Celso se quejó de mal olor y del calor de celda que lo hace estar en ropa interior 

El exmagistrado y exministro Celso Gamboa Sánchez se quejó de las condiciones que enfrenta en la celda de máxima seguridad en la cárcel La Reforma, donde permanece bajo detención provisional mientras se resuelve la solicitud de extradición a Estados Unidos, donde deberá enfrentar cargos por conspiración y distribución internacional de cocaína.

Lo hizo por medio de sus abogadas defensoras, quienes presentaron argumentos para intentar frenar el juicio que arranca este martes contra el propio Gamboa, la exfiscal Berenice Smith y el exalcalde josefino Johnny Araya.

CR Hoy tuvo acceso al documento en el que se detallan "los disgustos" que el exmagistrado expresó a través de su defensa, solicitando la intervención del Tribunal.

Según ese escrito, Gamboa debe permanecer casi sin ropa durante su estadía en máxima seguridad debido al calor del recinto, que supuestamente carece de ventilación adecuada. Además, se queja de malos olores provocados por una cloaca cercana a su celda.

También refutó las condiciones de encierro, alegando que solo se le permite una hora diaria de sol, recibe pocas visitas y llamadas telefónicas, y que constantemente es trasladado de celda con las manos esposadas.

"Se quejan las defensoras que la celda individual que ocupa (Celso Gamboa) no cuenta con ventilación e iluminación adecuadas; que el calor es insoportable, obligándolo a permanecer en ropa interior; que en el patio frente a su celda, las aguas negras se desbordan y el hedor es permanente; está en aislamiento con solo una hora de sol diaria y diez minutos semanales para llamadas telefónicas y una visita familiar al mes; unido a que ha sido objeto de reiterados allanamientos por diversas autoridades penitenciarias y externas, quienes lo obligan a trasladarse de su celda a otra con esposas, debiendo movilizar sus pertenencias y tomar sus alimentos con este mecanismo", señala la documentación judicial.

Se quejaron, además, de la divulgación de la presunta mordedura de una rata al exmagistrado, hecho que —afirman— fue tergiversado por los medios de comunicación y causó una ola de insultos y humillaciones en redes sociales.

Las abogadas también denunciaron la difusión de una fotografía de Gamboa en el interior del centro penitenciario, la cual, según ellas, se divulgó de forma ilegal.

Asimismo, argumentaron que al imputado se le han decomisado documentos, lo que calificaron como un "trato cruel, inhumano y degradante" que —según sostienen— busca quebrantar su voluntad y forzarlo a aceptar una extradición voluntaria.

El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública aclaró que no es la autoridad competente para resolver la solicitud de extradición a EE. UU., sino únicamente para conocer el juicio penal que Gamboa tenía pendiente.

Por ello, recordó que los reclamos sobre las condiciones de reclusión, horarios de visita y otras situaciones similares deben ser presentados ante la Administración Penitenciaria o ante el Tribunal Penal de San José, el cual sí está a cargo de tramitar la extradición y fue la instancia que ordenó la restricción de libertad.

Aunque los jueces no dieron por acreditadas las situaciones denunciadas por el equipo legal de Gamboa, sí previnieron al director y al intendente policial de La Reforma que, en caso de que las infracciones señaladas por las abogadas Jazmín Rodríguez Hernández y Natalia Gamboa Sánchez hayan ocurrido o estén ocurriendo, deben adoptar medidas inmediatas y eficaces para cesar los presuntos hechos lesivos, a fin de evitar la vulneración de derechos fundamentales del imputado.

Constantes intentos y quejas

Esta es una más de las múltiples ocasiones en que Celso Gamboa se queja, impugna o intenta invalidar su encierro en el módulo de máxima seguridad.

El domingo 13 de julio, el extraditable fue valorado médicamente tras alegar haber sido mordido por una rata. De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz, la atención se coordinó de inmediato y fue brindada por el área médica del centro penitenciario La Reforma.

