan a la década de los 90. En aquel tiempo se desempeñó como asistente del fiscal general, para luego pasar a ser fiscal en localidades como Siquirres, Limón y la Zona Sur. Además, fue fiscal adjunto (jefe) de Cartago, Alajuela, San José y Limón.

Sus nexos con el Caribe se mantuvieron desde entonces, de una u otra forma. Allí saltó a la luz mediática como fiscal. En 2004 intentó ser juez penal y aunque obtuvo una buena calificación, no completó todas las evaluaciones.

Salió por primera vez del Poder Judicial hacia un puesto de corte más político el 3 de mayo del 2011, cuando la administración de Laura Chinchilla Miranda tocó a su puerta.

En aquel Mario Zamora Cordero era el ministro de Seguridad Pública (MSP) durante aquel gobierno de Liberación Nacional (PLN). Zamora, cuasi tutor y guía de Gamboa en aquel periodo, está hoy en ese mismo puesto, pero ahora a las órdenes del mandatario Rodrigo Chaves Robles.

Celso Gamboa fue designado por Zamora y Chinchilla en aquel año como viceministro de esa institución y le encomendaron como tarea prioritaria utilizar su experiencia en Limón para luchar contra la criminalidad y el narcotráfico.

Dos años después, el 16 de mayo del 2013, Gamboa se reacomodó en la misma administración verdiblanca y fue nombrado como cabeza de Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), el servicio de inteligencia adscrito a Casa Presidencial con línea de mando directa hacia quien ocupe la Presidencia de la República. En ese cargo estuvo casi un año.

Hacia el 8 de mayo de 2014, este sujeto ascendió aún más en los escalafones políticos y fue designado por el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera como el nuevo ministro de Seguridad. No completó un año allí y pese a ser sostenido por dos partidos, renunció el 3 de febrero de 2015.

Al salir del gabinete del gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), regresó a su casa: la Fiscalía. Asumió como subjefe nacional del Ministerio Público gracias al apoyo del exfiscal general Jorge Chavarría Guzmán, quien veía a Gamboa "como un hijo" para él.

Gamboa, quien subió peldaños en la vida política, ahora tenía como determinación llegar lo más arriba posible dentro del Poder Judicial, hasta que el 10 de febrero del 2016, consiguió el voto de 43 diputados en la Asamblea Legislativa para convertirse en magistrado propietario de la Sala Tercera de Casación Penal.

Así aseguró una silla en la Corte Suprema de Justicia, el máximo órgano judicial en el país. Llegó allí sin ser juez antes: algo sin precedentes.

La estrella se extinguió

El 2017 fue un parte aguas para la vida de este sospechoso. Mucho antes de estar señalado por narcotráfico, estuvo involucrado en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia costarricense: el Cementazo.

Este caso de supuestos tráfico de influencias, sobornos, irregularidades para cambiar normativas a fin de otorgar préstamos millonarios al importador de cemento Juan Carlos Bolaños, salpicó al entonces abogado y magistrado, quien se sumó a una amplia lista de directivos bancarios y políticos del momento como diputados.

Por ahora, el escándalo había causado remesones en Casa Presidencial, el Banco de Costa Rica (BCR), la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General. Con Celso, empezaba a sacudirse también la cúpula de la Corte.

El 11 de setiembre del 2017, CR Hoy dio a conocer un polémico viaje donde coincidieron en Panamá él y Bolaños, el empresario y principal sospechoso del caso Cementazo. Durante las fechas del viaje Bolaños inscribió varias sociedades de papel.

Gamboa intentó ocultar el viaje al salir con un pasaporte convencional y utilizando su pasaporte diplomático para ingresar al país. Sin embargo, las revelaciones fueron más allá y el 18 de octubre, este mismo periódico digital publicó que los tiquetes del viaje a Panamá de ambos hombres se compraron con la misma tarjeta de crédito.

Así constó en una serie de documentos que fueron enviados por la compañía Copa Airlines al órgano interno de la Corte que realizó la investigación contra Gamboa.

El recibo del pago de los dos tiquetes aéreos ascendió a $1.623,26 y confirma que ambos boletos se compraron en la misma fecha, a la misma hora y que se cancelaron con la misma tarjeta de crédito, cuya numeración termina en 9133. La gestión fue hecha a través de la agencia de viajes Expedia Travel.

Al día siguiente, la Corte Plena acordó por unanimidad suspender al exmagistrado durante tres meses, plazo que se extendió a seis meses mientras realizaban la investigación preliminar.

Aquellos altos jueces que le recibieron con los brazos abiertos, le obligaban a apartarse de sus funciones y su cargo soñado.

Durante este periodo Gamboa fue objeto de seis investigaciones administrativas porque supuestamente desestimó indebidamente una causa penal. También por presionar a subalternos para eliminar el nombre del alcalde liberacionista Johnny Araya de una causa penal.

A esto se sumaron otros procesos por el estado de aparente ebriedad en el que se le vio en un video grabado en el aeropuerto de la Ciudad de México, así como por la desestimación de una causa contra dos diputados.

El 27 de febrero y 10 de abril del 2018 también fueron clave. Los diputados del Congreso con 39 votos a favor (apenas uno encima del mínimo) levantaron la inmunidad del entonces magistrado a solicitud de la Corte Plena y posteriormente acogieron la solicitud de despido de Gamboa la noche del 10 de abril, causando un terremoto en el Poder Judicial.

Durante la deliberación en la Asamblea Legislativa, los diputados del PAC Marco Vinicio Redondo y Marcela Guerrero dieron a conocer que recibieron mensajes y llamadas de Gamboa solicitando que no se presentaran a la sesión de plenario para que la falta de cuórum le beneficiara.

