Christian Bulgarelli: “Rodrigo Chaves me usó para beneficiar a Federico Cruz”

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, envió a la comisión legislativa que analiza el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, un informe con la declaración del "testigo de la corona" el caso BCIE Cariñitos, Christian Bulgarelli.

En dicha declaración de la cual tiene copia CR Hoy se indica lo siguiente:

"Rodrigo Chaves me usó en este proceso de contratación para beneficiar a Federico Cruz, porque el trabajo que se debía realizar lo hice y por eso se me pagó, pero lo que ellos querían era que, del dinero del contrato del BCIE, Choreco resultara beneficiado. Como a la sexta o sétima reunión se decidieron los pasos a seguir en la estrategia de comunicación, es decir, lo que se iba hacer y cómo se iba hacer, para el informe de labores de los primeros 100 días. Yo colaboré con el diseño y Patricia me invitaba a reuniones sobre el tema, en algunas ocasiones Patricia llamó a Pilar Cisneros para preguntarle qué pensaba sobre los temas que se exponían, pero a Patricia le molestaba el tema que Pilar diera el visto bueno final. Cabe indicar, que Federico Cruz (Choreco) siempre estaba en casa presidencial, no sé si tenía oficina. Luego a Patricia la despidieron después de que mi proceso de contratación estaba avanzado y ya tenían una estrategia. Cabe indicar que el presidente llamaba despectivamente a Patricia Navarro como: "ojos de uva". A mí me preguntaron cuánto costaba lo que yo hacía, yo le dije a Patricia que se podía tener un presupuesto de $50 mil por mes para hacer todo.

Así empezó la conversación de dinero. Jorge Rodríguez Vives me dijo que lo que había disponible eran $300 mil dólares, esto fue el monto del contrato. Después se hizo una adenda de $105 mil más, por lo que el contrato ascendió a la suma de $ 405,007.74. Era Jorge Rodríguez el que tenía toda la información y quien distribuía la plata del BCIE, él era el operador desde casa presidencial con Erwen Masís en el BCIE".

La Fiscalía General presentó la acusación correspondiente al expediente 25-000019-0033-PE, en el cual se investigó la contratación, aparentemente a la medida, de la empresa RMC La Productora S. A., con el fin de que brindara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencias de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, durante el período 2022-2026.

En la documentación se señala al presidente de la República, Chaves Robles, y exjefe de su despacho Rodríguez Vives, como responsables de la comisión del delito de concusión, previsto en el artículo 355 del Código Procesal Penal.

Este delito sanciona con penas de 2 a 8 años "al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial".

Según la acusación, el contrato con el BCIE, con el que financiaron gastos de imagen en Casa Presidencial, benefició a la empresa del productor Bulgarelli, quien realizó una consultoría de comunicación entre octubre de 2022 y agosto de 2023, por un monto de $400 mil.

Chaves a comisión

El pasado 8 de agosto, la comisión legislativa recibió en audiencia al fiscal general Carlo Díaz, quien señaló que sí existen elementos probatorios suficientes, a su criterio, como audios, testimonios y documentos, para sustentar la denuncia contra el mandatario.

"Nuestra investigación es completamente objetiva. Consideramos que existe sustento probatorio suficiente, producto de un análisis conjunto y de la universalidad de la prueba que se está ofreciendo, lo cual permite acreditar que se cometió el delito de concusión por parte de los acusados", argumentó Díaz ante los diputados.

Este foro legislativo tendrá mañana en audiencia a Chaves y al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

La Comisión Especial tiene un plazo de 20 días —con posibilidad de una única prórroga— para emitir un informe que recomiende o no al Plenario levantar la inmunidad del presidente.

Para retirar el fuero al mandatario se requiere una mayoría calificada de 38 votos en la Asamblea Legislativa.