Celso Gamboa y su defensa trataron sin éxito de apartar a jueces que ven su caso

Los intentos de los abogados del extraditable Celso Gamboa para apartar a dos jueces a cargo del juicio en su contra han frenado el inicio formal del debate por el supuesto delito de tráfico de influencias.

Mediante recursos de recusación —cuyo fin es separar a un juzgador de una causa por presunta parcialidad o falta de objetividad—, la defensa busca obligar al Tribunal Penal de Hacienda a sustituir la terna de jueces que tramitan la acusación penal en la que figuran también el exalcalde josefino Johnny Araya Monge y la exfiscal subrogante Berenice Smith Bonilla.

Estos imputados son señalados por supuestamente orquestar favores a Araya con el objetivo de borrar su nombre de una causa penal.

Se trata de una de las deudas con la justicia costarricense que Gamboa debe afrontar antes de que se resuelva la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, para que el exministro sea juzgado por presunto trasiego internacional de cocaína.

La defensa intenta separar del proceso a los jueces de apellidos Paniagua y García, alegando que formaban parte de una entidad académica y una asociación que, a mediados de 2018, emitieron pronunciamientos públicos sobre la rigurosidad en el nombramiento de jueces y la elección de magistrados, en el contexto del escándalo que ese año sacudió al Poder Judicial.

Dicho escándalo incluía señalamientos éticos y legales contra Celso Gamboa, que le costaron el cargo tras hallarse irregularidades y aprobarse su destitución.

Según la defensa, aunque esos pronunciamientos no mencionaban directamente a Gamboa ni estaban necesariamente firmados por los jueces Paniagua y García, sí aludían a hechos atribuidos al exmagistrado, cuando se hicieron públicas las irregularidades que lo implicaban.

Condiciones en cárcel

Adicionalmente, en la recusación se argumentó que los jueces no atendieron las advertencias planteadas por la defensa en torno a presuntos malos tratos a Gamboa en el sistema penitenciario y que su encarcelamiento —vinculado al proceso de extradición— les ha impedido prepararse adecuadamente para este juicio.

Entre los reclamos se menciona la supuesta falta de privacidad de Gamboa para reunirse con sus abogadas en el módulo de máxima seguridad, una situación que la defensa ya había expuesto en escritos anteriores.

Tal como reveló CR Hoy este lunes, las abogadas Natalia Gamboa (hermana del acusado) y Jazmín Rodríguez alegaron dificultades para comunicarse con su defendido. Documentación judicial en poder de este medio lo respalda y consigna lo siguiente:

Reclaman las licenciadas Rodríguez Hernández y Gamboa Sánchez, que debido a las condiciones de encarcelamiento de su defendido Celso, se encuentran imposibilitadas de preparar su defensa, señalan que la comunicación con el acusado se ha visto restringida por motivos de tiempo (una hora) y de espacio (la sala de atención esta separada por un doble vidrio sin ranura ni ventilación lo que las obliga a alzar su voz y no entender con claridad lo que les manifiesta su representado, quien se encuentra esposado y encadenado a la cintura lo que le impide acercarse al vidrio); agregan ambas defensoras, que funcionarios penitenciarios graban las conversaciones entre la defensa técnica y su defendido.

Estos alegatos fueron reiterados en el recurso de recusación. Sin embargo, un informe del centro penitenciario La Reforma indica que ningún otro privado de libertad ha presentado quejas similares y afirma que los locutorios.

"Están debidamente iluminados y adecuadamente ventilados, tienen espacio suficiente para que dos defensores puedan atender de forma simultánea a dos privados de libertad, existiendo una pared divisoria que impide la escucha de lo que hablan en el otro locutorio del lado, se cuenta con una silla en buenas condiciones y con sillas de espera, no se requiere de la presencia de personal policial dentro del recinto".

La Policía Penitenciaria también desmintió que se graben las conversaciones entre Celso Gamboa y sus defensoras. Según el protocolo institucional.

"Una vez que el privado de libertad ingresa al locutorio de atención legal, el personal policial desactiva las cámaras corporales. Además, se ubican en puntos extremos del locutorio, sin interferir, sin grabar audio y sin presenciar el contenido de la conversación legal", cita la resolución.

El propio Gamboa rompió el silencio y solicitó la palabra para respaldar esa versión. Alegó lo siguiente:

"No he tenido la posibilidad en ninguna ocasión de tener una conversación privada con mis defensores, en todo momento estoy siendo grabado en cámara y audio. Me tienen monitoreado por audio y por cámara. A través del vidrio que colocaron ahí, es imposible conversar, el grosor del vidrio lo impide y tengo que gritar.

