Celso Gamboa defendió sus gestiones para quitar nombre de Johnny Araya de causa penal
Durante juicio por supuesto tráfico de influencias ocurrido hace casi una década
El exministro, exmagistrado y extraditable Celso Gamboa Sánchez defendió las actuaciones que llevaron a retirar el nombre del exalcalde josefino Johnny Araya Monge de una causa penal en la que aparecía como imputado.
Durante el juicio que se desarrolla contra ambos y contra la exfiscala subrogante Berenice Smith Bonilla, Gamboa solicitó al Tribunal Penal de Hacienda un espacio para declarar en su favor y ofrecer su versión de los hechos.
En su intervención de este miércoles, afirmó que no existieron irregularidades y que no se cometieron delitos. Los hechos se remontan a 2016, cuando una periodista de La Nación solicitó al Ministerio Público la lista de aspirantes a alcaldías en aquella campaña electoral que tuvieran causas penales abiertas.
Inicialmente, se indicó que Araya figuraba en un expediente por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, tras una serie de gestiones, se emitió un documento en el que se señalaba que él no aparecía como imputado.
"La orden que se le da a Natalia Rojas en cuanto a dar una respuesta al usuario es absolutamente legítima y según su propia declaración, desde el año 2012 la Fiscalía sabía que Johnny Araya no era sujeto de investigación, por lo tanto es absolutamente falso el hecho de que por emitir una constancia en que se aclare la situación real del expediente por razones atribuilbles a nosotros como Ministerio Público, se mantuviera en error a un sistema informático.
Antes de que Johnny Araya hiciera la gestión, ya Rojas Méndez nos había dicho que él no reunía las condiciones para ser imputado, sino que solo fue denunciado. (…) Esta rectificación no se da con el aval mío ni de Berenice. Esta situación no generó ningún favorecimiento a Johnny Araya", señaló.
Gamboa también arremetió contra la fiscala que llevaba ese caso, Natalia Rojas, y afirmó que fue el entonces fiscal general Jorge Chavarría quien ordenó a fiscales adjuntos rendir informes sobre expedientes en rezago.
Por esa razón, en 2015, Natalia Rojas dio cuentas del expediente por presunto enriquecimiento ilícito que databa de 2012. Además, defendió haber reprendido a la jefa de prensa del Ministerio Público por compartir información con medios sobre la imputación de Araya en ese caso.
Gamboa afirmó que la oficina de prensa estaba bajo su cargo, y que la jefa de prensa le indicó, sin autorización, que Johnny Araya era imputado.
Según él, esta funcionaria atendió la gestión de prensa de forma inconsulta, por lo que le ordenó abstenerse de brindar información relacionada, para evitar que se generaran juicios mediáticos.
Afirmó que por esa razón Araya presentó una queja y solicitó que se rectificara. Él contactó a Berenice Smith, quien, al igual que él, atendía quejas de usuarios, y gestionaron la respuesta con prontitud.
De acuerdo con la acusación, Araya remitió una carta a la entonces fiscala adjunta —jefa de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA)— en la que solicitaba corregir un error que lo colocaba como imputado en una causa penal abierta en 2012.
La respuesta llegó en menos de 24 horas. La fiscala Natalia Rojas Méndez, de la Fiscalía Anticorrupción, contestó el oficio y dejó claro que actuaba siguiendo instrucciones superiores:
"Se presentó una denuncia contra su persona (Johnny Araya) y otras que dio origen a la causa penal número 12-000096-621-PE, que se tramita de este Despacho, razón por la cual se incluyó su nombre en el expediente informático, que no diferencia a los imputados de los denunciados. Usted no figura como imputado dentro de la sumaria respectiva, sino como denunciado. Por lo cual se procederá a actualizar el sistema informático de la Fiscalía", señala el documento que está como prueba en el expediente y que CR Hoy obtuvo.
Según la acusación que ahora enfrenta Araya, hubo contactos con el entonces subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa Sánchez, para agilizar el trámite y lograr el cambio en su estatus judicial.
La Fiscalía sostiene que los tres imputados —Gamboa, Araya y la fiscala subrogante Berenice Smith Bonilla— ejecutaron una serie de acciones concertadas entre noviembre de 2015 y enero de 2016 para manipular la causa penal por presunto enriquecimiento ilícito y eliminar la condición de imputado de Araya, en pleno proceso electoral.
De acuerdo con la acusación, Gamboa y Smith utilizaron su jerarquía para influir sobre la fiscala instructora del caso, Natalia Rojas Méndez, y conseguir que emitiera un oficio que —en apariencia— afirmaba falsamente que Araya no era imputado.
El documento clave fue entregado a Araya el 6 de enero de 2016. Al día siguiente, su nombre fue eliminado del sistema informático de la Fiscalía.
Dos días después, el 8 de enero, el entonces candidato a la reelección como alcalde por el partido Alianza por San José envió el oficio por WhatsApp a la periodista quien preparaba un reportaje sobre aspirantes con causas penales pendientes.
Gracias a esa maniobra, el nombre de Araya no apareció en el listado publicado el 2 de febrero de 2016. Según la Fiscalía, los imputados habrían generado una "ventaja indebida" que permitió al exalcalde ocultar su condición procesal ante el electorado.
Por su parte, Johnny Araya negó tener una relación con Celso Gamboa más allá de lo "institucional". Aseguró que, al consultar sobre la causa penal, lo hizo con el fin de proteger su imagen y evitar que se publicara información sobre un proceso judicial inexistente, ya que en 2012 él aspiraba a la candidatura presidencial por el PLN.
Según su testimonio, en esa época comenzaron a surgir "en cascada" denuncias en su contra ante el Ministerio Público. Señaló que llegó a enfrentar hasta 16 causas penales justo cuando empezaba a posicionarse como precandidato de Liberación Nacional, lo que —afirmó— obedecía a un propósito de desprestigiarlo políticamente.
Alegó que su solicitud fue "válida y legítima", que no existe ninguna prueba de que hubiera tenido contacto previo con funcionarios del Ministerio Público antes de enviarla, y por ello pidió ser absuelto "por certeza".
"Con Celso Gamboa yo había tenido alguna relación de tipo institucional cuando él ocupó el cargo de viceministro y luego ministro de Seguridad Pública. Yo era alcalde y recuerdo haber conversado con él sobre un tema particular: proyectos de ley que se tramitaban en la Asamblea Legislativa para crear un marco jurídico para las policías municipales", declaró Araya.
También afirmó que desconocía el tratamiento interno que el Ministerio Público dio a su carta, y que no supo si hubo conflictos de interés en la atención de su caso. "No ejercí absolutamente ninguna presión —y no hay prueba de ello— para lograr una respuesta. La contestación que recibí el 6 de enero de 2016 es, objetivamente, congruente con todo lo que presenté y con lo que decía el expediente", concluyó.