Minutos antes de que lo destituyeran, Gamboa trató de aferrarse diciendo que en caso de que no le quitaran su cargo, él estaría renunciando "por las buenas" para irse a México a trabajar como gerente de seguridad para la empresa Google, pero la trasnacional salió a desmentirlo poco tiempo después.

Luego, el 18 de abril del 2018 Gamboa conoció la otra cara de un allanamiento: Fiscalía y OIJ intervinieron la residencia del exfiscal y exministro, ante la apertura de una nueva causa penal por supuesto tráfico de influencias a raíz de ese mensaje de texto que recibió la diputada Guerrero y una llamada realizada con un teléfono satelital al diputado Redondo del PAC.

Las autoridades ingresaron a la casa de Gamboa las 6:00 a.m. buscando dispositivos electrónicos, documentos y otros artefactos que pudieran servir como pruebas. Previamente, el 19 de octubre de 2017, Emilia Navas, quien fuera fiscala general, allanó la oficina de Gamboa en la Corte.

Durante aquellos años, este abogado también fue sometido a cinco procesos disciplinarios en la Corte y seis denuncias penales por los supuestos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, cohecho y prevaricato.

Sus cercanía con los círculos de poder máximos en el país siempre fue notoria: fotos constantes con expresidentes, exdiputados, embajadores, entrenadores de fútbol, policías y muchas otras personas mediáticas le llevaron a la cúspide previo a los 40 años y ahora, a poco de llegar a los 50, está por entrar al que probablemente sea el pasaje más oscuro de su vida, con una eventual extradición a EE. UU.

Nexos con narcos, lavado y hasta Maduro

La faceta más recientemente vista a Celso Gamboa ha sido nada más y nada menos que de abogado defensor de sospechosos y criminales de alto perfil dedicados al trasiego y comercialización de drogas, la legitimación de capitales y delitos conexos.

Por ejemplo, fue quien consiguió que Darwin González Hernández conocido como Pancho Villa, uno de los mayores capos de la Zona Sur del país, recuperara todo su dinero y sus bienes, pese a afrontar un juicio y ser condenado por narcotráfico.

Este convicto recibe un monto de al menos ₡54 millones mensuales y continuará recibiendo esa elevada cifra económica mientras esté recluido en una celda de máxima seguridad, gracias a las maniobras de Gamboa y su equipo.

También ha estado a cargo de la representación judicial de Alejandro James Wilson, presunto líder del caso Turesky, otra organización criminal de importante tamaño dedicada a la exportación de cocaína oculta en contenedores, así como el blanqueo de sus ganancias.

A ellos también se suma Jeison Olivery Alfaro Bustamante, alias "Press", a quien defendió en la causa por narcotráfico por la cual recibió una condena de 9 años en 2022, sin embargo, en el camino, el imputado decidió prescindir de sus servicios.

Desde que fue sancionado en la Corte y recibió la notificación de salida, Gamboa abrió su bufete de asistencia legal con sede en Limón, operando como defensor en diversos casos como los tres mencionados, los cuales han sido muy mediáticos por la opulencia de los hombres que fueron detenidos.

Adicionalmente, tiene oficinas en San Carlos y el Valle Central: no en todos los casos él se involucró directamente sino que también un amplio equipo legal asumió casos como defensores.

En 2023 asumió la defensa legal de varios criminales de alto perfil capturados por los casos Caso Caribe Sur y el Caso Piazza.

El primero es el de un grupo desmantelado en Cahuita y Sixaola; el otro fue una organización de los hermanos colombianos Estupiñán Montaño que se dedicaba a legitimar capitales provenientes de droga mediante supermercados, una estación de servicio, talleres y otros negocios.

Gamboa no duró mucho con la representación de Mario Estupiñán Montaño, líder de la organización y hermano de alias Pecueca (Jair): poco tiempo después separaron caminos.

Uno de los cabecillas de ese grupo descontó prisión en Estados Unidos por tráfico internacional de drogas tras ser detenido en Panamá en el 2013 y una vez que pagó la pena se instaló en Costa Rica. También estuvieron vinculados con homicidios.

El exministro se apersonó para asumir la representación de dos de los hermanos López Tyndall, quienes son hijos de un exconvicto narco llamado Edwin López Vega,  al que conocen como "Pecho de Rata".

Este sujeto justamente fue detenido poco antes que Celso Gamboa y está a poco de convertirse en el primer extraditado a EE. UU.

Más recientemente ha ejercido la defensa de imputados señalados de corrupción. El exmagistrado y exministro acompañó al exdiputado Abelino Esquivel en al menos dos procesos judiciales que afrontó el excongresista por aparentes tráficos de influencia y concusión.

Entre los clientes que en su momento fueron representados por el exfiscal también está el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

Gamboa formuló una demanda penal, en representación de Maduro y la República Bolivariana de Venezuela, contra un grupo de ciudadanos nacidos en ese país pero nacionalizados costarricenses, que participaron en la toma de la embajada de esa nación en Costa Rica el 6 de marzo del 2019.

Pese a que en nuestro país Maduro no cuenta con expedientes o investigaciones oficialmente abiertas, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo tiene entre sus objetivos de captura al señalarlo de liderar el Cartel de los Soles.

Para octubre del 2023, el Ministerio Público tenía al menos 17 causas abiertas contra Gamboa Sánchez. La mayoría de los procesos son seguidos por tráfico de influencias, sin embargo, existen otras por cohecho propio, perjurio, uso de documento falso y hasta conducción temeraria bajo los efectos del alcohol. La mayoría fueron desestimadas.

Precisamente, uno de sus clientes fue el futbolista López Tyndall, quien formó parte del equipo Limón Black Star, con el cual el abogado limonense ha estado vinculado al punto de llegar a presidir al equipo. También dirigió a Limón F.C.

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