Sin embargo, las autoridades señalaron que la lesión observada no es compatible con una mordedura de roedor. Como medida preventiva, se le aplicó una vacuna contra el tétano.

Unos once días antes, la Sala Constitucional recibió un nuevo recurso de amparo interpuesto por la defensa de Gamboa, en el cual alegó violaciones a los derechos a la defensa, a la privacidad de las comunicaciones y a la dignidad humana.

Los abogados del exministro también pidieron su excarcelación mientras se resuelve el proceso de extradición, calificando su detención como "arbitraria" y alegando que no existía riesgo de fuga. Sin embargo, la solicitud fue rechazada.

Además, promovieron una recusación contra el juez que tramita la extradición, con el fin de apartarlo del caso.

A finales de junio, la Sala Constitucional recibió una acción de inconstitucionalidad contra la reforma que permite la extradición de costarricenses a otras jurisdicciones, como la estadounidense. Esta acción fue rechazada de plano.

A estos reclamos se sumó otro frente: el alegato de que Gamboa padece al menos diez enfermedades, con el fin de solicitar su traslado desde el módulo de máxima seguridad de La Reforma hacia el centro penitenciario de Cartago, conocido como Cocorí.

Pese a ello, en meses recientes el exmagistrado publicó en redes sociales y servicios de mensajería fotografías en las que presumía su condición física y los resultados de sus rutinas de gimnasio.

Extradición

Celso Gamboa enfrenta un proceso de extradición junto con sus presuntos socios, Edwin Danny López Vega, alias Pecho de Rata — exconvicto por narco y excliente del abogado— y el empresario Jonathan Álvarez Alfaro, perseguido por legitimación de capitales en Costa Rica.

Las autoridades estadounidenses señalan a Gamboa como coordinador del Cártel del Golfo —de origen mexicano—, y lo vinculan también con el Clan del Golfo de Colombia y el Cártel de Sinaloa.

Se le acusa de facilitar el ingreso de cargamentos de cocaína a Costa Rica, presuntamente con colaboración desde el propio Gobierno, para luego enviarlos a Centroamérica y Norteamérica.

Tal como reveló CR Hoy en primicia, en septiembre de 2023 Gamboa aseguró a dos supuestos socios —en realidad informantes de la DEA— que el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles le daba acceso para introducir cocaína al país.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., el exfuncionario costarricense fue acusado de delitos federales relacionados con el narcotráfico en el Distrito Este de Texas.

La acusación sostiene que Gamboa conspiró y colaboró con narcotraficantes internacionales para fabricar, distribuir y transportar grandes cantidades de cocaína, buena parte de la cual transitó por Costa Rica con destino final a Estados Unidos.

Tan solo 24 horas después de su detención, CR Hoy informó en primicia que la acusación fue presentada el 1.º de octubre de 2024 ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Texas, tras una investigación iniciada en 2020. Entre los cargos figuran:

1. Conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y la causa razonable para creer que la droga sería importada ilegalmente a Estados Unidos, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, secciones 959(a), 960 y 963.
2. Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y la causa razonable para creer que la droga sería importada ilegalmente a Estados Unidos, así como complicidad en ese delito, en violación del Título 21, sección 959, y del Título 18, sección 2, del mismo código.

El Departamento de Justicia recordó que Gamboa ocupó cargos como ministro de Seguridad Pública (2014) y magistrado (2016–2018), y que fue arrestado el 23 de junio de 2025 en Costa Rica, en cumplimiento de una orden de detención provisional emitida por EE. UU.

Ese mismo día, el OIJ detuvo a López Vega, acusado también por narcotráfico internacional ante el mismo tribunal estadounidense. Todos los implicados permanecen en prisión, en espera de que se resuelva su proceso de extradición.

Las autoridades estadounidenses recordaron que una acusación federal no implica culpabilidad, sino que es el acto formal de inicio de un juicio penal.