Esto adicional a que tengo al oficial de la fuerza especial del delito penitenciario a la par grabando. Además, este mes he sido objeto de al menos 14 requisas, donde los oficiales entran, revisan todo, me esposan y leen mis documentos. Arrancaron las hojas de mi cuaderno y leen mi correspondencia.

Nunca he estado conforme con esta laxitud con la que el tribunal responde, preguntándole al lobo si no se va a comer las ovejas", señaló.

La defensa sostiene que la falta de respuesta a sus advertencias refleja parcialidad por parte del tribunal.

Finalmente, la decisión fue no aceptar la recusación y dar inicio al debate, al considerarse que los jueces hayan suscrito un escrito público sobre un tema de realidad nacional, no incide en la imparcialidad u objetividad, dado que no se aludió directamente a Gamboa.

Respecto al tema carcelario, se determinó que ya se le hizo la advertencia a la administración penitenciaria para que desista de cualquier irregularidad, en caso de que alguna haya ocurrido.

El juez que preside el Tribunal Penal de Hacienda, junto con dos juezas sustitutas, tuvo que suspender el inicio del debate mientras se resuelve la recusación. Esto impidió la lectura de la acusación formal, que da apertura oficial al juicio oral y público.

¿Sobre qué es el juicio?

Celso Gamboa figura como acusado junto con la exfiscal Berenice Smith y el exalcalde Johnny Araya, debido a que, supuestamente, los dos exfuncionarios del Ministerio Público favorecieron al político josefino realizando gestiones para eliminar su nombre de un expediente judicial hace casi una década.

En ese momento, Gamboa era subjefe del Ministerio Público, y Smith dirigía la Fiscalía de Probidad. El caso fue investigado internamente por el Poder Judicial, y se solicitó ante la Asamblea Legislativa la revocatoria del nombramiento de Gamboa como magistrado.

Los hechos ocurrieron a inicios de 2016, cuando la oficina de prensa del Ministerio Público recibió una solicitud de información sobre las causas penales de candidatos a alcalde, en el marco de las elecciones municipales.

La Fiscalía General respondió que Johnny Araya figuraba como imputado por el delito de influencia contra la Hacienda Pública, aunque posteriormente fue absuelto.

Según la acusación, Gamboa pidió a un asesor legal que se comunicara con Araya para que este solicitara a Smith una certificación que lo desvinculara de cualquier causa penal activa.

En ese momento, Smith laboraba en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta). Poco después se convirtió en mano derecha del entonces fiscal general, Jorge Chavarría, quien, según sus propias palabras, consideraba a Gamboa "como un hijo".

La Fiscalía acusa a Gamboa y Smith de orquestar un plan y presionar a subalternos para eliminar el nombre de Araya del Sistema de Gestión del Ministerio Público en la causa 12-000096-0621-PE.

Esa maniobra habría permitido excluir a Araya de reportes periodísticos, brindándole, según la Fiscalía, una ventaja indebida ante la opinión pública, justo en medio de la campaña electoral de 2016.

El Tribunal consideró que no quedó demostrado que Araya fuera formalmente imputado, y que la eliminación de su nombre del sistema fue una acción consensuada, no producto de presiones a la fiscal Natalia Rojas.

Específicamente, los hechos habrían ocurrido el 7 de enero de 2016. Araya figuraba como imputado por el delito, pero Gamboa, en su calidad de jerarca del Ministerio Público, habría ordenado a las 11 a. m. suprimir su nombre del expediente. Una hora después, llamó al exalcalde para informarle de lo actuado por medio de la Fiscalía de Probidad, dirigida por Smith.

Un informe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del OIJ confirmó contactos telefónicos entre Gamboa y Araya tanto antes como después de que se eliminara su nombre del expediente judicial.

Aunque en un primer juicio fueron absueltos, los jueces cuestionaron los constantes contactos entre Araya y Gamboa, siendo el primero un político investigado y el segundo, fiscal del Ministerio Público.

En 2021, los tres imputados fueron absueltos por el Tribunal Penal de Goicoechea. No obstante, la Fiscalía y la Procuraduría General apelaron y el Tribunal de Apelación les dio la razón.

En 2023, esa instancia anuló la sentencia absolutoria por duda y ordenó un nuevo juicio por presunto tráfico de influencias, programado para esta semana tras varios aplazamientos.