Chaves insistió en contratar a Tradeco pese a que uno de sus exdirectivos fue investigado por la DEA

La compañía constructora Grupo Tradeco, a la que presuntamente Rodrigo Chaves Robles intentó adjudicar el contrato de ampliación de la carretera Limonal-Barranca, enfrenta múltiples cuestionamientos en México y Honduras por presuntos vínculos con narcotráfico y corrupción.
El mandatario presionó al consorcio H. Solís-La Estrella para que, una vez emitida la cesión del contrato, recomendara trasladar la adjudicación a la empresa mexicana, pese a que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) le habría advertido sobre los supuestos nexos de uno de los socios con negocios ilícitos.
El Ministerio Público investiga a Chaves y a Mauricio Batalla Otárola, exministro de Obras Públicas, por el presunto delito de peculado debido a posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de las obras en la ruta a Guanacaste.
Luis Amador, exjerarca del MOPT, declaró el 11 de junio de este año como testigo en este caso, sobre la aparente omisión del presidente al minimizar las advertencias policiales sobre personas involucradas en Tradeco.
"Había advertencias hasta de la DIS sobre temas de narcotráfico relacionados con uno de los socios de Tradeco, así como corrupción de la empresa. El presidente sí me ordenó que le tenía que ceder el contrato a Tradeco, esto fue al inicio, pero yo le explico que quien decide es el banco. Si la empresa hubiese contado con la valoración o aprobación positiva del BID y presentado la garantía de cumplimiento, lo que hubiese correspondido era que se realizara la cesión por parte de la Unidad Ejecutora, sin embargo, esto no sucedió. Por lo que se procedió con la resolución del contrato con el consorcio", dice la declaración.
La Administración de Control de Drogas (DEA) mantuvo bajo la lupa a uno de los directivos de Tradeco, Carlos González Macías, quien presuntamente tuvo vínculos con el excongresista Juan Antonio "Tony" Hernández Alvarado, hermano del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández; ambos fueron condenados por narcotráfico en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de ese país solicitó en febrero de 2019 asistencia al Ministerio Público de Honduras para obtener información sobre empresas relacionadas con "Tony" Hernández y logró identificar a 30 personas de interés.
Entre ellas figuraba González, entonces vicepresidente de Tradeco, quien ya enfrentaba cuestionamientos por supuesta corrupción en México debido a contratos estatales en los que habría recibido millonarios beneficios del erario público.
Según una solicitud del Departamento de Justicia, González Macías "había estado en contacto previamente con un individuo que se cree está involucrado en actividades de distribución de cocaína en Houston, Texas, y Atlanta, Georgia".
Reuniones en EE. UU.

El diario Criterio de Honduras reveló que el 23 de noviembre de 2018, un agente de la DEA tomó la declaración de Tony tras su arresto en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Ese día, el hondureño afirmó que viajó a Estados Unidos para reunirse con González Macías y hablar sobre futuras inversiones en Honduras.
El mismo medio informó que, según registros bancarios en Estados Unidos, González Macías también figuraba en otras empresas del Grupo Tradeco, como Tradeco Infraestructura S.A. de C.V., Tradeco Ingeniería S.A. de C.V., Tradeco Infrastructure Inc., Itecsa LLC, Advantix Payroll LLC, Cometa USA Inc. y Ledergy LLC.
"El documento también señala que uno de los teléfonos incautados a Tony contenía documentos relacionados con negocios con la empresa mexicana Grupo Tradeco y otra hondureña, Profesionales de la Construcción SA de CV (Prodecon).
Aunque Tradeco no figuraba como contratista estatal hasta septiembre de 2024, la actual administración, a través de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, había designado a Contratista Panamericana SA de CV como contratista estatal el 31 de julio", informaron.
González Macías y Hernández Alvarado fueron procesados por tráfico de drogas, incumplimientos contractuales y proyectos inconclusos en El Salvador y Honduras, además de irregularidades en Guatemala.
Directivo de Tradeco mencionado en expediente

El actual vicepresidente Yves Loustalot Laclette aparece mencionado en el expediente 23-000008-1878-PE por una presunta relación con Chaves en el proceso en el que el mandatario habría presionado para que los mexicanos obtuvieran los trabajos de ampliación.
Además, Amador relató a la Fiscalía que este empresario visitó en varias ocasiones el despacho de Chaves, para reunirse con él.
Barranca-Limonal forma parte del proyecto de ampliación de la carretera Interamericana Norte, que incluye dos tramos con un valor total de $182.572.060, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las obras, originalmente a cargo del consorcio H. Solís-La Estrella, se detuvieron por el escándalo de presunta corrupción del caso Cochinilla, lo que provocó un fuerte retraso. Ante esa situación, el contrato fue rescindido y, en ese contexto, Chaves intentó incorporar a Tradeco para continuar con el proyecto.
Tras el finiquito, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) pagó a Ingeniería Estrella S.A., parte del consorcio, $14,1 millones. Las empresas habían solicitado una indemnización cercana a $23 millones, pero luego de la intervención de la Comisión de Resolución de Controversias (CRC) y la aprobación del BID, se acordó reconocer el 61,5% de esa suma, equivalente a $14.168.328, por obras ejecutadas, optimización de diseños y otros costos derivados del proyecto.
Se envió un correo a la empresa mexicana Tradeco para concretar una entrevista con sus representantes en Costa Rica o directivos en México y consultarles sobre estos cuestionamientos y la mención de Loustalot en un expediente judicial, pero al cierre de esta nota no habían emitido respuesta.